Digitalización obligatoria: ¿Están listos los ministerios para la automatización total?

Cuando se aprobó la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos en mayo de 2021, varios sectores la celebraron porque esta regulación permitiría que las gestiones de trámites administrativos estuvieran disponibles sin restricción de horario y que no se repitieran entre entidades.

A la espera del reglamento de esta ley, que tiene tres años de vigencia, el avance es dispar entre las entidades del Estado.

Según el artículo 41 de la también llamada “ley antitrámites”, en el primer año las dependencias deben implementar medios electrónicos y, en su segundo año, que se cumple este próximo 31 de agosto, los sistemas deben permitir la gestión de trámites electrónicos en su totalidad.

De acuerdo con el comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico Eddy Cux, un 80 por ciento de los trámites de todas las dependencias de gobierno ya estarán disponibles digitalmente a partir de la próxima semana. Sin embargo, quedará un remanente de procesos por digitalizar. En este contexto, solo 10 de las 26 dependencias cuentan con los sistemas informáticos al 100% para la implementación.

LECTURAS RELACIONADAS

6 meses para instalar una empresa: La meta que facilitaría nuevos empleos en Guatemala

Hasta 31 trámites en un ministerio: Empresa privada pide a ministros de Arévalo acelerar digitalización

Sobre este tema, Guatemala No Se Detiene convocó a un foro transmitido por Guatevisión el pasado 26 de agosto, en el que participaron Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, y Devadit Barahona, directivo de Agexport y experto en tecnología, quienes conversaron sobre los desafíos de cara al cumplimiento de la fecha límite establecida por la ley.

Exceso de trámites afecta competitividad

Reducir los trámites administrativos es un tema de interés para el sector privado. Barahona reconoce que “a veces estamos listos para exportar algún producto y somos competitivos tanto en calidad como en precio, la demanda está ahí, pero un registro nos puede llevar puntualmente hasta año y medio, eso en otros países no se da y definitivamente nos afecta porque otros países ya tienen sus procesos más simples y, sobre todo, digitales”.

Insiste en que, antes de digitalizar un trámite, primero lo que se debe hacer es simplificarlo. “Por ejemplo, el hecho de que haya un requisito de tener que ir a una dependencia o un ministerio, subir una cantidad de niveles en un edificio para pedir una fotocopia de un documento emitido por el mismo ministerio, no tiene sentido que sea digitalizado; es decir, primero tiene que ser simplificado. Esto es de interés de la población, porque el tiempo es dinero”, reclama.

Para Prado, digitalizar implica una inversión importante y “va a depender también de institución en institución y del estado en el que se encuentre cada una, porque cada una tiene una brecha muy distinta por atravesar”.

Remarca la importancia de asegurar la interoperabilidad de todos los sistemas entre cada una de las instituciones “justamente para garantizar que los trámites que yo hago en una entidad de una u otra forma me estén apoyando para trámites en otra entidad. Eso es un reto importante que lo tenemos claro como gobierno y hacia el cual estamos trabajando”.

Según la funcionaria, cada una de las entidades que tuvo que hacer una simplificación tuvo que entrar en un acuerdo gubernativo para reformar las distintas normas que se verían afectadas. “Ya no hay necesidad de regular más, lo que hay es necesidad de implementar y sobre la marcha ir trabajando en esos pequeños retos”

.

Riesgo de no cobrar trámites

Los trámites que no estén digitalizados para el 2 de septiembre podrían correr el riesgo de no poder cobrarse.

Barahona se refirió al caso de uno de los ministerios que dependía en más del 40 % de sus ingresos anuales por parte de estos trámites, que ya estaban comprometidos para simplificarse: “Entonces, decirle a un ministerio que prácticamente va a perder esa fuente de ingresos, que es tan importante, definitivamente es un impacto gigante y creo que es un incentivo lo suficientemente grande como para que ellos cumplan el 31 de agosto con esta fecha límite”, señala.

Prado complementa que esto constituye un incentivo o desincentivo muy importante, porque hay algunas dependencias que necesitan esos fondos privativos para poder asegurar su operación. “Por ejemplo, en el caso de los registros que yo tengo bajo mi responsabilidad, el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad Intelectual, vamos a cumplir el 100 % y, por lo tanto, no nos vamos a ver en esa situación. Sin embargo, seguramente va a ser una situación complicada para aquellos que no lo puedan lograr”.

 

El representante empresarial considera importante, de cara a que caduque la fecha límite en la ley, hacer un planteamiento de fechas: “Como una contrapropuesta de las fechas en las cuales estos procesos van a ser simplificados y, además, cómo se va a poner en marcha posterior a esta fecha límite. Eso conlleva la adaptación incluso presupuestaria de cada ministerio que precisamente no cumpla”.

¿Cuál es el estatus a la fecha?

Según Cux, este proceso de digitalización de trámites cuenta con varias etapas, la primera de las cuales consistió en inventariar la cantidad de trámites que ejecutaban las entidades obligadas por la Ley, siendo el resultado contar con un inventario de 1,561 trámites por simplificar en la segunda etapa.

En la siguiente se dio el análisis de simplificación y se determinó suprimir 367 trámites que resultaron innecesarios, quedando un inventario de 1,194 trámites que se requirieron para completar el proceso de simplificación, el desarrollo de los sistemas electrónicos y de la normativa jurídica.

“Actualmente se encuentran en funcionamiento 252 trámites, los cuales están disponibles para uso de los ciudadanos desde agosto de 2023, quedando pendientes a la fecha 942 trámites” según Cux.

Añadió que, de los 942 trámites indicados, 837 ya cuentan con los sistemas electrónicos y tienen en desarrollo las normativas por parte de las dependencias, lo cual significa que en un “plazo breve” estarán disponibles para los usuarios.

Es importante aclarar que, la GAE según el artículo 34 del Decreto 5-2021 es el encargado de impulsar la simplificación de trámites en el Organismo Ejecutivo. Sin embargo, según el último párrafo, el Ministerio de Economía "desarrollará las funciones detalladas en el presente artículo en trámites administrativos vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de la inversión y registros públicos a su cargo". En el cuadro únicamente se registra la cantidad de trámites que la GAE brinda acompañamiento a este ministerio; es decir, el número de trámites que el Mineco brinda a sus usuarios es mayor a lo que se reporta en el cuadro.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.