El pasado lunes, el Ministerio de Economía (Mineco) publicó el acuerdo gubernativo 130-2020, en el que establece la restricción de precios a varios medicamentos, debido a que “existe la posibilidad de que puedan ocasionarse cobros con precios excesivos”.
Autoridades del Mineco han asegurado que otro objetivo de la medida es evitar el acaparamiento.
Economistas y analistas consultados consideran que la medida podría tener poco o ningún impacto, ya que la forma de abaratar productos es permitir la libre competencia, mediante el ingreso al mercado de una mayor cantidad de medicamentos.
El exministro de Economía Rubén Morales afirmó que poner precios tope no es una solución, ni siquiera inmediata, para evitar cobros excesivos en las medicinas, debido a las dificultades que el Gobierno afronta para controlarlos en el mercado en general.
Según Morales, una medida efectiva podría ser agilizar el otorgamiento de permisos sanitarios, trámite tardado y engorroso que no permite que más empresas compitan en el país.
Fritz Thomas, doctor en Economía
Escasez
El doctor en Economía Fritz Thomas expuso que el único efecto que provocan los precios tope es la escasez debido a que si un producto se le impone un valor en el mercado por debajo de lo que cuesta, el comerciante preferirá guárdalo en lo que se normalizan los preciso porque nadie vende para perder.
Para Thomas es difícil creer que los funcionarios de Gobierno y el mismo presidente Alejandro Giammattei no conozcan los resultados adversos de este tipo de medidas, por lo cual más bien pareciera que la intención no es más que tener un efecto político.
“Los preciso tope provocan que los productos se abarate pero no hay. Casi siempre es un instrumento político para querer quedar bien —porque— políticamente suena bien para las personas que no comprenden los efectos”, señaló Thomas.
Al igual que Morales, el experto en economía cree que la única forma de reducir el precio de las medicinas es permitir que ingresen más productos que puedan competir con las compañías que ya operan en Guatemala.
“Quizás haya un mercado muy regulado —en Guatemala— que tal vez no está lo suficientemente abierto —porque— ¿Qué es lo que me permite a mi vender más caro? Bloquear a mis competidores”, aseveró.
Karin Slowing, experta en salud pública
Lo ven bien, en el corto plazo
Para otros sectores, establecer precios máximos para medicamentos necesarios para tratar el covid-19 evitará cobros excesivos en el corto plazo, aunque no soluciona de fondo el problema, que pasa por la aprobación de leyes que permitan una competencia más justa entre proveedores.
Karin Slowing, experta en salud pública, opina que en el corto plazo la medida podría ser efectiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, históricamente, los costos de los medicamentos en Guatemala son más altos que en otros países. Esto se debe a pactos ilícitos entre proveedores para elevar precios, en detrimento de los consumidores, afirmó.
Según Slowing, a largo plazo la solución pasa por aprobar una ley de competencia que sancione prácticas colusivas, especialmente en la provisión de medicamentos y tecnología de salud.
“Fijar precios máximos es una medida legal y se enmarca en el estado de Calamidad. Responde a abusos o aprovechamientos exagerados de proveedores que lucran desproporcionalmente con la salud de personas. Temporalmente puede ayudar, pero la solución a largo plazo tiene que ser más bien de orden estructural”, indicó.
Otras acciones necesarias, agregó Slowing, es impulsar una ley de medicamentos que garantice el acceso oportuno a medicinas y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) establezca precios de referencia internacionales.
“Otros países han creado una regulación que favorece la competencia, pero también el acceso oportuno a medicamentos”, señaló.
Los más caros de la región
Por su parte, Luis Méndez, también experto en salud pública y miembro de la Red de Acceso a Medicamentos, comentó que el mercado de medicamentos no ofrece las condiciones necesarias para que exista una competencia adecuada. Eso provoca, explicó, que en Guatemala se pague hasta tres o cuatro veces más del precio que en otros países.
Méndez coincide con que una de las rutas para resolver esta situación es que el Congreso apruebe una ley de competencia. Esta debería crear, entre otros aspectos, un ente regulador con capacidad para detectar si entre los proveedores existen algunos con posiciones de dominio o prácticas monopólicas que afecten el precio de medicamentos.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que Guatemala es de los pocos países que no cuentan con una ley de competencia.
“Es impostergable que se apruebe, porque hay actividades monopólicas que contravienen la Constitución. El Estado debe jugar el papel que le corresponde para desentrampar acuerdos de precios que hacen empresarios bajo la mesa”, señaló Rodas.
Respecto de la fijación de precios tope, comentó que la medida, aunque tardía, es correcta, si se quiere asegurar el acceso equitativo a medicamentos y evitar que comerciantes lucren sin consideración.
Justificación
El viceministro de Economía Lizardo Bolaños explicó que el objetivo de la medida es “evitar el acaparamiento” algo que rechazan tanto Morales como Thomas, quienes dicen que si los preciso establecido son superiores al costo un distribuidor preferirá guardarlos para venderlos después al precio que ellos quieran cuando todo se normalice.
Pero la lógica del acuerdo, según Bolaños dice que “al acaparador lo que le interesa es vender el producto caro para obtener una ganancia. Si el acaparador no puede vender 50% o 100% más caro el producto, no le resulta rentable acaparar y evitará hacerlo”.
Respecto a si la medida riñe con una política de libre mercado, el funcionario expuso que “estamos ante un problema de pandemia” por lo cual es una situación “excepcional”.
“Lo que necesitamos es garantizarle a la población a que van a tener acceso a los medicamentos y que no habrá abusos, por lo mismo, los precios máximos solo durarán hasta que se mantenga el Estado de Calamidad”, subrayó Bolaños.
Por su parte, el viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, Francisco Coma, indicó que, en las últimas semanas, la red de Salud se vio afectada por “desabastecimientos repentinos” en algunos medicamentos y al momento de lanzar eventos para adquirirlos, los precios del mercado eran “sumamente altos”.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) subraya que los precios máximos provocarán desabastecimiento, carestía y mercado negro por lo cual “no es la solución”.
“La única forma de lograr precios competitivos es bajar las barreras para fomentar la competencia y mejorar los procedimientos para registros y otras prácticas que, por el momento, limitan el libre mercado”, añadió.
