Este viernes, un grupo de productores llevó a cabo una protesta en Las Cruces, Petén, donde exigieron al Gobierno acciones para reducir el contrabando de maíz, puesto que al ingresar al país sin pagar aranceles compiten deslealmente con ellos.
“El contrabando nos afecta demasiado porque los compradores dicen que del otro lado (México) llevan el maíz hasta la Terminal, zona 4, a Q110 y que a nosotros no nos pueden pagar más”, aseguró Osman Montepeque, quien protestó en la protesta de este viernes, en la cual los manifestantes bloquearon el ingreso de vehículos al municipio.
Montepeque afirma que normalmente el costo de un quintal de maíz cuando el clima permite “años buenos” es de Q60 a Q70, pero que el 2019 ha sido particularmente duro porque no ha llovido suficiente, lo que ha repercutido en una baja sustancial de la producción hasta de 800 mil manzanas comparado con el 2018, lo cual ha incrementado los costos hasta Q95 y Q110 por quintal.
“Por eso es que nosotros estamos pidiendo por lo menos poder vender a Q120 el quintal, pero la gente nos dice que lo compran más barato y que se lo llevan hasta sus bodegas, algo que no podemos hacer nosotros”, expuso el agricultor, que habló en nombre de unos tres mil productores de maíz del municipio.
Con exenciones fiscales en México y subsidios estatales, para los agricultores mexicanos es menos costosa la producción del quintal de maíz; lo cual, afirman los productores peteneros, aprovechan para ingresar de manera ilegal sus excedentes a Guatemala.
Montepeque explica que este año ha sido el peor de los últimos puesto que el sector, el cual emplea a cerca de 35 mil personas solo en Las Cruces, ha disminuido su producción hasta un 50%.
Riesgo de seguridad alimentaria
Pero los efectos por el ingreso de maíz de contrabando, sumado a la sequía podría ocasionar consecuencias severas al punto de poner en riesgo la seguridad alimentaria de miles de guatemaltecos, según la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab).
Gustavo Rivas, agricultor parte de esa asociación, aseguró que las áreas donde se cultivaba maíz se redujeron entre un 25 y 30% en los últimos tres años, lo cual es preocupante puesto que hoy en día el sector genera 207 mil 83 empleos directos.
Añadió que la disminución de la producción del grano a causa de la competencia desleal del producto de contrabando ha ocasionado que parcelas completas estén ahora abandonadas o bien sea los propietarios las han alquilado para otros usos.
Rivas expuso que los productores requieren para ser competitivos créditos blandos, acceso a mercados y tecnología que les permita aumentar el rendimiento por manzana cultivada, algo con lo que ya cuentan agricultores no solo de México, sino también de Honduras.
Preocupación
Luis Mazariegos, integrante del Observatorio del Contrabando de la Gremial de Alimentos y Bebidas, precisó que el problema del maíz debe abordarse desde la óptica de la seguridad alimentaria porque cada vez son menos los productores que hallan rentable dedicarse a esta siembra cuando el grano es fundamental en la dieta del guatemalteco puesto que es la principal fuente de carbohidratos.
De acuerdo con Mazariegos, el ingreso de maíz mexicano de forma ilegal ya ha acaparado el 25% del total de grano en el mercado nacional; es decir, más de 10 millones de quintales que consumen los guatemaltecos es de contrabando lo cual también es un problema sanitario puesto que no tiene todos los controles de ley que garanticen su inocuidad.
Lamentó que resolver el problema no es prioridad para el actual gobierno cuando también puede ser un detonante social ya que genera una gran cantidad de empleos. “No les preocupa a las autoridades de Gobierno. No lo ven como una gran fuente de defraudación fiscal o como un problema que desmotive la inversión o que disminuya el empleo formal”, puntualizó Mazariegos.
En ese sentido, Rivas aseguró que mucha gente que se empleaba en el cultivo de maíz en la costa sur, oriente, Ixcán, Quiché, y otras regiones de la Franja Transversal del Norte tuvieron que migrar hacia EE. UU. por la falta de trabajo.
Necesitan cooperación
Para los agricultores el bajo precio del maíz cuando ha habido pérdidas por la sequía solo tiene una explicación y es el contrabando, por lo cual exigen a las autoridades del Gobierno a que tomen las acciones necesarias para reducirlo.
Sin embargo, el Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon) señala que para tener un trabajo efectivo en contra de este mal se necesita la colaboración del gremio afectado.
Al respecto, Werner Ovalle, intendente de Aduanas y quien preside el Coincon, indicó que Anagrab presentó un informe en el 2017 que contenía datos de producción y posibles áreas de trasiego de maíz, y que el Consejo solicitó una ampliación del informe para tomar acciones y ya nunca respondió.
“Anagrab en su momento brindó algunos insumos al respecto, sin embargo, no le dieron continuidad a los esfuerzos que se venían trabajando”, expuso Ovalle para quien “es importante que los actores que se vean perjudicados por estas actividades tengan un acercamiento con nosotros como institucionalidad”.
Según Ovalle, es preciso que proporcionen información de áreas específicas donde se ubica las mercancías contrabandeadas para analizar e implementar operativos. No obstante, asegura que este año se han decomisado 31 mil 700 kilos de maíz valorados en Q112 mil 374.
Pero los integrantes de Anagrab más bien parecen estar desencantados con los resultados del Coincon, instancia en la cual, por cierto, también integran el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, mientras que el de Defensa es invitado permanente.
Rivas asegura que las autoridades conocen las rutas por donde se trasiega el maíz, pero sospecha la falta de resultados obedece a que se fuga información cuando se programan operativos.
“De nada sirve que vayamos a las reuniones si no hacen nada efectivo. En una ocasión programaron operativos en fronteras y 15 días antes ya los cargadores lo sabían. A las autoridades les pasan dando la mano y pasan tranquilamente enfrente de policías y soldados ”, aseveró.
Ovalle invitó a los agremiados a que denuncien dónde ocurren estos hechos para que las instituciones tomen las acciones pertinentes.
Y mientras el Coincon debate sobre las acciones a tomar, los productores de Las Cruces ya piensan en tomar acciones más serias en todo el país para ser escuchados. “Nunca nos hemos unido tanto como ahorita en esta crisis”, advirtió Montepeque.
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