La mitad de la población menor de cinco años tiene retraso de crecimiento, hay más de 20 mil casos de malnutrición aguda, y, en el otro extremo, el 4.9 por ciento tiene sobrepeso. Los más afectados son quienes están en áreas rurales y son indígenas. En materia educativa la desventaja también es evidente, el 40 por ciento de los niños no tienen acceso a educación prescolar, la tasa neta de educación primaria es del 49 por ciento, y en la secundaria se reduce al 26 por ciento, pero una vez más, se excluye al alumnado y comunidades pobres.
Es una realidad que está allí, que debe ser atendida cuanto antes para aprovechar ese bono demográfico en bien del desarrollo del país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) invertirá US$56 millones en el país durante el período 2022-2025, en programas de salud y nutrición, Educación, protección de la infancia, agua, saneamiento e higiene. Carlos Carrera representante del organismo internacional para Guatemala da claridad del trabajo que realizarán.
¿Por qué Unicef sigue invirtiendo en Guatemala en temas de niñez y adolescencia?
En septiembre fue aprobado nuestro plan de cooperación al país para el ciclo 2022-2025. Unicef tiene como mandato apoyar a los países en el cumplimiento progresivo de derechos de los niños.
Llevamos 70 años en Guatemala y hay avances, pero quedan retos grandes. Estamos comprometidos con la organización pública, con la sociedad en su conjunto, para avanzar en esos temas.
Los temas que se contemplan en el plan tienen un enfoque especial en la primera infancia y en la adolescencia ¿cuál es la razón?
Científicamente sabemos que el desarrollo cerebral es más intenso durante estas dos etapas de la vida: primera infancia y adolescencia.
Vimos que hay mayor necesidad de oportunidades en estos períodos, las brechas de apoyo son mayores. En la primera infancia hay poca oferta de estimulación temprana o de apoyo a los padres para que mejoren las prácticas de crianza. Se lanzó hace unos años el programa Acompáñame a crecer que todavía tiene cobertura limitada, es una oportunidad de expandir el programa en los próximos años.
Otro aspecto crítico en la primera infancia es la desnutrición crónica, que impacta todo el potencial -desarrollo físico, mental e intelectual- del niño o niña.
La adolescencia es un período especial de desarrollo del cuerpo, del cerebro, y, sin embargo, en el país es un período en el cual hay limitada oportunidades, como educación -baja cobertura en nivel secundario y diversificado-.
Allí es cuando vemos grandes diferencias entre las áreas rurales y urbanas, indígenas con no indígenas, niñas, niños y adolescentes, que mientras se tienen niveles similares de cobertura en la primaria, en la secundaria comienzan las brechas.
En formación para el trabajo también hay pocas oportunidades, como limitadas oportunidades de participación cívica, social y deportiva. También la exposición a la violencia, abuso, embarazo adolescente. Tenemos (en el programa) este transversal en la prevención de la violencia y los abusos en todas sus formas.
Es un cambio social que hay que hacer, ver a la infancia de otra manera, ver ese tesoro, esa oportunidad histórica, porque este es un momento único, el bono demográfico que solo se da una vez en la historia de cada país.
¿Los indicadores que rodean a la niñez y a la adolescencia en Guatemala, pasan por la poca inversión que se hace en este grupo poblacional?
Es ahora cuando hay que invertir, hacerlo de manera inteligente, eficiente, equitativa, priorizando a los grupos más desfavorecidos, y romper ese círculo vicioso del subdesarrollo, de la inequidad, de la pobreza. Si damos oportunidades de desarrollo, especialmente a niños y a niñas de zonas rurales, de zonas urbano- vulnerables, con toda seguridad van a alcanzar todo su potencial y tendrán una contribución más rica a la sociedad como trabajadores, como empresarios, como lideres sociales, padres de familia. Es una oportunidad histórica de trasformar a Guatemala en una sola generación.
Cómo país ¿hemos hecho lo suficiente en lo que se refiere a la inversión?
