En el primer trimestre del 2012, y con el respaldo de 110 diputados, Pérez Molina logró una reforma fiscal que buscaba aumentar en Q4 mil 500 la recaudación fiscal, pero que tras tres años no ha tenido resultados, sino al contrario terminó en conceder amnistías fiscales, militarizar las aduanas y dar marcha atrás a impuestos como el de primera matrícula de vehículos.
A eso se suma la alianza política no reconocida entre el gobernante Partido Patriota y el mayor bloque opositor, Libertad Democrática Renovada (Líder), y que con la venia de los máximos dirigentes de ambas organizaciones unió fuerzas en el Congreso para elegir en 2014, y a favor, a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelaciones, extendiendo su dominio hacia el único poder del Estado que no era parte de la aplanadora rojinaranja.
En el área en la que más ha perdido credibilidad el binomio es en el pregonado combate a la corrupción, pues los hechos han demostrado lo contrario.
El primer escándalo fue en 2012, cuando en secreto el Gobierno otorgó en usufructo 348 mil 341 metros cuadrados de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, negocio que a criterio de usuarios, empleados y políticos de oposición no deja mayor beneficio al país.
Uno de los mayores señalamientos de corrupción en el gobierno de Pérez y Baldetti ha sido la serie de denuncias vertidas en medios de comunicación sobre malos manejos en el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), lo cual obligó al mandatario a cerrar en enero de 2013 dicho fondo, que en sus propias palabras se convirtió en una entidad “desprestigiada”.
En lugar de Fonapaz se creó el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), que no ha terminado de recibir los cientos de proyectos de la dependencia suprimida. Mientras tanto, los funcionarios del Fondo, incluido el exdirector Armando Paniagua, quien aspira a ser alcalde de Quetzaltenango, nunca han sido investigados pese a múltiples señalamientos.
Sin investigar también ha quedado la denuncia realizada en medios de comunicación sobre el sistemático favorecimiento a la empresa Semicomsa, representada por el sobrino del mandatario, Jaime Pérez, y quien ha ganado más de Q40 millones en servicios de salud durante la gestión de su tío.
También existen denuncias de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, presidido por Juan de Dios Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Pérez Molina.
En febrero de 2015 también se denunció un anómalo contrato para comprar productos químicos que fueron vertidos para la limpieza del Lago de Amatitlán con valor de Q137 millones, y que ha sido cuestionado por expertos, por carecer de estudios de impacto ambiental, además de una anómala negociación con una empresa de origen israelí.
Pobre respaldo
La aprobación a la labor del binomio ha ido mermando dramáticamente. En el caso de Pérez Molina pasó de gozar del 79% de aprobación en enero de 2013 a un 37% en la actual medición. Para Baldetti, la aprobación a su labor cayó 34 puntos porcentuales en el mismo periodo.
Sobre el mandatario, tan solo dos personas de diez piensan que sí está cumpliendo con sus promesas de campaña que justamente hace cuatro años inundaban las calles y espacios publicitarios en todo el país, ofreciendo seguridad y empleo.
Cabe destacar que cuando se realizó la recolección de datos de la Encuesta Libre, tan solo hace dos semanas, la coyuntura nacional era otra y apenas empezaba el escándalo por corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con la captura de una red de defraudadores aduanales denominada “La Línea”, el 16 de febrero –un día después de haber iniciado la medición de la encuesta – y que, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) liga directamente a la cúpula del ente recaudador de impuestos y al hasta entonces secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien es prófugo de la justicia.
La peor crisis que han tenido Pérez Molina y Baldetti durante su mandado y que hoy se resume en el clamor popular de exigir que la vicemandataria renuncie a su cargo y se someta a las autoridades de justicia para que la investiguen, aun no tiene efectos palpables en los resultados de la Encuesta Libre, pues en gran parte de los 141 puntos muestrales –en su mayoría del área rural – la noticia y la dimensión de la crisis aún empezaba a llegar a oídos de los ciudadanos.
Durante las manifestaciones contra la corrupción, miles han exigido la renuncia de Pérez Molina y Baldetti.
Gobierno, reprobado
Dramática ha sido también la caída en la aprobación general del gobierno, pues la Encuesta Libre detectó que 7 de cada 10 guatemaltecos reprueban la gestión. Esto, contrario al 70% que avalaba a esta administración en enero de 2013 o el 56% que aún la aprobaba en enero de 2014
El área peor evaluada, según los encuestados, es el control de los precios y el alto costo de la vida, seguido por aspectos sensibles como el poco fomento de empleo, la disminución de la pobreza, el mantenimiento de hospitales o el combate a la corrupción, que apenas recibió un 34% de aprobación.
El mayor desencanto se marca en el área metropolitana y el interior urbano y en la clase socioeconómica más alta.
Por el contrario, aun es bien visto el mantenimiento de carreteras y el apoyo a la educación, áreas que gozan de más del 60% de aprobación. Lea la nota completa en nuestra edición impresa.
