En total, Unfpa estima que este año, las dificultades que la pandemia dejará para acceder a estos métodos de planificación familiar en unas 57 mil 778 mujeres tendrá como consecuencia siete mil 526 embarazos no intencionales, lo que a su vez podría traducirse en tres mil 460 abortos, 13 muertes maternas y 173 fallecimientos de neonatos.
Estas cifras preocupan a la oficina de Unfpa en Guatemala puesto que ocasionarán un retraso significativo en este derecho de las mujeres que ya mostraba significativos avances.
Puntualmente, antes de la pandemia se calculaba que serían 750 mil 400 mujeres las que no verían satisfecha su necesidad de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, al final del 2020 el número se elevará a 808 mil.
Unfpa precisó que a causa del covid-19 el porcentaje de mujeres que no tendrán acceso a este rubro de la salud aumentará 1.2%, y se ubicará en 16.6%, un retroceso de seis años.
Las causas son distintas, sin embargo, la que más resalta es que el personal del sector salud está centralizado casi al cien por ciento en la atención de la pandemia y ha relegado a un segundo plano los servicios que no son considerados vitales.
Dentro de los factores que limitan el acceso de las mujeres a los métodos de planificación familiar se encuentran el que las farmacéuticas a nivel mundial han diversificado su producción hacia insumos que tienen que ver con la pandemia, a ello se suman problemas de logística que tiene que ver con el cierre de puertos y aeropuertos y la limitación del tráfico aéreo.
Ana Luisa Rivas, representante en Guatemala de Unfpa, considera que el Ministerio de Salud mantiene disponibilidad de anticonceptivos, pero el personal a cargo de estos programas se ha tenido que centrar en la emergencia por el covid-19 lo cual “genera una distorsión” para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo a nivel de los hospitales donde el personal se dedica 100 por ciento a la pandemia.
Mirna Montenegro, directora de Osar
Otro factor que contribuye a debilitar el acceso a la planificación familiar es el confinamiento y el toque de queda, puesto que complica el que una mujer pueda trasladarse de su hogar hacia los centros de atención y planificación, a eso se le suma el miedo que pueden dentro a su círculo familiar de salir de sus casas para proveerse de anticonceptivos, un problema que ya se arrastraba desde antes de la pandemia.
Violencia
Otras de las consecuencias que el confinamiento está dejando en las mujeres guatemaltecas es la violencia que sufren a manos de sus parejas, lo cual, según Rivas, se demuestra con el hecho de que hay un incremento de denuncias al número 1572 que fue creado por el Ministerio Público para tal fin.
En el caso de la niñas y adolescentes, han dejado de contar con el espacio protector en que se convierte la escuela por lo cual hay más riesgo de que sufran violencia puesto que las estadísticas demuestran que el 70% de las violaciones son perpetradas por familiares cercanos, como tíos, abuelos o primos.
A inicios de junio, según datos del Ministerio Público, las denuncias por violencia sexual habían aumentado significativamente en abril y mayo en comparación con marzo.
En este mes se registraban 54 denuncias diarias, para abril aumentó a un promedio diario de 90 hasta 100, y ya para mayo ese número era de 157 al día.
Rivas teme que esta dinámica de confinamiento también propicie otro tipo de violaciones a los derechos de las niñas que “seguramente se están dando” como los embarazos y uniones forzadas.
Ana Luisa Rivas, representante de Unfpa en Guatemala
Importancia
Para Unfpa, la planificación familiar es importante pues es parte de un derecho humano que tienen las mujeres para alcanzar sus metas y proyectos de vida; además, al quedar embarazada en medio de la pandemia, una mujer deberá enfrentar un reto mucho mayor al de cuidar a sus otros hijos, si es que tiene más, a ella misma, o a su familia.
El derecho a la planificación familiar, agrega Rivas, es “la puerta de entrada para que la mujer acceda a otros derechos”, por ejemplo, probablemente no pueda trabajar si tiene un hijo no planificado, asimismo, puede tener más posibilidades de luchar por el desarrollo de su familia y disminuir la pobreza.
“Lo importante es sumar esfuerzos, ayudar al Ministerio para que las personas que tienen que ver con esta parte —salud sexual y reproductiva— puedan seguir dando servicios y que las mujeres sigan sus esquemas de planificación”, precisó Rivas.
“El hecho que una mujer pueda planificar su vida, que haya insumos y atención tiene que ver con salvar la vida de las mujeres y el bienestar de sus familias”, concluyó.
Retroceso en derechos
Para Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), la falta de atención a la planificación familiar hará que se pierdan muchos años de avance.
Como ejemplo de ese retroceso citó que en una clínica planificación que se había inaugurado en Quiché después de dos años de esfuerzo cerró recientemente por la emergencia y no ha vuelto a abrir. “De 14 a 17 usuarias que había cada día ahora hay cero”, señaló Montenegro.
En cambio, de atención las mujeres ahora se encuentran con puertas cerradas después que a muchas les ha costado salir. Esto también ha repercutido en una disminución del 25% de atención prenatal y también una baja en la atención de partos.
La directora de Osar está segura de que la pandemia causará un retroceso en todos los indicadores de Guatemala, no solo de planificación familiar, sino también reducción de muertes maternas y prevención del cáncer cérvico uterino, por ejemplo.
Al hablar de la importancia de la planificación familiar, Montenegro asevera que es un derecho de la mujer, el escoger el número de hijos que desea tener, sino también es una práctica que representa beneficios económicos para el Estado, puesto que un estudio reciente demostró que por cada quetzal que se invierte en planificación se ahorran ocho en servicios de atención prenatal, de parto y posparto.
“El Ministerio, aparte de ver el tema del covid-19 debe prestar atención a los otros servicios porque la vida continúa y los derechos de la mujer deben continuar”, concluyó Montenegro.