El motivo del atraso es porque las autoridades de Salud se niegan a compartir una copia del contrato a la Fiscalía contra la Corrupción, quien tiene a su cargo la investigación desde los primeros días de mayo.
El pasado viernes la ministra Amelia Flores fue denunciada penalmente por la Contraloría General de Cuentas (CGC) por esta misma razón, ya que se excusan en el supuesto convenio de confidencialidad para dar detalles de la compra.
La fiscalía inició de oficio las pesquisas luego que se hiciera público que el Ministerio de Salud firmó el contrato para la obtención de las 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con una empresa privada y no con el gobierno de Rusia.
Para ello, el gobierno guatemalteco hizo un desembolso del 50 por ciento del pago total a inicios de abril, es decir Q614.5 millones para las primeras 8 millones de dosis. Aunque la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que con ese negocio recibirían pronto el primer lote de dos millones de vacunas, tres meses después Guatemala apenas ha recibido 350 mil.
Pese a las presiones de diputados, de la Contraloría General de Cuentas y del Ministerio Público, Salud se niega a presentar una copia del contrato, excusándose en el supuesto convenio de confidencialidad firmado y que tampoco se ha hecho público.
La fiscal contra la Corrupción, Aura Marina López, explicó que las autoridades de Salud se han negado a dar esta información. Como parte de las pesquisas, el MP le ha solicitado a esta cartera copia de los documentos de pago y soporte del contrato, el cronograma de entrega de las vacunas, información de la empresa Human Vaccine, información de las negociaciones y las personas encargadas de estas negociaciones.
Asimismo, la CGC también inició una auditoría bajo petición del MP.
Sin embargo, hasta el momento Salud solo ha entregado a la Fiscalía contra la Corrupción un informe circunstanciado y copia del CUR (Comprobante Único del Registro) donde se hizo el pago de los Q614 millones. “El contrato es bien importante y es clave en este caso, tienen obligación de darlo porque si no se solicitará bajo orden judicial para que lo entreguen”, indicó López.
La denuncia que el MP inició de oficio dice: “La adquisición de vacunas para evitar el contagio de covid-19 se encuentra reglamentada por el decreto 1-2021 estableciendo que la adquisición de dosis se debe de hacer directamente con el fabricante, por lo que la ministra de Salud, abusando de su cargo suscribe el contrato con la entidad Human Vaccine, que es un intermediario entre el fabricante de la vacuna Sputnik V, violentando con eso el artículo 4 del decreto 1-2021 Ley para el Financiamiento para la adquisición de vacunas contra el coronavirus -19 y dicho contrato no es beneficioso al Estado de Guatemala”.
A decir de la fiscal, no es justificable la postura que ha tenido el ministerio frente a otras instituciones del Estado al no querer dar información del contrato por supuestas cláusulas de confidencialidad. “Con nosotros no cabe esa excusa, nosotros queremos el contrato para temas de investigación”, agregó.
López indicó que de seguirse negando a dar esta información, lo solicitarán por orden judicial.
Delito tras delito
Tres meses después de haber sido firmado, el contrato con Human Vaccine sigue siendo desconocido para muchas autoridades del Estado, lo que genera dudas de su ilegalidad. Incluso, el Procurador General de la Nación (PGN), José Luis Donado, dijo no conocerlo pese a que él es el representante legal del Estado.
El canciller Pedro Brolo también dijo que no conocía las cláusulas del contrato, aunque él fue el enviado de la Presidencia para renegociarlo en su reciente viaje a Rusia. Esto lo dijo bajo juramento en una citación realizada por la Comisión de Previsión Social del Congreso.
La fiscal contra la Corrupción no indicó si las pesquisas alcanzan a otros funcionarios de gobierno, aunque tampoco lo descartó.
David Gaitán, abogado y exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), explicó que ocultar este contrato es un absurdo y puede caer en los delitos de retención de información pública y obstaculización a la acción penal.
“Que se le niegue al MP este documento es la comisión de un delito tras otro y lo lamentable es que sea la ministra la sacrificada y no el Presidente de la Republica ni el Procurador General de la Nación que no han hecho su trabajo de declarar la lesividad del contrato”, dijo Gaitán.
El abogado explicó que el acuerdo con Human Vaccine no puede ser declarado confidencial y aunque así fuese, ese convenio de confidencialidad debe ser público para conocer las razones de haberlo declarado secreto. Pero ambos documentos no existen a la luz pública.
“Es injustificable que el Ministerio de Salud diga que un acuerdo de esa naturaleza pueda ser declarado confidencial, eso es absurdo. Pero además de ser información pública, no lo pueden ocultar a los diferentes entes del Estado como el MP, eso es ilegal”, aseveró.
