La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que aglutina al Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Instituto de Defensa Pública, consensuaron y signaron el plan.
La elaboración de dicha política ?de Estado? se llevó aproximadamente dos años.
El Grupo pro Justicia dijo que dicha propuesta es superficial, pues no contiene líneas de acción sobre la erradicación y combate al crimen.
?Lo que necesitamos es que se dé respuesta a los problemas, esto es como un borrador, pues las sociedades civiles estamos al margen para crearla, se debe discutir y acordar con la sociedad civil?, dijo Muralles.
Ana María de Klein afirmó que ?hacer un plan de política democrática contra el crimen no es para hablar sobre los problemas de delincuencia que enfrentamos, sino crear mecanismos para resolverlos?.
Lo que dice
Entre los objetivos planteados está la coordinación de trabajo interinstitucional y apoyo a planes ya establecidos.
También la elaboración de planes estratégicos de cada una de las instituciones donde definan los programas a ejecutar para disminuir los índices de criminalidad y delincuencia.
A corto plazo se ha establecido elaborar trimestralmente informes sobre los programas ejecutados, además de capacitación integral a operadores de justicia penal. A mediano plazo, revisión de la ley penal congruente con la constitución y tratados internacionales, entre otros.
A largo plazo, campañas educativas en todos los niveles de enseñanza del país.
El contenido
Operadores de justicia han discutido, consensuado y firmado un plan de política democrática de combate al crimen que dice:
Se efectuarán, acciones para mejorar el apoyo y colaboración interinstitucional.
Campañas masivas de prevención del delito.
Elaboración de planes específicos de cada institución
con estrategias para la implementación de la política.
Creación de una comisión interinstitucional para dirigir el plan de política contra el crimen.
Recopilar información para diagnósticos de cada institución.
Creación de una ley del sistema penitenciario, actualmente no existe ley en esta materia.
