A esto se suma la entrega de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos —finiquito— extendida por la Contraloría General de Cuentas a los cuestionados por el mal manejo de los recursos del Estado, debido a amparos que fueron otorgados por el Poder Judicial.
Criticados
El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, sostiene que si se llegara a confirmar la inscripción de estos personajes con evidentes cuentas pendientes, lo único que se va a lograr es aumentar el cuestionamiento a los próximos comicios y acrecentar el abstencionismo y el voto nulo.
“Se va a confirmar que el sistema premia a los bandidos, y prácticamente vamos a elegir a la nueva banda que va a saquear a Guatemala por los próximos cuatro años”, expuso Marroquín.
Afirmó que la crisis que vive el país se debe a que no se toma en cuenta la Constitución, pues en medio de esta situación debería prevalecer el artículo 113 de la Carta Magna.
“La única forma de depurar al Estado es aplicar correctamente este artículo. No hacerlo es mantener el statu quo”, añadió.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack e integrante del Foro Guatemala, considera que se presentó un amparo para evitar esas inscripciones.
“Nosotros ya interpusimos un amparo en la Corte Suprema de Justicia y solo estamos esperando que resuelvan. En caso sea rechazado nos vamos a la Corte de Constitucionalidad. Creemos, tal y como expusimos en nuestro memorial, que la CC tiene una jurisprudencia al respecto y de acuerdo a la ley misma debe ser acatada”, dijo Mack.
En cuanto a los plazos de resolución que pudieran ser largos para discutir la legalidad de candidaturas, Mack expresó: “Esperaríamos que aunque estén inscritos y la Corte nos dé la razón, esas personas tendrían que dejar los cargos y asumiría el siguiente de la lista”.
La decisión del Registro de Ciudadanos del TSE de discutir la validación hasta que se retire la inmunidad —antejuicio— a funcionarios que buscan la reelección y han sido denunciados y sindicados, fue criticada por Mack.
“No es buena medida en cuanto a que el error no es fuente de Derecho, y creer un aspecto ético y moral en ningún momento cabe en el campo de lo jurídico. Aquí el problema es que no se hace cumplir la Ley. Aparte es el área jurídica, y otra cosa, la ética”, señaló la activista.
Según Mack, el que hayan quedado inscritos candidatos con denuncias y señalamientos refleja “un sistema corrompido, y lo que nos está demostrando es que toda la gente está manifestando, que es un sistema corrupto y se ha enriquecido a costa de la vida de mucha gente”.
Pedro Cruz, de la entidad Jóvenes por Guatemala, indicó que el Registro de Ciudadanos tiene la obligación de apegarse al artículo 113 constitucional y debe hacer una interpretación política.
Amparos
La Contraloría General de Cuentas informó que ha sido notificada de 130 amparos presentados en distintas instancias judiciales por candidatos a quienes se les negó el finiquito, por tener reparos o denuncias penales.
De esa cantidad, 35 han sido otorgados en forma provisional al ordenarle a la Contraloría emitir los documentos con razonamiento, mientras que ocho amparos adicionales fueron revocados y por lo mismo se anuló la constancia otorgada, lo que a su vez implica la invalidez de sus candidaturas.
