Las movilizaciones también son en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; y el juez Fredy Orellana.
Este jueves 5 de octubre, los tramos cerrados aumentaron de 20 a 33, según los reportes que dio a conocer la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Además, en la capital también hubo movilización de estudiantes, médicos y otros manifestantes, hacia la sede del MP, en el barrio Gerona, en la zona 1, donde miembros de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas han permanecido desde el inicio de las concentraciones.
“Este es un paro indefinido. No vamos a claudicar en esta lucha, pero es preocupante esa actitud aberrante de Porras que no atiende el llamado del pueblo”, dijo a EFE Diego Ceto, autoridad maya ixil, que manifestaba frente a la sede del MP.
Por su parte, Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien también se encontraba en la manifestación frente al MP, dijo que enviarían una carta a las embajadas de varios países, así como a la comunidad internacional, para “dar a conocer la persistencia de ataques contra la democracia en Guatemala”.
Pacheco aseguró que la carta se dirigiría a diferentes entidades internacionales. “La vamos a presentar al Parlamento Europeo, al departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, aseguró.
“Yo sé que muchos dicen que eso es injerencia internacional (…), pero ahorita no es un ataque internacional, es local, y eso está peor, eso está más grave”, dijo.
“Nosotros vamos a presentarles —la carta a la comunidad internacional—y pedirles el respaldo para que tal vez de esta forma logremos que presente la renuncia —Consuelo Porras—”, explicó
Publican carta
En sus redes sociales, los 48 Cantones publicaron la misiva en la que manifiestan que “Durante el proceso electoral hemos observado la insistencia de órganos de justicia, especialmente del Ministerio Público y su Fiscalía Especial Contra la Impunidad, de criminalización contra el presidente electo, del partido político Movimiento Semilla que le hizo ganar la presidencia, los miembros de su partido, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y todas aquellas personas que participaron del proceso electoral y que protegieron y garantizaron la legalidad de las elecciones”.
“Estas acciones ponen en riesgo el proceso electoral, pilar fundamental de la democracia. La Carta Democrática Interamericana establece que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”, dice la carta.
El documento, además de estar dirigido a la OEA y ONU, también fue emitido a los embajadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Reino Unido, Italia, Suecia, Rusia, Francia, Alemania.
-INFORMACIÓN IMPORTANTE-
Carta a la Comunidad Internacional. 🚨#48Cantones #paronacional2023 pic.twitter.com/Aq2vKlbbRk
— 48 Cantones Oficial (@48_CantonesToto) October 6, 2023
CC resuelve
La tarde de este jueves 5 de octubre, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocieron una cuestión de competencia presentada por el TSE y determinaron que el MP y el Organismo Judicial pueden accionar contra un partido político si tienen fundamentos.
La Resolución de la CC dice que “corresponde a la competencia penal en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y respetando los lineamientos y alcances determinados en este fallo, la suspensión provisional de la inscripción de las organizaciones políticas, ello bajo la estricta responsabilidad de los entes que la solicitan y decretan”.
Agrega que “también, en caso de existir infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por vía del Tribunal Supremo Electoral, a través del Registro de Ciudadanos, corresponde al ámbito electoral decretar la suspensión o cancelación de las organizaciones conforme a la Ley de la materia, ello por igual bajo estricta responsabilidad de quienes aplican y resuelven las medidas”.
Los bloqueos en Guatemala iniciaron el lunes 2 de octubre luego de los allanamientos del MP en la sede del TSE en los que se decomisaron actas electorales, situación que derivó en la exigencia del cese de las acciones en contra de Arévalo y el proceso electoral.
