Hoy, el Congreso podría aprobar la nueva ley de antejuicios, la cual no tendrá cambios respecto de la normativa actual, pese a la postura de diversos sectores que demandaban un marco legal que no favoreciera la corrupción.
El grupo Seguridad en Democracia, Sedem, indicó ayer que la norma señala como punto negativo la irrenunciabilidad de la persona al antejuicio, lo cual es considerado un retroceso en el proceso democratizador.
Otro aspecto es dejar el antejuicio a los candidatos, lo cual tampoco significa avances, dijo Iduvina Hernández, directora de Sedem.
Según Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, ANN, el antejuicio ha sido utilizado como arma para encubrir la corrupción y anomalías de políticos, ?y esta nueva norma es un cuerpo que reúne todo lo referente al tema?.
?Esperaba que en la nueva ley se suspendiera del cargo a los funcionarios o no gozaran de salario cuando existieran indicios de su culpabilidad, pero no hay ninguna modificación?, dijo Montenegro.
Después de varios meses de atraso en la aprobación de la norma aún existen diferencias, incluyendo el nombre que debe llevar.
En el dictamen se conoce como ley procesal en materia de antejuicios, pero algunos diputados, como el unionista Héctor Cifuentes, considera que sólo debe ser llamada ?Ley de Antejuicios?.
Otro de los puntos polémicos es que los diputados del Partido de Avanzada Nacional, PAN, tienen duda de quién debe conocer el antejuicio del Contralor de Cuentas.
Según el proyecto, será la Corte Suprema de Justicia, CSJ, aunque el PAN opina que debe ser el Congreso.
Para Cifuentes, es más conveniente que lo conozca la CSJ, porque es una instancia más técnica que política.
Entre los aspectos positivos está que se fijan plazos para conocer el antejuicio.
En la actual legislatura, el Congreso conoció varios antejuicios: del presidente Alfonso Portillo; dos del vicepresidente Francisco Reyes López; dos de la ministra de Cultura y Deportes, Otilia Lux de Cotí; del exfiscal general, Adolfo González Rodas, y del exministro de Gobernación, Eduardo Arévalo Lacs.
La CSJ conoció el antejuicio de 24 diputados por la alteración a la Ley de Bebidas, más el de Byron Barrientos, por las anomalías cuando era ministro de Gobernación, y el de Juan Carlos Gutiérrez, acusado de abuso sexual.
Puntos en duda
El dictamen que ingresó al pleno contiene puntos que provocan dudas:
? Define el antejuicio como ?un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable?.
? Da competencia al Congreso para conocer antejuicio del subprocurador. Sin embargo, esa figura no existe, al ser vetada la ley respectiva.
? La nueva ley no impide a los funcionarios abandonar el cargo, ni afecta sus salarios por tener una denuncia en su contra.
