“Como presidente electo convocó a todos los actores políticos, económicos y sociales del país comprometidos en la defensa de la democracia a que de manera proactiva y unidos como pueblo encontremos mediante el diálogo una salida a la crisis institucional que la ilegalidad y la ilegitimidad de las acciones de Consuelo Porras ha causado”, dijo Arévalo el pasado miércoles durante una conferencia de prensa.
A este primer diálogo entre distintos actores convocado por el binomio electo, asistirá el presidente electo Bernardo Arévalo, los representantes del sector empresarial, así como las autoridades ancestrales. También estará presente como mediador el cardenal Álvaro Ramazzini.
En principio, el Departamento de Comunicación de las autoridades electas informó que, en el primer acercamiento participarían Arévalo, representantes del sector empresarial y las autoridades ancestrales; además, se informó que como mediador se designó el Cardenal Álvaro Ramazzini.
Una fuente del sector empresarial que participó en la primera reunión detalló que fue un diálogo productivo.
“Hubo varios miembros de diferentes organizaciones del sector empresarial y básicamente se tuvo la oportunidad de conversar de nuevo con todas las autoridades indígenas que estuvieron presentes y los empresarios como tal”, refirió.
Agregó que como “resultado de esto -diálogo- hay cosas en las que seguimos teniendo diferencias entre unos y otros, hay otros que si estás de acuerdo (…) lo que se va a buscar es que haya un documento que lo revisemos entre todos”.
“Fue una buena sesión de diálogo entre las partes”, agregó la fuente.
Reiteró que en la reunión “hubo varias entidades que podemos considerarlas del sector privado, líderes indígenas, el Cardenal Ramazzini y el presidente electo”.
Otra fuente cercana a las autoridades electas, pero que pidió no ser citada confirmó el encuentro, del cual no se sabe cuándo se dará el pronunciamiento oficial para conocer alcances.
Además, no se pudo confirmar ni descartar que en el encuentro haya participado algún funcionario del gobierno actual.
El acercamiento entre el gobierno electo y sectores sociales se da cuando Guatemala cumple 18 días de protestas y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, la fiscal auxiliar, Cinthia Monterroso, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
La petición de renuncia contra Porras surgió después de que la Fiscalía decidiera secuestrar los resultados de las jornadas electorales del 25 de junio y 20 de agosto, ya que se le acusa de intentar revertir la victoria de Arévalo de León.
El miércoles pasado, las autoridades indígenas que mantienen un plantón frente a la Fiscalía, acordaron con el Ministerio de Gobernación habilitar el acceso peatonal de esta institución para evitar ser desalojados por la fuerza, luego de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Arévalo de León, acusó a Porras y a la cúpula de la Fiscalía de encabezar un “golpe de Estado” para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
