Dicha situación nos mantiene en lista negra de los países con más niños desnutridos crónicos, ocupando el primer lugar de América Latina y el tercero en el mundo, pese a que el Gobierno ha destinado millones de quetzales para atender el flagelo.
Si bien está condición la desencadenan múltiples causas, la nutrición inadecuada es parte del problema. En hogares rurales está es una constante por la inseguridad alimentaria con la que lidian diariamente 3.2 millones de guatemaltecos, según el último reporte de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).
Mientras los casos de niños afectados no dejan de ocurrir y de aumentar, el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) ha tenido en cuatro años más Q31 mil 141 millones para el combate a la inseguridad alimentaria, cuya manifestación más severa es la desnutrición infantil.
Para el 2021 el Poasán tenía un presupuesto vigente de Q5 mil 431 millones con una ejecución del 92.9%. La cantidad se duplicó para el 2022 y se tuvo Q10 mil 176 millones para que 17 instituciones trabajaran contra el flagelo, al cierre del año se ejecutó el 95.1%.
Ante ese incremento de millones en el plan, Gabriel Pérez, subsecretario Técnico de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (Sesán), señala que no hay un aumento de presupuesto, el que la asignación sea mayor obedece a que las instituciones gubernamentales vinculan ahora todas las actividades enfocadas al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, lo que antes no ocurría.
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Buena parte de este presupuesto, como menciona Pérez, se destina a insumos, recurso humano y transporte, para atender la problemática en los 340 municipios. “No nos damos abasto”, dice, y es por eso que piden apoyo a la cooperación internacional.
En el Poasán es Ministerio de Educación es el que ha tenido la mayor asignación, pues de Q2 mil 19 millones de presupuesto vigente en 2020 pasó a Q2 mil 886 millones, cuya acción principal es el Servicios de alimentación escolar, que cubre a la niñez de preprimaria y primaria entre los 5 y 11 años, pero excluye a los niños que por distintas razones no tiene acceso a la educación, y la población más afectada es la que viven en áreas rurales, en pobreza y pobreza extrema, y que se autoidentifica como indígena.
Analistas han cuestionado el que la alimentación escolar tenga un impacto directo en la prevención de la desnutrición crónica, pues las acciones deben enfocarse en los primeros años de vida de los niños, la Ventana de los mil días, una etapa crucial en el desarrollo del niño.
Mientras que se asignó más presupuesto para el desarrollo de infraestructura vial y construcción de obra pública a cargo del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), que el año pasado contó con Q1 mil 678 millones dentro del Poasán, ministerios como el de Salud tuvieron recortes en lo asignado a programas que tienen relación directa con el combate a la desnutrición.
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De esa cuenta, el Tercer informe de monitoreo del presupuesto del Poasán y otras actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional elaborado y presentado este año por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que “es importante excluir intervenciones para las que no se cuenta con evidencia sólida de su impacto en la seguridad alimentaria de la población”.
Menos salud para los niños
El año pasado en el Poasán se redujo Q283 millones en la asignación al Ministerio de Salud, pero la actividad más golpeada fue la dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de cinco años, se le restaron Q211 millones. Pese a tener menos presupuesto para la suplementación de los infantes, la ejecución en esta acción fue baja, llegó al 82.4%.
Durante los cuatro años del presente gobierno, el presupuesto de Salud también ha tenido varias modificaciones en las acciones para atender a la población infantil, se ha dado una reducción significativa en los recursos destinados al Programa 14 dirigido a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica. La mayor disminución fue a dotación de micronutrientes para niños.
En el 2020 el programa tuvo Q46 millones menos, la explicación de las autoridades a dicho recorte fue que los fondos se dirigirían a la emergencia de la pandemia covid-19. La disminución continuó, y en 2022 el programa cerró con Q297 millones menos, y en lo que respecta a micronutrientes se quitó Q233 millones, debilitando acciones que son cruciales para evitar el retardo de crecimiento en la niñez.
Para este año la disminución es de Q104 millones, el 99.9% es en la dotación de micronutrientes.
El viceministro de Salud, Edwin Montufar, señaló en conferencia de prensa el pasado miércoles 15 de marzo que la reducción al programa 14 se debe a un reordenamiento de los recursos para la ampliación de cobertura con la construcción de obra nueva y remozamiento de los servicios.
Falta capacidad estatal
María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), menciona que el poco avance que se pueda tener en el combate a la desnutrición no pasa por falta de presupuesto, más bien es un problema de gestión pública porque los recursos se han tenido.
Señala la necesidad de un cambio de cultura en los hogares, con relación a prácticas alimentarias, pero también se debe fortalecer el primer nivel de atención en salud, un tema que el próximo Gobierno deberá atender.
A criterio de Carmen Salguero, analista en temas de salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), en el Poasán los ministerios de Salud y Educación son los dos actores con más presupuesto, 31% y 21% de los recursos respectivamente, debido a la magnitud del problema de la desnutrición, pues a través de estos el Gobierno tiene la posibilidad de alcanzar mayor cantidad de niños y cubrir un área geográfica más amplia.
“Las acciones más importantes para prevenir la desnutrición crónica infantil las brinda el Ministerio de Salud, pero como hemos visto en los últimos años no ha construido más puestos o centros de salud. Seguimos con los 1 mil 450 puestos, mientras que en el país nacen cada año un promedio de 300 mil niños”, agrega Salguero.
