Feliciana Herrera Ceto, representante del pueblo Ixil, señaló que el actuar de los funcionarios los hace pensar que han cometido varios delitos, por lo que decidieron interponer la denuncia, por lo que esperan que la Fiscalía investigue con rapidez y que de resultados positivos en corto tiempo.
“Es una denuncia penal que las autoridades indígenas han presentado debido a que creemos que han habido violaciones a derechos, a la ley, a instituciones y a las formas de llevar a cabo las actividades que se va desarrollando en cuanto a las elecciones, entonces hemos presentado esta denuncia contra las cuatro personas mencionadas (…) también a los secretarios de los partidos políticos, pues creemos que hay delitos que se debe de investigar y vamos qué tan efectivo va a ser el Ministerio Público para investigar estas denuncias”, señaló.
Además, dijo que “en esta denuncia fundamentamos prácticamente los delitos en que creemos que han caído tanto tipificados en la ley penal, que sí se debe de poner atención, y es lo que las autoridades indígenas han denunciado, porque como toda persona es perseguida por un delito, ahora que a nosotros nos persigue por el de derecho a manifestación, entonces todo este listado de delitos que ellos tienen que va contenida en la denuncia, entonces sí esperamos que la justicia le ponga atención”.
EN ESTE MOMENTO
“Hay varios delitos contra los derechos humanos, contra la libre manifestación y sí hay varios delitos”, agregó Herrera.
Se informó que, en primer lugar, a todos los mencionados se denuncia por supuestamente haber interferido en el proceso electoral; además, en el punto 2 los hacen responsables de cometer actos contra los principios democráticos por medio del abuso de poder por haber emitido resoluciones y órdenes sin fundamento legal que realizaron actos de persecución penal contra funcionarios del TSE y del partido político Movimiento Semilla sin que existieran pruebas.
A la fiscal general también la denuncian en el punto 3 por haber violado los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión, que se encuentran garantizados en el artículo 33 de la Constitución y en el 13 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Según la denuncia, ese derecho en específico se violó el 24 de agosto pasado al interponer un “amparo improcedente y con abuso en el ejercicio que contiene afirmaciones falsas sobre la comisión de delitos graves” que, según ellos, dan lugar a un procedimiento de oficio solicitando que la CC certificará la conducente y permitiese el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
