La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, afirmó que “hubo un grupo de sindicalistas que bajó los flipones, poniendo en riesgo el cuarto frío donde se encuentran las vacunas”.
Añadió que los interruptores fueron “subidos casi inmediatamente”, pero se tomó la decisión de denunciar el hecho porque se afectaron bienes del Estado.
La funcionaria informó que se presentaron otras denuncias porque hubo casos de agresiones e intimidaciones contra directores de áreas de Salud que querían prestar servicios.
Luis Alpírez, secretario general del Frente Nacional de Lucha, manifestó: “Primero, no tenemos conocimiento; segundo, no fue una indicación nuestra”.
“Así de categórico, esto no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento reivindicativo que nosotros estamos llevando a cabo”, aseguró.
Agregó: “Lo que quieren es penalizar el conflicto. Están inventando cualquier patraña para penalizarnos a nosotros como dirigentes o a los trabajadores que legítimamente estamos haciendo resistencia de cualquier manera para reivindicar nuestros derechos”.
“No quiero opinar más sobre esto. Si la ministra tiene pruebas que las presente. Esta es una estrategia que utilizó Mariano Rayo —exministro de Salud—, de quien ella está recibiendo asesoría directa”, aseguró el líder sindical.
La ministra aseveró que durante las semanas del paro estuvieron abiertos al diálogo, pero los representantes sindicales no se acercaron.
Agregó que se han levantado actas administrativas, se han hecho llamadas de atención y en algunos casos podría haber destituciones, aunque no precisó la cantidad.
La funcionaria detalló que han hecho auditorías de nómina y han identificado que algunas personas no se encontraban en el lugar de trabajo y es contra estas que se siguen los procesos disciplinarios.
700 mil consultas menos
Las medidas de los sindicalistas de Salud surgieron luego de que el Ministerio accionó en contra de varios artículos del pacto colectivo que considera lesivos. Aunque la derogación no afectaría directamente los beneficios adquiridos para la mayoría de trabajadores, surgió desinformación y muchos se opusieron al cambio y apoyaron los paros en los servicios.
Durante las cinco semanas que estos duraron, el Ministerio de Salud calcula que se dejaron de prestar unas 700 mil consultas a la población guatemalteca.
Pese a las cifras, la ministra del ramo, Lucrecia Hernández, explicó que las emergencias sí funcionaron y que la paralización de los servicios no habría ocasionado la muerte de ninguna persona en busca de auxilio.
