De esos 44 recursos presentados, ocho han sido otorgados con lugar por judicaturas, por lo que el órgano fiscalizador ha presentado las apelaciones correspondientes en la Corte de Constitucionalidad y los ocursos en queja debido a que las instancias judiciales no tienen competencia para conocer las acciones.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, indicó en el programa Decisión Libre que las cortes les dejan de plazo 48 o 24 horas para extender un finiquito, y bajo apercibimiento de desacato en el caso que no atiendan una orden judicial.
“Nosotros no podemos dejar de atender una orden judicial; la extendemos, la apelamos, manifestando nuestros puntos de vista, y como ya le contaba, se ha logrado que se revoquen esas resoluciones”, explicó Mencos.
Las ocho personas amparadas son Sonia Lily Rivera, alcaldesa de San Benito, Petén; Salvador Gándara, exalcalde de Villa Nueva y quien busca postularse a ese cargo; Arnoldo Medrano, jefe edil de Chinautla y busca reelección; Élmer Granados Escobar, extesorero de la comuna de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; Byron Amílcar Solares, exgobernador de Izabal; Rubelio Recinos Corea, alcalde de Barberena, Santa Rosa, y quien busca la reelección; José Joel Lorenzo, exalcalde de El Estor, Izabal, y Julia Maldonado, quien es diputada y fue directora del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve).
Prohibición legal
El artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que no podrán optar al desempeño de cargo o empleo público quienes tengan impedimento de conformidad con leyes específicas, y en ningún caso quienes no demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
En el inciso b) se establece que tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no tengan constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestaron sus servicios y de la CGC.
Respeto a la CGC
El politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) Rubén Hidalgo respalda la posición de la Contraloría de garantizar que todas las personas que sean receptoras del finiquito en realidad estén solventes de compromisos y cuentas pendientes con el Estado.
“Estoy a favor de que ninguna persona que tenga pendientes con el Estado reciba el documento y, por tanto, garantizar que todas aquellas personas que se postulen a cargos de elección sean idóneas, de acuerdo con lo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos pide”, dijo Hidalgo.
El politólogo e investigador de la Universidad de San Carlos Jahir Dabroy considera que ese es un recurso que tienen los candidatos para participar en una contienda electoral; sin embargo, cree que es más un llamado a la ética que a la legalidad.
“Es un llamado a la cuestión ética, que tiene algún problema de hallazgos con la Contraloría o algún problema que puedan tener respecto del manejo de fondos públicos, y lo que evidencia es una nulidad en su comportamiento ético. Si tienen un señalamiento, lo prudente es que lo aclaren, para poder optar a un cargo de elección”, manifestó Dabroy.
Juzgadores
Los amparos han ingresado en varias salas o juzgados tanto en la capital como en la provincia.
La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es la que tiene siete expedientes. Esa sala está presidida por Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Elui Guillermo Sánchez González, vocal I, y Héctor González García, vocal II.
Mientras que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha recibido seis recursos de amparo, y esa sala la preside Juana Solís Rosales, Selvin Wilfredo Flores Divas, como vocal I, y Nadia Amabilia Morales de León, como vocal II.
Por aparte, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue la que otorgó el amparo con el cual Julia Maldonado recibió de nuevo su finiquito, pese a los señalamientos.
