Lo pacientes más afectados fueron los que son tratados con Trastuzumab, un medicamento que, según las autoridades de ese nosocomio, fue adquirido por medio de una “farmacéutica X” y que estos eran de mala calidad y causaban reacciones adversas a los pacientes.
Zulma Calderón, defensora de la Salud de PDH, indicó que se abrió un expediente por el caso, por lo que se solicitó los documentos que evidencian el fallo terapéutico del medicamento.
“Nos corresponde hacer en este momento la investigación en el Departamento de Regulación para determinar cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud está realizando en atención a esta alerta que emite el personal de Oncología del Hospital San Juan de Dios”, señaló Calderón.
Enfatizó que “esta es una situación que llama la atención, tomando en cuenta que los pacientes específicos del hospital del área oncología tienen al menos tres amparos que los protegen y están vigentes”.
Agregó que “si se estaba adquiriendo una marca de un producto que estaba funcionando y que no tenía alertas emitidas por los oncólogos, el tema de la regresión de los derechos llama la atención, toda vez que este producto, según se nos informó, fue adquirido de forma reciente, además, estamos estableciendo la cantidad de pacientes que están siendo atendidos con Trastuzumab en este hospital para garantizar que todos reciban la atención que merecen”.
Calderón también señaló que el jueves se evidenció que Carmen Cruz, la paciente que denunció las carencias y a quien desde hace dos meses no se le proporcionaba el medicamento, ya estaba recibiendo el tratamiento de otra marca y se comprometieron a darle seguimiento para el próximo ciclo de quimioterapia.
“Tenemos hasta el momento los documentos en relación a la sospecha del fallo terapéuticos de cinco expedientes, son estos los que logramos evidenciar y que están bajo estudio para determinar que efectivamente el Ministerio de Salud tome las acciones que le corresponden. Hay que recordar que esta es una situación que tristemente es recurrente en nuestro sistema de Salud, hemos ya enfrentado situaciones similares con soluciones intravenosas, con hilos de sutura y hoy nos enfrentamos con una situación de un medicamento oncológico” dijo Calderón.
“Esta situación se dio por el respeto que aparentemente se debe tener a la Ley de Compra de Contrataciones; sin embargo, ayer -jueves- enfatizamos que el amparo que está vigente el 5108-2018 es una herramienta administrativa importante para que el Ministerio de Salud y el Hospital General San Juan de Dios, compre en el marco de esa progresividad de los derechos y se respete el derecho humano a la salud de los pacientes” enfatizó la defensora de la PD.
Qué sigue ahora
La PDH ha señalado que ahora el Departamento de Regulación, por medio del Laboratorio Nacional de Salud, establezca todos los procedimientos para determinar el control de calidad de este producto y dependiendo de esa respuesta, corresponderá determinar si el medicamento debe ser retirado del mercado o se puede seguir comercializando.
“Esta situación es importante, ya que es el Ministerio de Salud por medio del departamento que debe determinar eso, sin embargo, ante la sospecha y la alerta de lo que se está dando es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud se manifiesten sobre sí van a emitir una alerta sobre el producto o únicamente se van a fundamentar con lo que el Laboratorio Nacional de Salud decida”, concluyó Calderón.
Rechaza señalamientos
La carencia de medicamentos para pacientes oncológicos se dio a conocer durante una conferencia de prensa, en la que una mujer encaró a las autoridades del San Juan de Dios, quien se mostraron inconformes y su director Gerardo Hernández arremetió contra la reportera de Prensa Libre y Guatevisión que estaba en el lugar, al señalarla de “persecución personal” y de mentir en sus reportes.
Por lo anterior, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, se pronunció al respecto.
“El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, deplora la intolerancia del director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios por los reportajes de Andrea Domínguez de Prensa Libre y Guatevisión, y expresa su alarma porque esta actitud -manifiesta desde las altas autoridades del Estado- permea cada vez más en los niveles intermedios de la administración pública reforzando la tendencia regresiva de las libertades civiles y políticas en el país”, señala el comunicado de Rodas.
Rodas expresa que “las declaraciones públicas del director del Hospital General, ocurridas durante una conferencia de prensa, constituyen ataques directos a la libertad de prensa y de expresión”.
Además, señala que “los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de sus acciones. Cuando consideren que las publicaciones de prensa son inexactas o infundadas, la ley les garantiza el derecho de aclaración, aunque la mejor política será siempre la de acceso libre a las fuentes de información y de puertas abiertas a la observación in situ en las instituciones.
Recomienda “a los funcionarios públicos, en todos los niveles de la administración, cumplir los preceptos de la Constitución Política de la República y otras leyes que garantizan la libertad de prensa y libre emisión del pensamiento, así como el libre acceso a la información pública”.
