El Censo 2018, del Instituto Nacional de Estadística, confirmó las brechas en cobertura y calidad que impactan a millones de guatemaltecos.
Según el censo en mención, cuatro de cada 10 hogares guatemaltecos no cuentan con servicio de agua entubada, y los que sí cuentan con ese servicio, no tienen certeza de que sea potabilizada.
“El agua que es distribuida, sobre todo en zonas rurales, no es segura, en su mayoría, dado que la desinfección no se aplica de forma permanente o se realiza de manera equivocada”, asegura Héctor Tuy, investigador asociado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien alerta de la poca sostenibilidad con la que se gestiona el recurso.
La propia Keila Gramajo, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplán), reconoce los retos pendientes. “El 87% de la población tiene abastecimiento de agua. Ahora, precisamente, el tratamiento para la potabilización de esa agua y que sea de saneamiento es la brecha que tenemos por resolver”, indica.
Las cifras son contundentes. “Un 77% del agua entubada que llega a los hogares no es confiable; aunque fuera potable, la gente no la usa para beber. Un 23% no se abastece de sistemas municipales. Con respecto al tratamiento de aguas residuales, un 37.1% de hogares no está conectado a drenajes”, comenta Álex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), en un estudio con la fundación Defensores de la Naturaleza.
“De todos” y “de nadie”
Poco más de la mitad de los hogares (58.9%, Censo 2018) puede decir que tiene una red de tubería dentro de la vivienda para sus múltiples servicios, sobre todo en departamentos como Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos y Escuintla.
Pero la situación es crítica en los hogares que tienen que abastecerse con una red fuera de la vivienda (14.8%), de un pozo perforado (12.2%) o de ríos, lagos, manantiales, camiones, toneles o agua de lluvia (10%).
En Huehuetenango, que tiene el mayor porcentaje de vivienda en el país —después de Guatemala y Alta Verapaz—, la mayoría cuenta apenas con tubería fuera del domicilio (15.2%) o se provee de chorro público (12.6%). El 4.23% de hogares tiene instalada red de agua entubada en el interior.
“La política pública ha sido, durante los últimos 50 años, no regular de manera especial el recurso, dejando su aprovechamiento, de hecho, a la libre disposición de todos y de nadie y, permitiendo el surgimiento de situaciones hídrica, social y económicamente críticas, (…) en detrimento del fortalecimiento del estado de Derecho y de la paz social”, cita Juventino Gálvez, ex secretario ejecutivo del Conap, en su ensayo Crisis del agua, riesgo vital y ley de aguas.
El agua fluye, pero contaminada
El recurso, continúa Gálvez, también resiente la contaminación, pues aunque el agua de lluvia alimenta los mantos acuíferos, las corrientes subsuperficiales y fluye por la superficie, alimentando los caudales de los ríos, lagos y otros humedales, “transporta todo tipo de contaminantes contenidos en los suelos, como fertilizantes y biocidas”, a lo que también se suma el incesante vertido de desechos sólidos y líquidos de actividades económicas y de los hogares —que no están reguladas—.
En términos de calidad del agua, también es evidente que, 14 de los 38 ríos principales, están contaminados, así como, los cuatro lagos más importantes, indica el estudio Balance hidrológico de las subcuencas de la República de Guatemala, elaborado por el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) de la URL.
Otra cifra desnuda la alarmante realidad de la calidad del líquido: el 54% de los sistemas de agua potable registrados en la base de datos nacional de agua potable, constituye un riesgo inminente y grave para la salud humana, según el Diagnóstico de agua, saneamiento e higiene y su relación con la pobreza y nutrición en Guatemala, del Banco Mundial.
Invertir, la única ruta
La pandemia debería significar un argumento suficiente para entender que la inversión en agua, saneamiento e higiene debe ser una prioridad, tal como lo han remarcado la Organización Mundial de la Salud y Unicef, porque además del covid-19, blindar el saneamiento del recurso permite resiliencia ante enfermedades infecciosas.
“El Ministerio de Ambiente está en la disposición de apoyar técnicamente a los gobiernos locales, para buscar soluciones que les permita tener un ecosistema sano y limpio. Si los alcaldes quieren tener un municipio sano, una población sana, tienen que enfocarse en invertir en proyectos de agua y saneamiento integrados”, dice Martín Méndez, viceministro del Agua.
Gramajo defiende que la inversión en agua y saneamiento de esta administración es de Q4,572 millones. “También se les ha pedido establecer oficinas de agua y saneamiento. Se trabaja en el establecimiento para 65 municipios; posteriormente, fortalecer a 117 más, así escalonadamente, hasta llegar a los 340 municipios del país”, indica.
“Lo que se requiere es invertir en el sistema de agua, contar con gente capacitada en el recurso para cambiar la situación, porque es irónico que los lugares con más riqueza hídrica es donde tienen menos acceso, lo que conlleva a una realidad de pobreza, miseria, enfermedades y desnutrición”, concluye Guerra, del ICC.
Tuy dice: “Los servicios de saneamiento son efectivos para reducir la incidencia de diarrea en aproximadamente 20%. Se espera que las inversiones en infraestructura reduzcan la prevalencia de la mortalidad infantil”.
Nota del editor: La serie especial “Una nueva historia para el agua” cuenta con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala —Asazgua—, como parte de una alianza estratégica que respalda el trabajo periodístico.
