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Reducir la edad para la licencia de conducción profesional amerita estudios
Entidades consideran que aunque se solucione la falta de pilotos y se generen fuentes de empleo el tema requiere evaluar otros escenarios.
La propuesta de ley se argumenta como una fuente de empleo para los jóvenes y una solución a la falta de pilotos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En el Congreso se presentó una iniciativa de ley que busca dar a jóvenes de 18 a 20 años la licencia de conducción tipo A. Ante ello, expertos consideran prudente que el proyecto sea analizado a profundidad por posibles repercusiones.
El documento ingresó a la Dirección Legislativa el pasado 25 de abril y debe ser leída en el pleno antes de enviarse a una sala de trabajo, a la cual, luego del análisis respectivo, corresponde emitir un dictamen.
El tema genera debate, puesto que se cuestiona la posibilidad de entregar una licencia de conducir para transporte de carga de más de 3.5 toneladas métricas y para transporte escolar y colectivo —urbano y extraurbano— a personas tan jóvenes, lo cual podría ocasionar más accidentes de tránsito.
La iniciativa fue presentada por Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Su argumento se centra en que con ello se daría oportunidad de empleo a jóvenes y se reduciría la migración de este segmento de la población, además de que solucionaría la falta de pilotos.
Estudio
Es preciso que antes de que se apruebe una ley de esta naturaleza se analice qué ocurre en otros países con parámetros similares, lo que podría ofrecer una mejor perspectiva sobre la situación. Así se pronunció Edgar Guerra, defensor del usuario del trasporte público de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
“Podría representar aspectos positivos y negativos. Se tendría oportunidades laborales para los jóvenes, con un efecto favorable en la tasa de desempleo abierto y subempleo. En contraste, un posible incremento de hechos viales y el consecuente incremento de víctimas mortales y lesionadas, y daño a la propiedad pública y privada”, indicó.
A su juicio, se debe analizar un panorama completo que permita a los parlamentarios tomar la mejor decisión, porque es el tipo de legislación que genera un impacto social.
“En todo caso, para la toma de decisiones de cambios en la normativa que repercutirá en el tránsito es importante cuidar que los resultados de los cambios propuestos beneficien a la sociedad en su conjunto. En caso de que el beneficio sea para un sector específico en perjuicio de la mayoría, la decisión será fácil de tomar”, remarcó.
Diego Andrés Flores Navas, gerente de la Escuela Técnica de Automovilismo, estima que se tienen que evaluar los argumentos de la propuesta que busca dar solución a la falta de pilotos y a su vez apoyar con fuentes de empleo a un grupo social.
“Para poder solventar los problemas de pilotos y accidentes con el transporte pesado son muchos los factores por considerar”.
También se propone que como primera licencia la persona pueda optar por la licencia tipo B, que se elimine el requisito de escolaridad mínima y que la licencia tipo A exija un examen psicológico y psicotécnico como requisito para su obtención.
La iniciativa de ley propuesta por Álvarez valora que los jóvenes que opten a la licencia profesional deberán tener un curso de conducción especializado, respaldado por el Intecap.
Flores añadió que ya existe legislación al respecto. “Las entidades encargadas para capacitar y avalar pilotos de este tipo de vehículos son las escuelas de automovilismo autorizadas en el acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación y supervisadas por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), razón por la cual se podría legislar sobre la obligatoriedad de tener un curso específico y obligatorio en una escuela de automovilismo que cumpla con estos requisitos y posea la infraestructura adecuada para certificar pilotos profesionales”, expuso.
Se intentó obtener una postura de la Dirección General de Transporte (DGT), pero remitió la consulta al Departamento de Tránsito de la PNC. Esta segunda dependencia manifestó que cuando tenga en su poder la propuesta procederá a un análisis técnico y jurídico para luego pronunciarse.
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