Se prevé que ponerse al día en la entrega del plástico e imprimir la demanda normal le llevará al Registro 32 días más.
La entrega fue parte del proceso de recepción parcial, para poner fin a los contratos con los que se identificó a 12 millones de guatemaltecos.
Durante la recepción de los equipos hubo un momento incómodo entre los directivos de Easy Marketing y los coordinadores del proyecto de recepción del Renap que llegaron para obtener las impresoras.
La representante de la firma, Claudia Marín, solicitó que se hiciera la entrega total al Renap, debido a que es un sistema integral; no obstante, los representantes del Registro querían por el momento tomar control solo de impresoras, para así configurarlas.
Tras una hora de discusión y el ultimátum de Mónica Fortín, de la Contraloría General de Cuentas, Easy Marketing aceptó entregar las impresoras, siempre que todo fuera bajo responsabilidad del Renap, ya que en ese momento los equipos estaban en total funcionamiento.
También hubo discusión porque la firma no entregó dos fianzas: la conservación del 15 por ciento de los contratos, equivalente a US$17 millones 873 mil 250 —unos Q131.9 millones—, y una por deuda, del cinco por ciento, por US$5 millones 957 mil 750 —unos Q43.9 millones—.
Citada al pleno
Ronald Arango, diputado del bloque Todos, dijo que para el 14 de marzo está citada al pleno la directora ejecutiva del Renap, Brenda Gramajo, y a las preguntas se sumarán otros legisladores.
“Se busca dilucidar la responsabilidad que ella tiene en el atraso de más de 500 mil DPI que no han emitido. Ellos estuvieron atrasando la entrega porque no querían terminar el contrato con Easy Marketing. De ser necesario se solicitará al Directorio que destituya a Gramajo de la Dirección Ejecutiva”, advirtió Arango.
Acciones legales
- Tanto el Renap como Easy Marketing calculan que la finalización de los contratos no será amistosa.
- El Renap ha presentado dos denuncias en contra de Easy Marketing: la primera en el Juzgado Sexto Penal, por atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública, y la segunda, por atentar contra la seguridad nacional.
- La entidad no descarta que se presenten denuncias penales derivadas del contrato, ya que existen contradicciones con las bases de licitación.
