Hugo Rodríguez, jefe de la DGT, afirmó que la petición surge de la preocupación por la circulación de las unidades sin la documentación legal.
“Esta institución no posee las facultades de orden coercitivo para perseguir penalmente a los presuntos implicados en la comisión de delitos que atenten contra la vida y seguridad de los usuarios”, indicó.
Sanciones
Rodríguez explicó que a las unidades que han localizado como “piratas” les impusieron sanciones que ya suman Q13 millones 843 mil, pero los propietarios no han pagado ni legalizado su servicio.
“Un impedimento es que nosotros no podemos detenerlos ni consignarlos”, argumentó.
El peligro
La DGT tiene en sus estadísticas a 20 mil 142 buses autorizados para operar en el país; sin embargo, en la clandestinidad hay unos nueve mil, mientras que en el 2006 fueron reportados cuatro mil. La circulación de los buses piratas es mayor en Alta Verapaz y Petén.
“En los hechos de tránsito siempre hay un ilegal involucrado”, destacó el funcionario, y añadió que en el 70 por ciento de los hechos de tránsito están involucrados los no autorizados.
Édgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte de la Procuraduría de Derechos Humanos, explicó que la ausencia de documentos legales fomenta el desorden. “No hay a quien perseguir penalmente ni responsabilizar”, detalló Guerra.
Agregó que también hay limitantes para las inspecciones de los buses.
