Salpicado de dudas de procedimiento y cuestionamientos legales ha estado el proceso para elegir a un nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo cual ya deja dudas sobre las verdaderas intenciones e intereses que subyacen bajo la designación del magistrado de conciencia, cuya función debe estar totalmente separada de intereses políticos o banderías sectarias.

Integrantes de la comisión a cargo de este proceso han señalado que las convocatorias a sesiones han sido irregulares y los procedimientos confusos, si bien en los últimos días se ha procedido al análisis de tachas y pruebas de descargo de los postulantes. No obstante, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y entidades relacionadas con el tema ya han subrayado incumplimientos en los plazos e irregularidades como la verificación de la guía de requisitos posterior a la presentación de perfiles.

Causa suspicacia también que la presidencia de esta comisión esté en manos de una diputada oficialista, lo cual abre la puerta a interpretaciones diversas sobre la calidad de su desempeño al frente de esta elección, sobre todo por el perfil autoritario y voluble de esta congresista, quien además de ser tránsfuga, se caracteriza por su intolerancia a la crítica. De hecho hace un año presentó una iniciativa cuestionable para modificar la ley de femicidio para penalizar a las mujeres que supuestamente hicieran “mal uso” de dicha normativa.

La función constitucionalmente establecida del Procurador de Derechos Humanos es la defensa de las garantías ciudadanas, que no pocas veces se han visto amenazadas por gobiernos y funcionarios mediocres; asimismo puede denunciar y solicitar procesos contra cualquier individuo, empleado público o institución, pública o privada que violente los Derechos Universales y es precisamente por ello que la persona seleccionada sea independiente de afinidades políticas, gubernamentales, empresariales o partidarias.

Bien sabido es que en la actual gestión de la PDH se han dado duros señalamientos contra el Organismo Ejecutivo, por lo cual no sería extraño pensar que el partido oficialista FCN-Nación, al cual pertenece la diputada Patricia Sandoval, busque colocar a una figura inocua para intentar desactivar este frente de crítica y defensa de los intereses ciudadanos.

El Congreso de la República arrastra de por sí una larga cauda de rechazo, desgaste y desprestigio debido a las acciones incoherentes, la ineficiencia y la opacidad, desconfianza que se ha visto acendrada bajo la actual presidencia de Óscar Chinchilla, personaje anodino que parece ir en la dirección que le marquen fuerzas externas, sin trazar un marco ético que le distancie de los grupos de aprovechados que bloquean las Reformas de Justicia o se recetan aumentos casuísticos, antojadizos e ilegales.

Que quede claro: la Procuraduría de Derechos Humanos no debe ser un bastión para alcahuetear la impunidad y complacencia, pues una cooptación no solo será evidente y vergonzoso, sino que será un fracaso anunciado, puesto que la población no estará dispuesta a aceptar que le quiten la última de las instituciones que no ha caído en las garras de políticos oportunistas.