Se trata de una estrategia para avanzar hacia la prosperidad por medio de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento democrático, la gobernanza y la seguridad ciudadana; además, determina que el Gobierno de EE. UU. deberá publicar una lista con los nombres de todos los funcionarios y personas individuales implicadas en actos de corrupción.
“La corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras por ciudadanos privados y funcionarios selectos en gobiernos locales, regionales y federales importantes daña considerablemente las economías de esos países y priva a los ciudadanos de oportunidades”, refiere el documento que fue publicado este lunes 21 de diciembre.
El documento establece que más tardar en 180 días el presidente de EE. UU. deberá presentar al Congreso un informe clasificado que identifique a personas que hayan participado en actos de corrupción u obstrucción de las investigaciones en casos de corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión.
Además, de quienes hayan facilitado transferencias de ingresos producto de la corrupción, “incluso mediante blanqueo de capitales”, y quienes hayan cometido actos de violencia, acoso o intimidación en contra de investigadores de casos corrupción.
Con base en lo anterior, el presidente deberá imponer las sanciones correspondientes, que van desde la publicación del litado con los nombres de corruptos y corruptores, hasta la denegatoria o cancelación de visa para ingresar a EE. UU.
Álvaro Montenegro, integrante de Alianzas por las Reformas, dijo que el planteamiento del Congreso estadounidense “puede tener repercusión de cara la elección de Corte de Constitucionalidad (CC), donde hay muchos actores políticos y económicos cuyo fin es la impunidad”, por lo que, a su criterio, sería oportuno que se sancionara a personas vinculadas a ese proceso, “porque es de interés regional y hay un gran riesgo de que sea cooptada por el crimen organizado”.
Montenegro agregó: “el tema de este año va a ser ese -elección de CC- si vemos los antecedentes que se han sancionado a personas relacionadas con el sector justica con casos como Gustavo Alejos, Sinibaldi, Blanca Stalling, Felipe Alejos que han tenido gran influencia dentro de las cortes, por lo que podríamos pensar que un proceso de elección de CC hay muchas personas que están intentando cooptarla por lo que será deseable que algunas de las sanciones fueran en esa vía”.
Otros temas
La estrategia que plantea el Congreso incluye la revisión de otros problemas que afectan a los tres países, muchos de los cuales se deben a los actos de corrupción cometidos por funcionarios, pues eso merma la calidad de vida de los ciudadanos.
Por lo anterior, se señalan puntos de referencia anuales para dar seguimiento a la estrategia, que incluyen en primer punto la reducción de la migración irregular desde la región hacia Estados Unidos.
Para lograr ese objetivo se señala que se debe avanzar en áreas clave como la reducción la pobreza y el desempleo, aumentar la inversión del sector privado, solucionar las necesidades humanitarias, reinserción de deportados y apoyo a la conservación y la resiliencia comunitaria.
Expertos aseguran que las inversiones extranjeras y el apoyo financiero proveniente de países como EE. UU. muchas veces depende de cómo las naciones se enfocan en la lucha contra la corrupción, por lo que espera que con estas advertencias ese flagelo disminuya de forma considerable.
¿Cómo combatir la corrupción?
- Fortalecer la capacidad de los sistemas de justicia y procuradores generales para identificar y perseguir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
- Fortalecimiento de fiscalías especiales, oficinas e instituciones financieras para hacer decomisos y análisis penales para combatir la corrupción, blanqueo de capitales, delitos financieros, extorsiones y delitos contra los derechos humanos.
- Procesos transparentes de selección de fiscales y jueces basada en méritos.
- Mejorar mecanismos anticorrupción para la Policía y el poder judicial, mediante asistencia bilateral y complementaria.
- Promover la gobernabilidad democrática, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales a nivel local y nacional para dar respuesta a las necesidades ciudadanas a través de procesos inclusivos y democráticos.
- Fortalecer el acceso a la información, leyes y leyes de reforma que actualmente limitan ese derecho.
- Desarrollar la capacidad de medios de comunicación para participar en investigaciones profesionales.
- Fortalecimiento de las instituciones electorales y de los procesos para garantizar la libertad, la equidad y la transparencia en elecciones.
