“El nivel de desarrollo de una sociedad depende de la forma en que trata a sus minorías”, aseveró Soberanis en una entrevista con EFE en Quito, con motivo de su visita a ese país para participar en la presentación del Foro Económico de las Mujeres (WEF, por su siglas en inglés) en Ecuador, que se celebrará en septiembre próximo.
Soberanis dirige esta institución que defiende los derechos de las personas ciegas y sordas, y que cuenta con 78 años de trayectoria. La presidenta explicó que aún es un reto “la inclusión en los ámbitos educativo, laboral y social”.
“Precisamente, buscamos esa integración en la que estas personas puedan demostrar su capacidad más que su discapacidad, y ser tomadas en consideración en entornos laborales” porque “tienen derecho a generar su economía y contribuir a su hogar”, agregó.
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Además, Soberanis denunció que el Código Civil de Guatemala “todavía contempla el aspecto de que las personas con discapacidad pueden ser motivo de interdicción”, es decir, “no tienen la posibilidad de ejercer su voluntad”.
No obstante, celebró el cambio en el “imaginario social” con respecto a las personas con sordera y ceguera. “Hemos logrado movernos del enfoque de caridad o lástima, que es como no debe verse a las personas con discapacidad”, apuntó.
Perspectiva transversal e interseccional
María de los Ángeles Soberanis recordó que todo el mundo está expuesto a la pérdida de audición o de vista, ya que “no necesariamente se nace así, se puede adquirir a lo largo de la vida”.
Asimismo, la también experta en cooperación internacional dijo que “la discapacidad debe verse desde una perspectiva transversal e interseccional” porque en las comunidades rurales e indígenas, así como entre las mujeres, “la discriminación es más acentuada”.
En este sentido, apuntó que las niñas y mujeres con discapacidad se ven más expuestas a “la violencia, la explotación sexual y la trata de personas” y añadió que, en ocasiones, estas ven restringido su derecho a la salud.
Fomentar “cultura de denuncia”
Soberanis exhortó a la ciudadanía para que tome conciencia sobre estas realidades y se fomente así “la cultura de denuncia” ante los abusos y la vulneración de derechos.
Además expresó que es indispensable “capacitar también a los servidores públicos en el acceso a la justicia” para que las personas con sordera o ceguera “tengan la oportunidad de manifestarse” a través de “la lengua de señas”.
La presidenta del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala concluyó que es momento de dejar atrás “ese esquema de impunidad en el que estas personas no tenían la oportunidad de enunciarse y recibir el respaldo de la sociedad”.
