Hospitales públicos ya no quieren recibir a reos

Entre ocho y 10 privados de libertad llegan cada día al Hospital Roosevelt para recibir atención médica. La situación no solo causa temor entre los pacientes que a diario asisten a la consulta externa, también preocupa al personal médico, ya que se requiere implementar medidas de seguridad de acuerdo con la peligrosidad de cada reo. 

Durante el 2023 se atendió un promedio de mil 600 reclusos, según el médico Luis Arturo Chávez, director del centro asistencial, y la tendencia desde el 2013 es un incremento de 100 pacientes al año. La propuesta desde los hospitales públicos es la creación de un centro asistencial que se ocupe de atender estos casos.

Situación similar ocurre en el Hospital General San Juan de Dios, al que cada día son trasladados desde distintos centros de privación de libertad de 10 a 15 persona para la consulta externa y a la emergencia llegan hasta cinco privados de libertad para recibir atención cada día.  

“Tendrían que ser casos que ameriten atención en un centro especializado, no una enfermedad común, pero como no hay una buena categorización de si es una gripe o un golpe, entonces, la mayoría son enviados a los centros asistenciales para que el médico haga un diagnóstico”, explicó Chávez.

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Atender a un privado de libertad requiere una logística especial. El director del Hospital Roosevelt indicó que se deben cerrar caminos dentro del centro asistencial en donde solo pueden transitar el personal de salud -médicos, enfermeros, técnicos-, y deben dedicar de 30 a 40 minutos para atender a una sola persona, cuando en la consulta externa hay en fila de más de 100 pacientes, más los casos de urgencia en la emergencia.  

Por otro lado, los médicos que atienden a un recluso son convocados muchas veces a los juzgados para dar dictámenes técnicos sobre la salud del paciente, y esto genera un atraso mayor en la atención del centro asistencial.    

“Afecta a los pacientes que estaban citados, aunque se les avisa, esto hace larga la fila de espera. Esto impacta y vulnera al personal interno y a los mismos pacientes”, agregó.  

No solo es la logística que implica atender a un recluso, también hay miedo entre médicos, paramédicos y los personas de las consultas de que ocurra algún hecho de violencia dentro del hospital.

Médicos coinciden en que este es un tema que se debe discutir, pues es un reflejo de las carencias que hay en el Sistema de Salud Pública y en el Sistema Penitenciario que no tienen la capacidad de brindar atención médica a los reclusos.

En el Hospital Roosevelt hay una sala de espera a donde los reclusos son llevados, luego los trasladan a la consulta externa o la emergencia.

Peligro en hospitales

En junio pasado, un pandillero apodado Tasmania fue capturado cuando pretendía agredir a un reo que era atendido en el Hospital Roosevelt, llevaba una pistola y un cargador con 13 municiones. El arma era ilegal.

Otro caso sonado ocurrió en 2017, cuando pandilleros rescataron a un reo de la Mara Salvatrucha que era atendido en el nosocomio y mataron a siete personas e hirieron a otras 12.

Además del miedo que genera el que asistan los privados de libertad a los hospitales nacionales, se suma la conducta agresiva e intimidatoria que estos suelen tener hacia el personal médico y la población.

En el Hospital General, según la directora Érika Pérez, se tuvo que crear una clínica con extrema seguridad para asistir a estos pacientes, la cual tiene una entrada específica para ingresar, así como personal para atenderla.

La seguridad que acompaña a los privados de libertad intimida al personal que los atiende. Pero no solo eso, los reclusos suelen informar a sus familiares que estarán en el hospital y estos intentan por cualquier medio hablarles o hacerles algunas entregas.

“Aquí logran obtener insumos como dinero, chips de teléfono, entre otros objetos, ya que el custodio les apoya y, en otros casos, también personal dentro del hospital”, dice un trabajador del nosocomio.

Mientras que Pérez añade que cada día son más los reos que llegan al centro asistencial para atención médica, esto atrasa otras consultas, pues se les debe atender en distintas especialidades.

Solución

Chávez menciona que los médicos ya no quieren atender a los reclusos por el riesgo y el tiempo que esto representa, aun así, lo hacen, pues no pueden negarle el derecho a la salud.  

Si llegan por una consulta y es necesario hacerle los exámenes básicos, la atención puede representar unos Q2 mil, mientras que si necesitan una intervención quirúrgica la suma puede superar los Q100 mil. A esto hay que añadir el gasto del traslado, de colocar guardias de seguridad, la logística, entre otros.

“Debería de haber un fortalecimiento en los centros penitenciarios, contratar médicos, salarios para que disminuya la cantidad de privados de libertad que trasladan a los centros asistenciales”, criticó Chávez.

De esa cuenta se plantea la creación de un centro de atención específico para los privados de libertad para que no se vulnere el acceso a la salud de la población que acude a las consultas externas y las emergencias de los hospitales públicos, a criterio del médico, pues los centros asistenciales no cuentan con las medidas de seguridad que se requieren en dicho escenario.   

Añade que junto al cuerpo de médicos y el equipo jurídico de los hospitales se trabaja en crear un protocolo considerando qué personal es el más “idóneo” para atender a los reclusos.

Para abordar el tema, desde la segunda quincena de julio se estableció una mesa interinstitucional con la participación de los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, de representantes del Ministerio de Gobernación, del Sistema Penitenciario y la Procuraduría de los Derechos Humanos.  

La Dirección General del Sistema Penitenciario indicó que se han sostenido reuniones con los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios esto con el objetivo de “establecer estrategias que puedan minimizar el riesgo tanto para médicos, enfermeros y e resto de usuarios de hospitales, al momento de atender a personas privadas de libertad en sus instalaciones”.

Se indicó que se discuten y se proponen alternativas para trata el tema de la atención médica a estos pacientes. Recordó que en el 2015 se establecieron convenios entre los ministerios de Salud y Gobernación con el fin de crear clínicas con médicos especialistas y así poder atender a los privados de libertad.

Explicó que datos de la Subdirección Operativa del Sistema Penitenciario lleva la estadística general de traslado a hospitales. “Desde enero hasta finales de julio de este año, se realizaron 3 mil 480 traslados de personas privadas de libertad a hospitales”. Según los registros, esto equivale a un promedio de 16 a 17 personas que son trasladadas.