Para ser justos, no es solo una cuestión de inversión en la infancia y en la adolescencia, sino tiene que ver con el tamaño del Estado, con la capacidad de recaudación de recursos que es bastante baja, aproximadamente, el Estado recauda el 10 por ciento de PIB cada año para luego invertirlo en servicios público, es el porcentaje más bajo de toda América Latina.
El Estado en su conjunto necesita replantearse, revisar el modelo que tenemos de fiscalidad, de recaudación de impuestos, para obtener los suficientes recursos e invertir en la infancia, como una prioridad que creemos es crítica, histórica y estratégica, pero también invertir en la seguridad, en infraestructura, y otras áreas.
Si bien la inversión que el país hace en niñez y adolescencia es baja ¿ha llegado a dónde tiene que llegar?
Hay inversiones que sí son equitativas, que favorecen a las etapas más desfavorecidas, por ejemplo, la inversión en educación primaria, el programa Acompáñame a crecer que prioriza a las poblaciones rurales, indígenas, los servicios de salud más básicos de atención primaria a nivel comunitario, que generalmente favorece un poco más a los grupos más desfavorecidos que a los ricos. Sin embargo, hay otro tipo de inversiones, educación secundaria y terciaria, salud hospitalaria, que favorecen más a grupos urbanos.
Nuestro llamado es focalizar más inversión en el primer nivel de atención en salud, eso significa mayor presencia del Estado, del Ministerio de Salud, con más puestos de salud, más personal. Que no sean las comunidades las que vengan al Sistema de Salud, sino que el Sistema de Salud esté presente en las comunidades.
En el sistema educativo hay que aumentar la presencia de la educación preescolar, y educación inicial. El programa (Acompáñame a crecer) tiene una cobertura pequeña, 500 centros comunitarios. Hay que llegar a un número mayor, porque si hay 30 mil escuelas en el país, necesitaríamos un número similar de centros de desarrollo infantil. Igualmente es una inversión en modelos educativos para los adolescentes que sean adaptados a la realidad de la población rural, indígena, urbano vulnerable, que sean modalidades flexibles.
El programa de Unicef también apuesta por la protección social.
Hay evidencia científica regional y mundial de que los sistemas de protección, los programas de transferencia de efectivo a las familias más pobres y vulnerables tienen un impacto en el corto plazo de sacarlos de la pobreza extrema, pero en el medio plazo esas familias reinvierten muy bien esos recursos en nutrición, educación, en inversiones productivas que mejoren los ingresos.
Si se mantienen las transferencias de efectivo a una familia pobre durante un período suficiente, la evidencia científica no es que genere dependencia sino todo lo contrario, logra que esa familia salga de la pobreza por sus propios medios.
Es necesario que en Guatemala exista un sistema de protección social que apoye a las familias más pobres y vulnerables especialmente con menores de cinco años, un grupo crítico con altas tasas de desnutrición crónica, debido en parte a esa la falta de ingresos, inseguridad alimentaria, acceso a agua y saneamiento. La gran Cruzada Nacional por la Nutrición recoge estos elementos.
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En Guatemala el 44 por ciento de la niñez es indígena, ¿enfocarse en ellos es vital para poder avanzar en esta agenda de país?
Es imprescindible que se priorice a los niños, niñas y adolescentes indígenas por razones obvias, los indicadores sociales de malnutrición, de cobertura escolar, de pobreza, de embarazo adolescente, acceso al agua y a los servicios en general, son más altos en estos grupos que en el resto del país.
Por cuestión de equidad hay que dar prioridad a estos grupos, pero no es solamente cuestión de dónde, hacia quién y en qué servicios invertir, sino cómo lo hacemos, y hay que hacerlo de una manera respetuosa y adaptada a la realidad cultural, lingüística, histórica de cada pueblo, de cada comunidad. Es el Estado el que tienen que adaptarse a las comunidades y no las comunidades al Estado.
Tras casi dos años de pandemia, ¿cuáles serán los retos para poner en marcha el programa que plantea Unicef?
