Los legisladores Carlos Umaña y Dunia Jiménez señalan una situación insostenible por miles de toneladas de basura que año tras año contaminan las playas de aquel país, sin que el Gobierno de Guatemala, argumentan, trabaje en soluciones definitivas.
El río Motagua nace en las montañas de Quiché, en sus 486 kilómetro de recorrido atraviesa por 95 municipios de 14 departamentos y desemboca en el Caribe de Guatemala. Sin embargo, los residuos que acarrea llegan hasta las costas de Honduras.
Desde años recientes, las autoridades guatemaltecas han iniciado diálogos y ofrecido soluciones que poco o nada han hecho para reducir la contaminación.
En 2019, en la administración de Jimmy Morales, se inauguró una trampa de basura industrial a un costo de Q18.9 millones, pero tres años después colapsó y dejó de funcionar.
El hasta hace poco ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas —que recién renunció al cargo presumiblemente para postularse a un cargo público en las elecciones del próximo año—, encabezó delegaciones hacia Omoa para conversar del tema, pero el problema persiste.
En agosto del año pasado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) publicó el Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, el cual delega la responsabilidad del tratamiento de la basura principalmente a las municipalidades.
Pero las comunas argumentan falta de recursos y demandan apoyo del gobierno central.
¿La demanda está cerca?
El excanciller y abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, opinó que el Ejecutivo de Honduras no necesita de una ley para denunciar al país y que si la presidenta Castro decidiera demandar a Guatemala “seguro lo va a hacer”.
El artículo 245 de la Constitución de Honduras delega en el presidente de la república dirigir la política y las relaciones internacionales del país.
Sin embargo, Orellana considera que cuando un congreso trata de involucrarse en estos temas puede ser porque pretenden lanzar una señal de advertencia para que el país vecino se entere de lo que ocurre en el país.
Algunos analistas creen que el problema podría llevarse a la Corte Centroamericana de Justicia o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) de Washington, EE. UU., pero Orellana opina que si Honduras denuncia a Guatemala lo haría ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, debido a que tiene experiencia en litigar varios casos en ese tribunal.
Aunque el país denunciado tendría que dar su consentimiento a litigar y por lo tanto reconocer la jurisdicción de la Corte, Orellana puntualiza de que Guatemala tendría que reconocerla puesto que actualmente tiene una demanda en ese tribunal por el diferendo territorial con Belice.
El excanciller expuso que Guatemala debe manejar “con mucho tino y cuidado” este conflicto porque en una eventual denuncia por contaminación también podría entrar Belice como tercero interesado lo que podría repercutir adversamente en el caso que se litiga con este país.
“Lo sensato y prudente es tratar de agotar la vía diplomática, que es lo que se ha dicho, el problema es que se debe transmitir la imagen de que se está haciendo un verdadero esfuerzo por resolver el problema no solo se está tratando de ganar tiempo”, puntualizó.
Ventaja de Honduras
Alexander Sandoval, internacionalista y miembro de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal Ambiental, dijo que Honduras cuenta con bases sólidas para denunciar a Guatemala porque hay delitos ambientales que perseguir, aunque antes habría que revisar si hay algún acuerdo o convenio internacional del que ambos estados sean parte y que contenga soluciones en estos casos.
De concretarse la denuncia “Honduras lleva todas las de ganar”, considera el analista, aunque estima que la iniciativa de ley presentada por los dos diputados responde más a una estrategia política. Si pierde Guatemala podría ser obligado a pagar un resarcimiento, dependiendo de los daños que Honduras pueda comprobar, y se le obligaría a tomar medidas para frenar la contaminación.
Sandoval advirtió de que esta iniciativa de ley es una alerta más para que Guatemala aborde un problema que lleva años sin que tome soluciones puntuales, lo cual se ve cuesta arriba porque “ni la agenda ambiental nacional es sólida”.
En vez de hallar soluciones al manejo de desechos, a los gobernantes les interesa más aprobar una ley para hacer del Marn un superministerio a costas de afectar a instituciones como al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, señaló.
Cuestionó que Guatemala ha presentado soluciones, pero solo teóricas sin que a la fecha se implementen. Por ejemplo, el Acuerdo 164-2021. “Las soluciones no tienen que ser culpabilizar a las municipalidades”, subraya Sandoval, debe de haber un componente de concientización y restricción obligatoria de ciertos contaminantes.
Respecto a avances en la implementación del Reglamento, el Marn respondió se organizó una capacitación dirigida a todas las municipalidades para la implementación del Plan Integral de Residuos y Desechos Sólidos en la que participó el 85 de las 340 comunas que ahora “están en proceso de elaborar sus planes”.
A la fecha, el Ministerio solo cuenta con información de nueve municipios que ya tienen dicho instrumento y otros seis que ya poseen un estudio de caracterización.
¿Siguen las pláticas?
Aunque los legisladores hondureños aseguran que ya no hay espacios para más diálogos vía diplomática, el canciller guatemalteco Mario Búcaro dice lo contrario y tras conocer la noticia de la demanda que proponen los diputados dijo que los esfuerzos diplomáticos “no se han agotado por decisión de ambos gobiernos”.
Asimismo, el pasado 28 de septiembre, Búcaro y su homólogo de Honduras, Enrique Reina, suscribieron un convenio Básico de Cooperación Bilateral mediante el cual intercambiarán experiencias y capacidades en los ámbitos técnico, científico y tecnológico, “con el objetivo de incentivar el desarrollo en la región”, que podría incluir abarcar la problemática del río Motagua.
El Minex explicó que el convenio es amplio y puede abarcar cooperación en cualquier ámbito, pero que el Marn es el rector del río Motagua. Este ministerio, mientras tanto, asegura que se mantiene la “comunicación estrecha” con las autoridades hondureñas.
Prensa Libre intentó comunicarse con el vicecanciller hondureño Gerardo Torres y con el ministro de Ambiente de ese país, Lucky Medina, pero no respondieron a las llamadas ni mensajes dejados a sus teléfonos.
El comisionado Presidencial para la Reforestación y Medio Ambiente de Honduras, Miguel Briceño, dijo que el tema todavía se discute diplomáticamente, pero que, por parte de Guatemala “no ha habido una respuesta consciente”.
Antecedente
En 2006 un conflicto entre Argentina y Uruguay por la supuesta contaminación que el segundo provocaba a aguas argentinas por la construcción de dos papeleras que producían pasta de celulosa llegó a la CIJ.
El hecho provocó manifestaciones de los poblados argentinos afectados, lo que ocasionó una interrupción del tránsito terrestre desde Uruguay, país que reclamaba el que las movilizaciones se interrumpía su comercio hacia Argentina, Chile y el Pacífico, y el flujo de turistas desde el país vecino.
En 2007, la CIJ rechazó la petición argentina de que la planta fuera desinstalada, aunque reconoció que Uruguay había violado un tratado que le obligaba a consultar a la Comisión Administradora del Río Uruguay la construcción.
Asimismo, la Corte ordenó que ambos estados debían ponerse de acuerdo para tratar cualquier foco de polución.
