Monzón explica en su informe, del 21 de febrero pasado, que al comparar el concurso adjudicado con una cotización que él obtuvo de la empresa Data Logic System, se puede determinar que hay una diferencia de Q934 mil.
“Los documentos se adjuntan para su consideración y que se tomen las medidas correspondientes por parte del Congreso, o bien que se hagan las averiguaciones respectivas y, en caso de haber algo anómalo, se deduzcan responsabilidades a quienes corresponda”, Monzón en el informe.
La cotización establece que la impresora SCP60 Mühlbauer que adquirió el Renap tiene un valor de Q1.5 millones, la instalación e implementación tiene un precio de Q350 mil y el soporte anual Q290 mil, que en total suma Q2 millones 140 mil.
El representante del Congreso explicó que el día en que tomó posesión del cargo —13 de febrero último—, la sesión del Directorio comenzó con la propuesta de Rudy Pineda, presidente del ente colegiado y representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de adquirir por compra o arrendamiento una impresora industrial con sistema integrado para la personalización de las tarjetas inteligentes.
En esa misma sesión, el magistrado del TSE Julio Solórzano —suplente ante el Renap— explicó en una pizarra que había cinco escenarios, y uno de ellos era comprar un equipo que tiene un valor aproximado de Q12 millones. Monzón obtuvo otra cotización de esa impresora y advirtió en el informe de que su precio era de Q5 millones 642 mil; es decir, Q6 millones 358 mil menos. Esa compra ya no se hizo.
Causa dudas
El Renap subió a Guatecompras la manifestación de interés para adquirir el equipo integrado el 2 de diciembre del 2016. La presentación de ofertas se hizo el 7 de diciembre de ese año, a las 10.30 horas, y se cerró 30 minutos después. Al día siguiente, el Directorio aprobó lo actuado por la Junta para adquirir la impresora.
La autorización para la compra del equipo tiene las firmas de Pineda, del ministro de Gobernación Francisco Rivas y de Mario Sosa, el anterior representante del Congreso.
Marvin Orellana, del bloque Alianza Ciudadana y tercer vicepresidente del Congreso, dijo estar sorprendido de que hayan licitado la impresora y que luego la adjudicaran asumiendo que solo existía un oferente en Guatemala.
La personalización de la tarjeta del DPI debe ser anverso y reverso, y en un mismo proceso.
Debe imprimir 80 tarjetas electrónicas por hora.
Actualmente imprime 54 tarjetas por hora.
El equipo fue instalado en la sede central del Renap. La implementación incluye capacitación a operadores.
La impresora debe contar con una herramienta especial con la que las imágenes, especialmente de características humanas distintivas, pueden ser verificadas.
El Renap recibió de Easy Marketing tres impresoras industriales, con la que se podrán imprimir 18 mil tarjetas diarias.
La impresora que adquirió el Renap tiene un valor de Q3 millones 74 mil y fue comprada a la empresa Dosolid.
La impresora tendría un sobreprecio de Q1 millón en comparación con una cotización presentada por la empresa DataLogic, que la ofreció a un monto de Q2.1 millones, Q934 mil menos que la adjudicada.
“Con el informe del delegado nos damos cuenta de que hay una impresora más barata y sorprende aún más porque antes que la empresa Easy Marketing entregara las impresoras al Renap, la directora interina de esa institución, Brenda Gramajo, solicitó a la Directiva del Congreso que le autorizáramos la compra de otra impresora, por lo que cuestionamos al Directorio del Renap porque ellos deben velar por los intereses del Estado”, explicó Orellana.
El consultor de Acción Ciudadana Edie Cux calificó el caso de preocupante, porque se está frente a una práctica de la cual la población ya está cansada, y que también afecta derechos fundamentales.
“Si la impresora está sobrevalorada, habría que analizar cómo interviene la Contraloría para determinar el gasto público y si existen posibles actos de corrupción, como delitos”, dijo Cux.
Niegan señalamientos
Funcionarios del Renap indicaron en una reunión con Prensa Libre que la adquisición del equipo integrado llenó todos los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado.
Agregaron que enviaron solicitudes al Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de Guatemala y Superintendencia de Administración Tributaria para tener información sobre qué empresas podrían distribuir dicho equipo. Las últimas dos no respondieron, y el INE indicó que no tenía dicha información.
Los funcionarios indicaron que Dosolid les dio una carta firmada por Julio César Hernández, quien certifica que la única empresa con permisos para ofertar equipos de Mühlbauer en Guatemala son ellos. Sin embargo, al menos en febrero del 2016, Data Logic System sí tenía esa representación.
