Son aproximadamente dos mil 700 familias las en estos meses han tenido que buscar con familiares o vecinos un lugar para pasar los días, en algunos casos en áreas que son de igual riesgo.
La lentitud con la que avanzan los procesos para que el Estado construya las viviendas se explica porque los nuevos inmuebles no se pueden erigir en cualquier lugar. Para empezar, deben ser en áreas seguras y en donde se puedan introducir los servicios básicos, pero lo más importante —y lo más difícil de conseguir— es la certeza jurídica de los terrenos.
Carlos Armendariz, viceministro de Vivienda del CIV, dependencia encargada de la construcción de las casas, explicó que con el ajuste que se hará al plan de reconstrucción se dará un papel más dinámico al Fondo para la Vivienda (Fopavi), hasta ahora involucrado solo en la entrega de kits de materiales.
En una primera fase, la responsabilidad de la construcción de 550 viviendas recaía sobre las municipalidades y 50 estarían a cargo del Ministerio de la Defensa.
“No podemos seguir esperando que los alcaldes conformen los expedientes y que suceda esto o aquello”, dijo Armendariz, quien anunció “modificaciones programáticas en temas financieros” para que el Fopavi entre a atender el plan de reconstrucción.
Hasta el momento, de dos mil 696 viviendas que fueron destruidas por las tormentas de noviembre pasado, se han comenzado a construir apenas 33, se cuenta con 475 expedientes que ya tienen un terreno apto, de los cuales 116, incluso, ya cuentan con la firma del alcalde. Estas viviendas serían las primeras que construiría el Fopavi para “hacerlo más rápido”.
Cuesta hallar lugares adecuados
El viceministro de Vivienda reconoció que no ha sido fácil la localización de áreas aptas para vivir porque “no podemos construir en la mayoría de los terrenos” que fueron afectados porque están en lugares de riesgo “y sería una irresponsabilidad” construir ahí por posibles eventos futuros.
Además, las familias afectadas, por lo regular, no están dispuestas a mudarse a lugares muy lejanos y quieren que les construyan sus viviendas cerca de donde ocurrió un desastre lo cual es imposible porque las nuevas lotificaciones deben ser avaladas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Armendariz indicó que uno de los ejemplos de lo dificultoso que ha sido el proceso de localizar terrenos adecuados está relacionado con Quejá, la aldea de San Cristóbal Verapaz que fue prácticamente sepultada por un alud en noviembre pasado y en donde 233 familias urgen de una vivienda.
El funcionario dijo que ya se había hallado un terreno con disponibilidad para 271 lotes, pero que se tuvo una reunión con líderes comunitarios, el alcalde y el gobernador, pero “lamentablemente en asamblea comunitaria la gente decidió que no” estaban dispuestos a trasladarse.
El terreno está ubicado a 21 kilómetros de Quejá, pero los pobladores piden que se les construyan las viviendas en un área ubicada a un kilómetro del lugar, pero esta área ya recibió un dictamen negativo por parte de Conred y Fopavi.
El alcalde de San Cristóbal Verapaz, Ovidio Pop Choc, no respondió a las llamadas y mensajes telefónicos.
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Parsimonia histórica
El lento avance del proyecto se refleja en los datos que muestra el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), que el año pasado cerró con una ejecución del 0% en el subprograma de atención y mitigación de daños por desastres naturales, que incluye las partidas presupuestarias: subsidios por atención en daños a viviendas e intervenciones por la atención de daños.
Este año, la ejecución sigue en 0%, de Q8.8 millones que tiene de presupuesto.
En cuando al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) muestra este año un gasto ejecutado de 11.51% en la partida de intervenciones para la atención de daños causados por la tormenta tropical Eta.
Esta misma partida, el año pasado, cerró en 55.65%, lo cual se explica porque el Fondo de Desarrollo Social adquirió 600 kits de materiales de construcción con un costo aproximado de Q12.9 millones.
Sin embargo, Armendariz asegura que, aunque el Sicoin muestra una pobre ejecución eso no significa que no se está trabajando, ya que se han hecho visitas y supervisiones de campo en las áreas afectadas y esos recursos que han servido para el pago de viáticos y combustible han salido de los fondos comunes de otras partidas presupuestarias del CIV.
Historia de lenta gestión
Desde 1998 múltiples fenómenos naturales han golpeado al país, tormentas tropicales, terremotos y erupciones volcánicas que han costado al país cerca de Q35 mil millones, según estimaciones. Estas tragedias merecieron de planes de reconstrucción que siempre se han tenido retrasos.
El viceministro de Vivienda explicó recientemente en una citación en el Congreso que para agosto del año pasado el CIV todavía estaban adjudicando algunas “aprobaciones” del proceso de reconstrucción por la tormenta Ágata, que afectó al país en mayo del 2010.
“Nosotros no nos vamos a tardar 10 años, a estas fechas para el próximo año llevaremos un 80% o 90% de avance, y si eso no suena como la gente quiere oír por lo menos les damos un dato real”, aseguró Armendariz.
Análisis
Para el analista Luis Linares de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies) el estado debe contar con instituciones capaces para proveer vivienda popular ya que las familias se ven obligadas a construir en áreas en riesgo porque no tienen acceso a créditos para hacerlo en lugares seguros.
A eso se suma que las comunas no cuentan con planes de ordenamiento territorial en los cuales tendría que prohibirse las construcciones en áreas de riesgo. Respecto a los inconvenientes relacionados con los derechos de tierra y oposición de algunos pobladores para trasladarse dijo que son problemas, pero que “para eso están los funcionarios, para resolverlos”.
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“Nueve meses y no llevar más del 2% de las casas que se tienen que construir… es un desempeño desastroso y una irresponsabilidad con la gente que vive en condiciones sumamente difíciles”, subrayó Linares.
El ingeniero Julio Galicia, miembro de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, atribuye el letargo para la construcción de cualquier proyecto a la “cooptación de la clase política en las instituciones del Estado encargadas de hacer infraestructura”.
“Ponen a personas que no tienen que ver con el tema, sino porque fueron candidatos a diputados o amigos de los políticos de turno, ese desconocimiento del tema es fácil que conduzca a la corrupción”, subrayó Galicia.
