Con esta resolución se mantiene sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el partido político Podemos.
En su resolución, la CC recordó que el 21 de enero de 2023 el referido partido político presentó al Departamento de Organizaciones Políticas del Registro General de Ciudadanos solicitud de inscripción de candidatura para presidente y vicepresidente de la República, conformada por Roberto Arzú y David Esteban Pineda Barrios.
Finalizado el trámite correspondiente, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió resolución en la que atendió la solicitud instada y, consecuentemente, declaró procedente la inscripción de los candidatos referidos.
Sin embargo, la agrupación política Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación interpuso nulidad, argumentando que la Dirección citada pasó por alto las prohibiciones que establece el artículo 94 bis y 196 literal A de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, referente a la propaganda ilegal de personas individuales.
Además adujo que Roberto Arzú tiene impedimento o prohibición para optar al cargo por el cual se pretende postular, ya que ha pautado y pagado de forma personal propaganda en redes sociales con el propósito de conseguir adeptos y poder llevar el mensaje.
El 6 de febrero recién pasado, el pleno de magistrados del TSE revocó la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda, como binomio de Podemos, tras declarar con lugar un recurso de nulidad presentado por FCN-Nación que alegó que Arzú ha incurrido en campaña anticipada.
El 28 de marzo, fue rechazado un memorial que buscaba que el TSE volviera a conocer el caso y revirtiera la resolución.
Roberto Arzú ha efectuado varias acciones para participar en el proceso de elecciones. El 26 del mismo mes, Arzú acudió al TSE para pedir una resolución definitiva tras el revés de su inscripción como parte del binomio de Podemos.
En esa ocasión, el político informó que el Registro de Ciudadanos le notificó al partido Podemos, que lo proclamó como candidato a la presidencia, que ya tenía saldada la multa por US$50 mil que le fue impuesta por diversos hallazgos que el Tribunal detectó en el manejo de las finanzas de la agrupación política.
