Los esfuerzos más cercanos datan del 2016 y el 2017. El primero, la iniciativa de ley sobre el manejo integral, sostenible y eficiente del recurso hídrico en Guatemala, que el pleno del Organismo Legislativo conoció en noviembre de ese año, con el número 5161. Sigue engavetada, pese a que fue remitida para su dictamen a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales. A esta se une la 5098, al año siguiente, ley de concentración de autoridades sobre lagos, lagunas y ríos y sus cuencas.
“El agua cuenta con legislación a través de la Constitución. Hay códigos, acuerdos gubernativos y ministeriales, pero también existen vacíos, traslapes y contradicciones. Lo que no hay es una Ley General del Agua, que defina una autoridad y otros aspectos fundamentales”, según Álex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC).
“Los datos nos dicen que el problema que tenemos es más por falta de una buena gestión sobre la seguridad hídrica que por la disponibilidad del recurso. Sin agua limpia no hay calidad de vida, no hay agricultura. Es un elemento clave para el desarrollo”, expresa Juan Carlos Paiz, presidente de Fundesa.
“Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y que esté en ley para fortalecer a las instituciones respectivas”, asegura el diputado Erick Martínez Hernández, recién nombrado presidente de la Comisión de Ambiente.
La preocupación por regular los recursos hídricos en Guatemala no es nueva. En los sesenta, con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, se desarrollaron acciones para clasificar la información técnica de las cuencas como unidad de planificación. Después, en la década de 1970, el aprovechamiento del recurso hídrico se enfocó en la generación de energía eléctrica y riego. En los ochenta continuaron estudios aislados de cuencas, sin orientación al manejo ordenado de estas.
Proyectos de riego y drenaje, protección de cuencas para proyectos hidroeléctricos y abastecimiento de agua potable, como el plan de manejo para la cuenca de los ríos Xayá-Pixcayá, principal abastecedor de agua potable para la capital, figuran en la exposición de motivos de la iniciativa 5161 propuesta por Sydney Samuels, ministro de Ambiente y Recursos Naturales en el mandato de Jimmy Morales.
“La administración de ese acueducto, que traspasa los ríos a lo largo de 42 kilómetros hasta el área metropolitana para su potabilización, está a cargo de la Empresa Municipal de Agua (Empagua). En los años 80, con las reformas al Código Municipal, se le da a las municipalidades la competencia y la obligación de hacerse responsable del servicio de agua potable y del alcantarillado”, recuerda la gerente general de la empresa municipal, Crista Foncea.
De ahí se desprenden varios retos. Uno de ellos, continúa, es que se les delegó responsabilidades a las comunas sin contar con un plan integral para su cumplimiento. De igual manera, la inversión inicial para desarrollar infraestructura está fuera del alcance de las corporaciones ediles.
La instancia política
La intención de aprobar una ley integral de agua está en discusión desde 1978. En la legislatura del gobierno de Jorge Serrano Elías se abordó de nuevo. “La Comisión de Ambiente tuvo la disposición de capacitar a sus miembros y asesores para elaborar un proyecto de ley que ordenaba sus usos. Todo derecho tenía que estar registrado ante la autoridad correspondiente y cada quien —comunidad, agricultor, municipalidad, industria— tenía que identificar la fuente de la cual utilizaba el agua”, manifiesta, Elisa Colom, abogada, especialista en temas de gobernabilidad del agua.
Sin embargo, agrega, cuando el trámite legislativo estaba en la fase de tercera lectura se dio el golpe de Estado y posteriormente ya no se tocó el tema.
No fue sino a partir del 2000 que casi todos los años se presentaba una iniciativa hasta la última —2017—, se quedó archivada.
Colom valora que los proyectos de esta ley han mejorado en cuanto al enfoque, planificación, catastro, registro, pero “aun cuando sean neutrales —en su planteamiento— suelen ser fuertemente criticadas por una u otra posición. Últimamente ya han aceptado que debe haber una autoridad especializada, técnica; que haya sistemas de derechos, obligaciones; que se pague por el beneficio de usar el agua con la finalidad de proteger las cuencas en el sistema de información. En lo que todavía no se han logrado acuerdos es en la instancia política” considera la especialista.
Nota del editor: La serie especial “Una nueva historia para el agua” cuenta con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala —Asazgua—, como parte de una alianza estratégica que respalda el trabajo periodístico.
