En una conferencia de prensa que las autoridades ancestrales ofrecieron este 17 de noviembre en la capital guatemalteca, expresaron que repudian “las acciones ilegales, espurias y prefabricadas de la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público -Consuelo Porras”.
Agregaron que Porras y demás agentes fiscales y el juez Víctor Cruz siguen realizando acciones que atentan contra la democracia, los derechos fundamentales, el estado de derecho y especialmente “por desafiar el ejercicio democrático expresado en las urnas, para garantizar el principio de autonomía y alternabilidad democrática y todas aquella acciones que pretenden limitar la libertad de expresión y libre opinión de los ciudadanos”.
“Exigimos a la Organización de Estados Americanos aplicar de urgencia la Carta Democrática Interamericana como ha sido solicitado por las autoridades indígenas maya, xinka y garífuna al existir suficientes elementos que demuestran la intención del pacto de corruptos de destruir nuestra débil democracia y los derechos más elementales del pueblo guatemalteco”, se lee en un comunicado que publicaron.
Piden sanciones
También piden a los países democráticos firmantes de las Convenciones Internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción, “aplicar las cláusulas de competencia extraterritorial a todos los funcionarios corruptos de Guatemala a efecto de que sus autoridades judiciales emitan las correspondientes órdenes de captura internacional y así contribuir a la defensa que hacemos de nuestra democracia y estado de derecho. Y en caso, de que por esta defensa seamos reprimidos aplicar la justicia universal e instar la investigación de la Corte Penal Internacional”, señalan las autoridades ancestrales.
También piden al sector empresarial organizado en Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), a las cámaras empresariales y asociaciones comerciales pronunciarse y tomar acciones para condenar las acciones del MP y los jueces, a quienes califican de corruptos.
Le piden al sector empresarial pronunciarse claramente sobre lo que los pueblos originarios creen que es la única solución a la crisis política y el inicio de un proceso hacia la democracia y es la renuncia de la fiscal María Consuelo Porras Argueta; los fiscales José Rafael Curruchiche Cucul, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y Leonor Eugenia Morales Lazo, así como la del juez Fredy Raúl Orellana Letona.
No hay duda sobre un golpe de Estado
“Toda la información conocida púbicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de acallar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado y, en este caso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se utiliza como excusa para perseguir a las personas legítimamente electos”, se lee en el comunicado.
Las autoridades ancestrales también piden a la ciudadanía pronunciarse sobre esta crisis política, especialmente a cada votante en las elecciones 2023 a defender los resultados electorales, como ejercicio democrático sin importar si su voto fue o no emitido por las personas electas.
“ Se trata de defender la democracia y el Estado de Derecho, que será un legado para nuestros hijos e hijas. Nos solidarizamos con todas y cada una de las personas criminalizadas por este Estado criminal, actitud que ha asumido este gobierno autoritario, por lo que responsabilizamos al gobierno de Alejandro Giammattei y demás organismos del Estado por todos los atropellos a los derechos humanos”, se lee en el comunicado.
“Es hoy o no veremos la luz de la verdadera democracia en muchísimos años; y será la historia y nuestros hijos e hijas quienes nos recordarán por nuestra lucha, nuestros esfuerzos y sacrificios, o por no a ver hecho nada para defender su futuro”, concluye el comunicado.
