La dificultad para abastecerse de un plato de comida en la mesa es un problema que enfrentan a la fecha alrededor de 2.5 millones de personas en el país, según el sistema de Clasificación de Inseguridad Alimentaria en Fases (CIF).
A mediados de año, entre mayo y agosto de 2021, tiempo de “hambre estacional”, se estima que el problema era más grave. Según el CIF, 3.5 millones de personas se encontraban en crisis o emergencia y requerían acciones urgentes. Durante estos meses, las familias se quedan sin reservas de alimentos y tampoco tienen trabajo para conseguir dinero y comprar, situación que recrudece la crisis alimentaria. Aunque para el período comprendido entre septiembre y enero de 2022, considerado de menor inseguridad alimentaria, la cifra disminuyó.
Ante este flagelo, todas las políticas públicas y estrategias gubernamentales parecen no tener los alcances esperados y, en vez de reforzar con más presupuesto a las actividades destinadas al combate a la desnutrición crónica, se han observado recortes presupuestarios en los últimos cinco años.
Lo anterior motiva a analistas de salud pública y nutrición a considerar que el gobierno no tiene la voluntad política para solventar la malnutrición en la población.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
El pasado 23 de noviembre el presidente Alejandro Giammattei anunció que ratificaría la adhesión de Guatemala al pacto por una “Gran Alianza por la Nutrición y Hambre Cero en Latinoamérica y El Caribe”, que impulsa el gobierno de Colombia con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. “Guatemala está comprometida en garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, combatir la desnutrición y la malnutrición. El acceso a alimentación es un derecho fundamental y reconocemos que los grandes desafíos de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria acentúan el ciclo intergeneracional de la pobreza y malnutrición”, dijo el presidente Giammattei. Con lo anterior, el gobierno buscaba evidenciar su intención de trabajar con otros países de la región en garantizar “la nutrición de nuestras generaciones presentes y futuras”, según lo dijo en su discurso.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
La desnutrición aguda es el resultado de pérdida de peso asociada con períodos recientes de hambre o enfermedad que se desarrollan rápidamente. Al seis de noviembre pasado, durante la semana epidemiológica 44, el país alcanzó los 20 mil 454 casos de desnutrición en niñez menor de cinco años. En el mismo período del año pasado se presentaron 3 mil 130 casos menos. Sin embargo, la cantidad de muertes es de 46 niños y para finales de diciembre podría igualar la cifra de 2020, que fue de 50, según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Las áreas de salud que más casos de desnutrición aguda moderada han reportado se localizan en Escuintla, con 2 mil 349 casos; seguido por Alta Verapaz, con 1 mil 607 y Huehuetenango, con 1 mil 220. En cuanto a los casos de desnutrición aguda severa, también lidera Escuintla, con 738 casos; seguido por San Marcos, con 555 y Alta Verapaz, con 500. Entre los programas a los que el gobierno le ha apostado para reducir la inseguridad alimentaria se encuentran los comedores sociales, sin embargo, se trata de una estrategia cuestionada por los fines clientelares con los que se ha implementado en los últimos gobiernos.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) comenzó el año con un presupuesto de Q1 mil 040 millones 698 mil 448 destinados al programa denominado "prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica" y a la presente fecha cuenta con Q903 millones 187 mil 437, una disminución de Q137 millones 511 mil, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas. Entre las actividades a las que más se les recortó presupuesto se encuentran los servicios de apoyo, con un recorte de Q155 millones 472 mil 497; la dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de cinco años, al que se le retiraron Q3 millones 757 mil 997 y dotación de micronutrientes a mujer en edad fértil, con Q2 millones 11 mil 964. “Los recortes son lamentables porque los casos de desnutrición aguda aumentaron. Implica un retroceso para la salud y nutrición de la niñez y va en contra del derecho a la alimentación. Los micronutrientes previenen la desnutrición y si se recorta el presupuesto para esto aumentarán las muertes por desnutrición”, dijo Paola Cano, nutricionista e investigadora. Por su parte, Jorge Pernillo, nutricionista y especialista en seguridad alimentaria y nutricional, comenta que la reducción presupuestaria afectará municipios donde los efectos de las tormentas Eta e Iota han sido más graves, como Izabal y Alta Verapaz. ¿Cómo afectará la reducción de fondos? En menos insumos, infecciones intestinales, diarreas y más casos de desnutrición aguda”, dijo Pernillo. Prensa Libre consultó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los motivos de los recortes presupuestarios, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