La pandemia ha traído muchos retos y dificultades, aprendizajes, que tenemos que aprovechar. Entre los retos en la niñez el principal es la interrupción de las clases presenciales. Sabemos que habrá un impacto en el atraso de los aprendizajes, además, hay otros potenciales impactos como la probabilidad de abandono escolar, sobre todo en la adolescencia.
Las escuelas además del rol pedagógico tienen un papel de protección de los niños y de socialización, que mejoran el estado emocional y la salud mental, sus habilidades sociales se están perdiendo, mayor riesgo de violencia, esto nos preocupa.
Hay impacto en la economía de los hogares, el año pasado el gobierno puso en marcha el programa de bono familia, que apoyamos.
El peor momento pasó y continúa una situación complicada para muchas familias, que se agravó con otros fenómenos como Eta e Iota. Consideramos que es importante que el Estado amplie y fortalezca los programas de protección social, transferencias de efectivo, para mitigar los impactos de la pandemia y de otros fenómenos que se dan, que estas familias puedan generar capital humano, tener resiliencia frente a futuros choques ambientales o de crisis de salud como esta, y que tengan capacidad de tener sus propios ingresos y mejor desarrollo.
¿Cómo garantizar que las propuestas que presentan lleguen a la población más necesitada?
Hemos llamado a poner a los niños de primero, no solamente porque seamos Unicef sino porque estamos seguros de que es esencial para mantener el bienestar y el futuro del país. Se necesita ese compromiso, voluntad política del Ejecutivo, pero también de poderes claves como el Legislativo, para apoyar con iniciativas legislativas, con el diseño del presupuesto que de financiamiento a programas de primera infancia, de adolescencia, protección social, salud, educación, nutrición.
Como Unicef estamos apoyando al Ministerio de Finanzas, a Segeplan, en diseñar la implementación de la Gran Cruzada por la Nutrición. Es una excelente estrategia, pero lo que necesita es cómo concretar las ideas, qué más hacer o diferente a lo que venimos haciendo. Apoyando en ese proceso técnico, definir esas actividades, cuánto recurso humanos y material requiere, cuánto es la inversión del Estado, y acompañarlos en buscar los recursos.
¿A cuánto asciende el apoyo que Unicef darán al país en estos cuatro años?
Nuestra proyección es de US$56 millones, una parte va en atención directa a la puesta en marcha de programas, de servicios. Buena parte va a fortalecer al propio Estado, fortalecer las capacidades a nivel central, poder legislativo, poder judicial, a los gobiernos locales, municipales, para que cumplan su rol y obligación de promover, respetar y hacer cumplir los derechos de la infancia.
¿Cómo visualizan a Guatemala para el 2025 tras este apoyo?
Hay que ser realista, no todos los problemas históricos del país se pueden solucionar de un plumazo, pero consideramos que se pueden hacer cambios sustanciales en cuatro años.
Por ejemplo, se puede aumentar de manera radical la cobertura de los servicios de educación de primera infancia, consolidar una estrategia de Estado en la lucha contra la desnutrición crónica, los pilares están den la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, vamos a apoyar a que haya claridad en qué responsabilidades tiene cada institución, cuánto recurso requieren.
Si logramos tener claridad en eso, y compromiso de todos los actores sociales, aunque haya cambio de gobierno, el siguiente apoyará la política de Estado, eso sería un gran paso adelante en la lucha contra la desnutrición crónica, y se pude ver una mejora sustantiva en cuatro o cinco años.
También es posible que haya una reforma fiscal, que como país se discuta sobre el modelo de Estado que se requiere y cuáles son esos servicios públicos que tienen que ser universales y de calidad.
El sistema de justicia y de protección puede mejorar y que todos los municipios del país pueden dotarse de sistemas de desarrollo de protección de la infancia.
Puede haber avances en el acceso de agua y saneamiento porque parte de la inversión pueden hacerla los municipios y las familias en las comunidades. No hay que esperar que el Estado venga a solucionarlo, sino es más de sensibilizar y apoyar a las familias y las comunidades para que inviertan sus propios recursos.
Son cambios factibles. Guatemala tiene los recursos, la capacidad, la creatividad, es de decidir hacerlo y ponerlo en marcha.
