Destacó que ninguna ley ordinaria está por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Pidió que la Corte de Constitucionalidad debe hacer valer Carta Magna y que se deduzcan responsabilidades a funcionarios del Ministerio Público (MP) y al juez Fredy Orellana.
La APG afirmó que es fiel a su fines de velar y que se respete la libertad de expresión y la alternabilidad en el poder y el Estado de derecho en el país.
También expresó su profunda preocupación y rechazo a las acciones efectuadas el martes 12 de septiembre por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al allanar las instalaciones del Registro Electoral y bodegas del TSE en el parque de la Industria, “lo cual representa un delito y violación a lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la propia Constitución de la República”.
La APG mediante su Junta Directiva y la Comisión de Libertad de Expresión reitera, “que dichas acciones ilegales por parte del MP y el juez Fredy Orellana, vulneran el proceso electoral, el cual ha sido reconocido por su transparencia y amplia participación ciudadana, tanto por sectores nacionales como por las misiones que verificaron su realización”.
Destacó que a raíz de la oficialización de los resultados y la entrega de credenciales a todos los candidatos ganadores en los comicios para diputados, alcaldes y presidencia de la República, no procede ninguna acción que tenga como propósito poner en duda o socavar la credibilidad del proceso electoral.
“Cabe recordar que ninguna ley ordinaria o penal está por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del TSE”, enfatizó.
Por tal circunstancia, la APG demanda de la CC la resolución que ponga fin a estas acciones y se proceda conforme a la ley a la inmediata destitución de las autoridades del MP “por violar el orden constitucional y atentar contra el estado de derecho, cuando su mandato es de velar por su estricto cumplimiento y respeto”.
Asimismo, hizo un llamado a las distintas organizaciones políticas participantes en las elecciones, al Colegio de Abogados, las universidades, el sector privado y otras instancias, pronunciarse y defender la democracia.
A la sociedad guatemalteca a estar atenta a cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia democrática en Guatemala y hacer valer su derecho de manifestación, expresión y resistencia pacífica para rechazar todas estas acciones reñidas con la construcción de una sociedad respetuosa de las leyes.
