“Los 31 hogares privados cuentan con equipos multidisciplinarios para atender a la población abrigada. Sin embargo, la falta de traslado oportuno de expedientes por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), especialmente médicos, psicosociales y educativos, hacia los hogares a donde fueron reubicados los niños y adolescentes, ha causado dificultades para el abordaje especializado y asertivo”, dijo Zepeda.
Agregó que además de afectar el seguimiento de cada caso, da lugar a la revictimización de los menores que tuvieron que ser reevaluados.
Gabriela Tuch, defensora de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), indicó que para un menor que se encuentra en un hogar de abrigo y protección es importante y necesario que se le faciliten todos los medios para construir y continuar con su plan de vida individual.
¿Hogar Seguro?
“Si el hogar donde se encuentra el niño o adolescente, derivado de una medida de protección dictada por un órgano jurisdiccional, no cuenta con el expediente que contenga toda su información se dificulta que pueda continuar con su educación, que se le brinde una atención especializada y acompañamiento psicológico atendiendo la causa por la cual se dictó la medida. Posteriormente se dificulta que pueda reintegrarse a su círculo familiar y social”, señaló Tuch.
El CNA resaltó que los hogares privados financian sus programas con fondos propios, pero es necesario que la SBS, en coordinación con otros ministerios e instituciones, retome las responsabilidades en cuanto al acogimiento residencial.
“También en programas de prevención, fortalecimiento familiar y cuidados alternativos para garantizar el derecho de los menores a crecer en un ambiente familiar y que la institucionalización no sea prolongada con la finalidad de no afectar su desarrollo integral”, dijo el vocero.
Según Zepeda, no se encontró hacinamiento en los hogares privados, pero el Consejo ha recomendado no exceder sus capacidades de atención, físicas y de personal, para que todos los menores abrigados se encuentren en condiciones de dignidad y se beneficien de los programas de atención que implementan.
Añadió que la mayor dificultad que tienen los juzgados está en ubicar a los adolescentes, ya que en su mayoría los hogares privados tienen un perfil de ingreso de niños de 0 a 12 años.
Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, señaló que debido a que se hace énfasis en la desinstitucionalización de menores, los jueces evitan enviarlos a hogares. Pero cuando hay casos de violación sexual o donde la vida del menor corre riesgo sí debe ser enviado a un albergue, allí hay problemas porque los hogares privados en su mayoría están llenos, además de que estos trabajan con cooperación y ayuda internacional.
“Cada uno de los hogares privados tiene una limitación en cuanto a los casos que puede atender, tanto para adolescentes hombres o mujeres, entonces tenemos un colapso de protección a nivel de onegés porque ya no hay capacidad para seguir atendiendo a más”, indicó.
Se solicitó información a la SBS sobre la razón de por qué no se han remitido los expedientes, sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.
