La tragedia que envuelve al país desde el martes último, cuando un incendio acabó con la vida de 19 adolescentes, entre 14 y 17 años, en una habitación del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y que causó que otras 21 fallecieran en el transcurso de la semana —40 en total—, refleja el grado de desprotección que afecta incluso a quienes están bajo la tutela del Estado.
Las víctimas del siniestro, así como otros menores albergados en ese y otros hogares que existen en el país, han sido recluidos por orden de un juez, luego de que sus derechos han sido vulnerados. Algunos han sido objeto de maltrato físico y psicológico, violencia sexual, abandono o descuido de sus padres o familiares.
A esta situación se suma que instituciones obligadas a garantizarles protección no han cumplido con ese deber.
Además, los niños y adolescentes en Guatemala crecen en un entorno donde el Estado destina pocos recursos para la educación, salud, recreación y desarrollo humano.
Tan solo el 3.4 por ciento del producto interno bruto se destina a inversión pública, para un grupo de cerca de siete millones de niños y adolescentes, según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Plan Internacional.
Agresiones sexuales
En un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se indica que en el 2016 el Inacif practicó cuatro mil 990 exámenes, en niños y adolescentes, por violencia sexual.
“Los datos reportados por el Inacif en los peritajes realizados por violencia sexual muestran la gravedad de estos actos. En el 2016 disminuyeron los peritajes, pero continúa un promedio de 61 —casos— por mes en primera infancia, y no hay que olvidar que entre 2013 y 2014 hubo un aumento de 137 por ciento”, destaca el estudio.
El documento agrega que de los niños de 7 a 12 años, el promedio mensual de evaluaciones en el 2016 es de 105.
Para las adolescentes, pese a la baja, la situación es alarmante, ya que se mantiene un promedio de 250 análisis por mes.
“Cabe recordar que entre 2013 y 2014, el número de peritajes realizados por violencia sexual aumentó 20 por ciento, aunque entre 2014 y 2015 disminuyó un 7 por ciento”, señala.
La PDH indica en el documento que “una de las graves consecuencias de la violencia sexual son los embarazos en las niñas y adolescentes, hecho que afecta gravemente, no solamente su salud física y psicológica, sino que a largo plazo se da la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la pobreza, porque las vidas de las niñas y adolescentes madres son afectadas por la falta de oportunidades para continuar con su educación, lo que incide en poca formación profesional y por consiguiente en la posibilidad de tener un empleo que le permita mejorar las condiciones de vida para ella y su hijo o hija”.
Agrega: “Afecta además la forma en que las niñas y adolescentes madres se relacionan con su hijo o hija. El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) indica que los equipos que trabajan en el programa de orientación a madres y padres en conflicto con su parentalidad han detectado que la pobreza y el abuso sexual inciden para que las mujeres rechacen a sus hijos e hijas y quieran darlos en adopción”.
De enero al 19 de noviembre del año pasado, el Ministerio de Salud registró cuatro mil 662 casos de menores de 14 años embarazadas —41 niñas de 10 años y 91 de 11—.
El Registro Nacional de Personas (Renap) registró dos mil 504 nacimientos, de madres comprendidas entre los 10 y 14 años, durante el 2016.
Pobreza agobia
Según la Encuesta Nacional de Salud Materna Infantil 2014-2015 (Ensmi), una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años ya ha sido madre o está embarazada. En el área rural es una de cada cuatro.
La Ensmi señala que la maternidad en la adolescencia también se asocia con el nivel de pobreza y la educación.
“El riesgo de una adolescente de quedar embarazada es siete veces superior en las mujeres sin educación, en comparación con aquellas que tienen educación superior, y de tres veces superior cuando se relaciona a las mujeres del quintil inferior de riqueza con las del quintil superior”, indica.
En cuanto al maltrato infantil, el Inacif efectuó mil 122 análisis por lesiones relacionadas con maltrato, en el 2016, de las cuales 528 se practicaron a niños.
Según la PDH, del 2013 al 2016, de los exámenes hechos a niños de entre 0 y 12 años, el promedio es de 41 por ciento, que corresponde a menores entre 0 y 6 años. En cuanto a mujeres adolescentes, el promedio representa el 67 por ciento.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia efectuó una supervisión administrativa para determinar la aplicación del decreto 8-2015, que reformó los artículos 81 y 82 del Código Civil, respecto de la edad mínima para contraer matrimonio y que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2015. En el monitoreo, el Renap reportó que del 1 de agosto del 2015 al 26 de noviembre del 2016 registró cuatro mil 742 matrimonios de adolescentes menores de 18 años, entre quienes se cuentan dos niñas de 12 años, 12 de 13; 333 de 14; 836 de 15 y mil 554 de 16 años, con lo cual se evidencia que se incumple la Ley. Eso sin tomar en cuenta la gran mayoría de uniones de hecho.
La educación es un derecho, pero Icefi indica que la baja inversión en educación pública ha condicionado para muchos la oportunidad de asistir a la escuela.
Se estableció que en el 2015 poco más de la mitad de población en edad escolar está excluida del sistema —unos 3.6 millones de niños y adolescentes—.
Estadísticas del Ministerio de Educación indican que la tasa neta de escolaridad en preprimario ese año fue de 47.76%; en primaria, 80.42%, en básicos, 45.89%, y diversificado, 23.99%.
