Pero sin importar el nivel de alerta en que se encuentre el país, el descuido de las reglas es evidente. Basta con ir a mercados, restaurantes, bares, centros comerciales o subir al transporte público para verificar que los protocolos sanitarios no se siguen al pie de la letra. Las autoridades sanitarias tampoco tienen la capacidad para hacerlos cumplir.
Desde que se estableció el sistema de alertas al 13 de noviembre del 2021, la Unidad Multisectorial del Ministerio de Salud realizó 547 inspecciones sanitarias a comercios, según una solicitud de información pública hecha a la cartera.
De las diligencias realizadas se reporta 81 sanciones a discotecas, restaurantes, cafeterías, cervecerías, cantinas y bares por incumplimiento de protocolos sanitarios para prevenir el covid-19. Las sanciones fueron pago de multas y cierres temporales. No se específica cuál fue el monto que desembolso cada comercio ni el tiempo en que debieron suspender actividades.
Pese a que el sistema de alertas entró en vigencia en la última semana julio del año antepasado a través del acuerdo ministerial 187-2020, fue cuatro meses después que el Ministerio de Salud comenzó a realizar las inspecciones.
El reporte señala que el 59 por ciento de las sanciones se impusieron en julio, septiembre y octubre del 2021.
También evidencia el escaso personal que Salud tiene para verificar que las medidas establecidas en el sistema de alertas sean acatadas por los establecimientos. En las 547 supervisiones, que se desarrollaron en un período de 10 meses, estuvieron involucrados únicamente tres inspectores. De esa cuenta, cada uno habría hecho cuatro diligencias a la semana aproximadamente.
La cantidad de inspecciones, así como de personal para hacerlas, no son suficientes si se toma en cuenta que la reapertura del país lleva meses y que la población ha caído en un relajamiento de las medidas para contener la propagación de la epidemia, pese a la amenaza de variantes como delta y ómicron, está última 70 veces más transmisible.
Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, menciona que el tema de la supervisión, control y monitoreo del cumplimiento de los protocolos debió ser desde el principio una parte integral de la respuesta a la pandemia como país, sin embargo, es débil, y estas acciones pareciera que funcionan sin una estrategia definida y se llevan a cabo en negocios y comercios al azar. Algo lamentable, más aún cuando el país está ante una cuarta ola de contagios.
¿Cambios en el semáforo?
El Sistema de alertas sanitarias quedó vigente a través del acuerdo ministerial 187-2020, el cual menciona que la incidencia de casos confirmados covid-19 por cada 100 mil habitantes, el porcentaje de pruebas positivas y el número de pruebas por cada mil personas, son los parámetros a tomar en cuenta para medir el nivel de alerta en cada municipio. Sin embargo, con el bajo testeo que ha persistido durante la pandemia es difícil conocer a ciencia a cierta el comportamiento del virus en cada territorio.
Dicha normativa también señala que “conforme la evolución de la epidemia covid-19 avance y nuevas evidencias científica se conozca tanto los indicadores, parámetros, así como las restricciones para prevenir y mitigar el contagio de covid-19 podrán ser modificados bajo la rectoría del Ministerio de Salud”.
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Mientras que la ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia Covid-19, aprobada el pasado en septiembre pasado, en el artículo 32 inciso 7) da la directriz de “actualizar el semáforo epidemiológico para dar certeza a la información sobre la situación del covid-19 en cada localidad”.
Calderón menciona que desde agosto pasado hicieron la observación de que dicha herramienta debe modificarse para estar acorde a la realidad nacional, pues deja afuera indicadores importantes como la ocupación hospitalaria y la cantidad de personas que son rechazadas para hacerse el hisopado, ya sea porque no hay disponibilidad de pruebas o porque no encajan en el cuadro de síntomas para realizar el test, pues esto acercaría al número de casos que no se diagnostican.
“Es urgente y necesario que ante esta cuarta oleada que nos está afectando el Ministerio de Salud urja con la actualización de los indicadores que conforman el semáforo y con eso tener una herramienta que esté más apegada a la realidad de lo que enfrentamos”, dice Calderon, pues el mismo se ha convierte en un resumen de datos de la pandemia.
Por su parte, esta semana el ministro de Salud, Francisco Coma, dijo en distintos espacios que, a diferencia de otros países, Guatemala tiene un sistema de alertas y el semáforo que le ha permitido hacer frente al covid-19, y que trabajan en su actualización.
“Tenemos un sistema de alertas que es valioso. Nos ha permitido, sin coartar la libertad económica y de movilidad, mantener la pandemia relativamente bajo control, por lo que debe seguir rigiendo” en el país, mencionó el domingo pasado durante la inauguración del puesto de vacunación en la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Se debe tener presente que el semáforo epidemiológico define el momento del regreso de los estudiantes a las aulas. Según establece el Acuerdo Ministerial 6-2022 publicado el último lunes, los establecimientos educativos que se encuentren en municipios en el alerta anaranjada y amarilla pueden adoptar la modalidad hibrida -aprendizaje presencial y desde casa-.
Dado que a partir de esta herramienta se toman decisiones importantes como el retorno a la presencialidad, es que Calderón ve la urgencia de actualizar el semáforo epidemiológico, cuando el país enfrenta la amenaza de ómicron.
El semáforo publicado el fin de semana muestra a 31 municipios en alerta roja, 79 en naranja y 230 en amarilla.
