El amparo del TSE tiene como objetivo detener las acciones ordenadas por el juez séptimo Fredy Orellana, pues consideran que estas son antidemocráticas porque que se viola la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El coordinador general de asuntos jurídicos del TSE, Abraham Álvarez, calificó de ilegal la apertura de cajas electorales pues lo hicieron “sabiendo que es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos” y el tribunal electoral.
Las cajas incautadas contenían los votos emitidos, nulos, en blanco, papeletas sin uso y otros objetos utilizados por cada mesa electoral.
De esa cuenta, este miércoles, los magistrados de la CC le dieron trámite al amparo del TSE, pero lo remitieron a una sala de Apelaciones para que continúe con el trámite.
De acuerdo con la CC, este miércoles el pleno de magistrados conoció el expediente 5558-2023 “relacionado a la solicitud de amparo presentada por el Tribunal Supremo Electoral en contra del Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, el cual fue admitido para su trámite y por razón de competencia fue remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala”.
María Lucrecia Morales Molina, mandataria judicial del TSE, dijo respecto a la resolución de la CC que “estamos anuentes, porque aquí las autoridades son las que tienen que resolver y nos vamos a someter a las resoluciones que ellos emitan”; además, dijo que esperan con que el traslado del expediente sea a un juez o un tribunal de carácter constitucional quien “resuelva lo que nosotros estamos pidiendo”.
Además, la CC le dio trámite al amparo presentado por la oenegé Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, pero también lo remitió a otra instancia.
El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”, dijo el vocero de Acción Ciudadana, Néstor Páez. “Este golpe electoral se debe detener”, afirmó.
Se trata del expediente 5561-2023 relacionado a la solicitud de amparo “promovida por Edie Josué Cux García, en contra de la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Púbico y del Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, mismo que fue admitido para su trámite y por razón de competencia, fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo”.
Otra acción legal
Este miércoles 12 de septiembre, el TSE interpuso otra acción legal en busca de establecer si el juez Orellana tiene la facultad se ordenas la cancelación de un partido político como lo ha hecho con el Movimiento Semilla.
Morales explicó que “lo que estamos presentando el día de hoy en nombre del Tribunal Supremo Electoral es una cuestión de competencia, porque buscamos que la Corte de Constitucionalidad delimite si un juez penal tiene facultades para poder solicitar la suspensión o cancelación de un partido político o una organización política que fue constituida bajo el amparo de la Ley Electoral de Partidos Político, que es una ley de carácter constitucional”.
Añadió que con base en una sentencia en la que la CC se pronunció el 3 de noviembre de 2020 en la que “se puede establecer que la Corte de Constitucionalidad tiene facultades que le compete establecer la competencia de organismos estatales y órganos autónomos”.
La presidenta del TSE, Irma Palencia, denunció el pasado martes la apertura de las cajas como “inédita y preocupante”.
Pese a la incertidumbre provocada, aclaró que los resultados electorales ya fueron oficializados, “y eso no puede cambiarse”.
El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores nacionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.
“Fue un ataque al proceso democrático y al Estado de derecho. Estados Unidos seguirá apoyando la democracia guatemalteca y castigará a los actores corruptos que pretendan quebrantarla”, afirmó Phil Gordon, asistente del presidente Joe Biden y consejero de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, en la red social X, antes Twitter.
Estados Unidos ha incluido a la fiscal Porras, al juez Orellana y a los fiscales Curruchiche y Monterroso en una lista de personajes “corruptos” en Guatemala.
