Es del 50% del total de establecimientos educativos públicos del país se encuentran en ese impase legal, de unos 34 mil edificios que tiene a su cargo la cartera de Educación.
Los terrenos que ocupan esos planteles educativos, en su mayoría, son producto de donaciones de palabra que los propietarios hicieron a la comunidad, con el interés de que funcionara una escuela en el lugar, pero pasado el tiempo familiares de esos donantes han empezado a reclaman las tierras, por lo que de ellos depende que los establecimientos sigan ocupando esos espacios. En otros casos solo hay derecho de uso, pero no existe una transferencia de la propiedad al Estado.
De acuerdo con el diputado Luis Fernando Pineda, al 2018 había escuelas en 17 mil 186 predios sin legalizar, según datos del Departamento de Bienes Inmuebles, Dirección de Planificación (Diplan) del Mineduc. La información surgió durante una citación el pasado 2 de marzo con autoridades del ministerio.
A la fecha la cifra no tendría mayor variación, pues menciona que al año se resuelven únicamente entre 30 y 40 casos.
“A ese ritmo tardaríamos más de 400 años en legalizar todos los inmuebles en los que funcionan escuelas. Actualmente solo hay 26 abogados del Mineduc en todo el país a cargo de esto”, refiere Pineda.
Agrega que no se puede invertir en estos establecimientos porque lo prohíben las normas presupuestarias, solo se puede hacer pequeñas remodelaciones a través del programa de reparación de escuelas. Si bien la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tiene fondos para construir mejores edificios, no puede invertir en predios que no estén adscritos a favor del Estado y en particular del Mineduc.
“Pareciera que al ministerio no le interesa, prioriza otras cosas como gastar millones en un seguro médico escolar que ha sido criticado y descuida temas que son problemas estructurales y de fondo para mejorar la calidad educativa y que los niños tengan mejores condiciones para estudiar”, indica.
Dilema sin resolver
Héctor Canto, exviceministro Técnico del Mineduc, dice que este es un tema complejo de resolver, pues se carece de una escritura pública que le otorgue al ministerio el dominio sobre los inmuebles para poder invertir. Recuerda que durante el tiempo que estuvo en la cartera eran 18 mil los terrenos que estaban en esa situación.
Durante su gestión (2016-2019) se conformó una mesa técnica para analizar una ruta que diera solución al problema. Se llegó a la conclusión de trabajar la legalización de los predios de manera regional, a nivel municipal.
“Es más fácil que participen los alcaldes municipales, los Consejos Departamentales de Desarrollo y Consejo Municipales de Desarrollo, porque se intentó resolver el problema a nivel de nación, buscando ingresar una iniciativa de ley en el Congreso de la República que remediara la situación, pero no se logró”, dice Canto.
Se buscaba una normativa que diga, por ejemplo, que todo terreno en donde haya funcionado por más de 10 años una escuela pase a ser propiedad del Mineduc.
Sería una solución en el corto plazo y más ágil para que el Estado tenga la vía libre, y el amparo legal, para poder invertir en esos terrenos, señala el exfuncionario.
De acuerdo con Canto, el Mineduc no invierte en infraestructura física, pues el ente encargado de la construcción de nuevas escuelas es la UCEE, de esa cuenta en la gestión pasada se tomó la decisión de instalar aulas modulares para albergar a los estudiantes de preprimaria en aquellos municipios donde se carecía de espacios físicos para darles clases.
Por considerarse un mueble, y no ser una construcción formal, las aulas modulares resultaron ser una opción viable.
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La creación del programa de Apoyo a Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, denominado como Quinto programa, fue otra medida para atender el remozamiento de escuelas, que también alcanza a las que están en terrenos ajenos al Mineduc.
Canto señala que esto permitió que las organizaciones de padres de familia (OPF) se encargaran de arreglar paredes, techos, colocar pisos, reparar ventanas y baños de los establecimientos que fueron dañados por la lluvia. Fue una “manera legal” para atender el problema.
Falta de coordinación
El ciclo escolar 2022 inició con cerca de 9 mil establecimientos educativos públicos que necesitan trabajos de mantenimiento, y que debieron hacerse el año anterior. En el 2021 solo se restauraron 554 y otras ocho mil 945 quedaron pendientes, según datos oficiales.
No fue por falta de recursos que las reparaciones no se hicieron, pues entre la UCEE y el Mineduc tuvieron Q194.6 millones para dar mantenimiento y construir escuelas en todos los niveles educativos, cerca del 40 por ciento no se ejecutó.
Sin embargo, la viceministra Técnica, Edna Portales, dijo durante la citación del pasado 2 de marzo que entre los problemas que el Mineduc enfrenta para remozar las escuela está la falta de presupuesto, pero también el que los establecimientos están construidos en terrenos que no son propiedad del Estado.
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Cuando se trata de remozamientos y de construcciones “a más alto nivel” señaló que el tema lo coordinan con el CIV, en este caso a través de la UCEE.
Pero dicha coordinación pareciera no ocurrir, pues en otra citación el pasado 9 de marzo representantes de la UCEE indicaron que no tenían conocimiento de las más de 9 mil escuelas que necesitan ser reparadas. Los datos que manejan son 135 remozamientos en ejecución, mientras que en planificación están 106 proyectos.
Además, señalaron que se construirán cuatro escuelas bicentenarias y la inversión de cada una es de Q37.5 millones.
Pineda ve positivo el que se edifiquen nuevas escuelas, pero resulta “una enorme contradicción” que hagan este tipo de inversión millonaria cuando más de 17 mil centros educativos están en condiciones deplorables y no puede intervenirse en estos porque no están en terrenos del Estado.
Fondos para la UCEE
En esta última semana el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria de Q3 mil millones para el CIV, de los cuales Q120 millones irán directamente a la UCEE y serán destinados a la construcción de cuatro escuelas.
Los edificios estarán ubicados en Palín, Escuintla; Esquipulas, Chiquimula; La Libertad, Petén, y en Parramos, Chimaltenango.
Impacta en la calidad educativa
A criterio de Canto, la ausencia de edificios escolares dignos impacta en la calidad de la atención que se brinda a los estudiantes, y mientras no se legalicen los terrenos continuará la barrera para que el Estado invierta en construcciones fijas, apropiadas y con diseños arquitectónicos modernos, que tomen en cuenta la ventilación, la iluminación, incluso, el clima de cada municipio.
Carlos Aldana, catedrático y Doctor en Educación, es de la opinión que al no intervenir en las escuelas porque están en espacios que no pertenecen al Mineduc es “privilegiar la condición de los dueños, más que la condición del educando, y es vergonzoso que esto ocurra en el país”, pues ante todo debe prevalecer el interés superior de los niños.
El diputado Pineda trabaja en una iniciativa de ley para la regularización y legalización de los bienes inmuebles del Estado, situación que no afecta solo al Mineduc, sino también al Ministerio de Salud y a otras instituciones.
“Con una fuerza legal, que es de cumplimiento obligatorio, se puede solucionar el problema, porque si se continúa como hasta hoy, las escuelas seguirán deteriorándose y no es justo que teniendo suficientes recursos los niños no tengan condiciones dignas para recibir sus clases”, agrega.
