Los pobladores aseguran que esta no es la primera vez que ocurre esta situación, pues según ellos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), colaboran con la empresa y permiten el ingreso de trabajadores y maquinaria.
La prohibición que no se respeta sería una orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, que el 13 de julio del año pasado favoreció a los alcaldes auxiliares de las aldeas Carrizal y El Guapinol, San Pedro Ayampuc, para que la mina dejara de funcionar.
Esta resolución, fue conocida el 23 de julio del mismo año por el Concejo Municipal de ese municipio que atendió la orden y ordenó detener los trabajos de construcción del proyecto.
Los pobladores de La Puya también manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad para pedir que se confirme, a través de un amparo definitivo, la orden del juzgado y la mina no continúe con sus operaciones.
Desde el 2012, pobladores y representantes de la minera se han enfrentado por los trabajos en ese lugar, pues los vecinos piden que se efectúe una consulta comunitaria para determinar si están o no de acuerdo con la explotación de la tierra.
El 23 de mayo del 2014, un desalojo violento efectuado por la PNC, para liberar el paso hacia el proyecto dejó el saldo de 26 personas lesionadas y cuatro capturados.
En esa ocasión los pobladores se sentaron frente a la entrada de las instalaciones y algunas mujeres oraban en busca de detener el avance de los agentes, quienes tenían la orden de desalojar el área.
