Los gobiernos locales suelen hacer compras y destinar recursos para apoyar en la seguridad de sus municipios. Estas adquisiciones pueden ir desde armamento para los agentes policiales hasta la instalación de cámaras para prevenir actos delictivos o apoyar en la investigación para deducir responsabilidades legales.
El Código Municipal faculta a las comunas para crear su propia policía si lo estiman conveniente y cuentan con los recursos. Este cuerpo de seguridad queda bajo la jefatura del alcalde local y “se integrará conforme a sus necesidades, los requerimientos del servicio y los valores, principios, normas y tradiciones de las comunidades”. Asimismo, los obliga a observar las leyes de la República y velar por el cumplimiento de acuerdos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el concejo.
En algunos municipios, las policías municipales se usan para resguardar edificios ediles o cualquier otro patrimonio como parques públicos. Sin embargo, en los últimos meses también se ha visto cómo alcaldes utilizan a sus agentes para efectuar patrullajes, a veces de forma individual y otras en acompañamiento a la Policía Nacional Civil (PNC).
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
Algunos alcaldes han implementado sus propias policías municipales. Por ejemplo, Mixco, que en los últimos años ha efectuado operativos en ese municipio, los agentes han retenido a personas sospechosas y luego las entregan a la PNC para que sean consignadas. El alcalde Neto Bran se ha quejado de que en ocasiones la PNC deja libres a presuntos delincuentes, por falta de pruebas. Otro caso es Santa Catarina Pinula, cuya policía municipal hace patrullajes combinados con la PNC, según lo ha anunciado el alcalde Sebastián Siero. “Somos la primera municipalidad en tener su propio equipo táctico para realizar operativos de seguridad con drones con cámara térmica. Con esto controlamos horarios nocturnos y las zonas de mayor índice delincuencial”, publicó Siero en Twitter el 14 de octubre. Estas disposiciones han sido motivo de debate entre jefes ediles y expertos en seguridad, quienes dudan de que las municipalidades tengan facultades legales para esa labor.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Alcaldes de distintos municipios han mostrado desconfianza hacia la PNC, por su limitada capacidad para actuar ante situaciones de emergencia, muchas veces por la poca cantidad de agentes. Según la PNC, la institución tiene 40 mil agentes activos en todo el país, lo que equivale a una tasa de 24 por cien mil habitantes, según proyecciones del censo 2018; el estándar recomendado por la ONU es de 300 por cien mil habitantes. Este número, que resulta insuficiente, se reduce aún más si se considera que casi un tercio de los agentes está destinado a ejercer labores de seguridad personal para funcionarios o particulares, por orden de juez, explica Walter Menchú, del Cien. Esto merma la cantidad de agentes disponibles. Marvin de León, de la Anam, considera que las policías municipales tienen la potestad de trabajar en la seguridad ciudadana, ya que deben cuidar los bienes municipales, mercados, postes de alumbrados y parques, entre otros. “Hay que tomar acciones en seguimiento al fortalecimiento de la seguridad, como el resguardo de las calles y todo aquello que es patrimonio municipal. En ese marco se crean las policías municipales”, enfatizó De León.
Verificamos por usted: ¿Las municipalidades tienen las facultades legales para encargarse de la seguridad ciudadana?
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La Ley de la PNC, decreto 11-97, establece que la seguridad pública “es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la PNC”. En ese sentido, esa institución es la única que puede ejercer actividades de represión del delito, como capturar, consignar y conducir a tribunales, explica Francisco Rivas, exministro de Gobernación. Estas responsabilidades no se pueden delegar a ningún otro ente, y cualquier otra autoridad que se arrogue estas facultades puede incurrir en el delito de abuso de autoridad, según Rivas. La seguridad ciudadana no solo implica actos represores del delito, sino también tareas de prevención. Investigadores definen la seguridad ciudadana como la tranquilidad que siente una persona de no sufrir amenazas en la vía pública y desenvolver su vida social, productiva o laboral sin miedo a sufrir un robo o agresión violenta. En ese sentido, las municipalidades sí pueden colaborar en la seguridad ciudadana a través de facultades que el Código Municipal les otorga, como la regulación del tránsito en su circunscripción o el establecimiento de vías peatonales seguras que permitan a la ciudadanía desplazarse sin sufrir percances. La seguridad ciudadana es definida por distintos investigadores como la percepción que tiene una persona de que no sufrirá una agresión violenta o daño a su integridad, así como la tranquilidad de poder desenvolver su vida social, cultural, productiva o laboral sin miedo a sufrir un robo a su patrimonio. “Su labor se enfoca en mantener áreas comunes en buen estado, áreas de circulación de vehículos y buena señalización. Todo eso previene que seamos víctimas de alguna agresión a nuestra integridad”, comenta Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala.
