Los hombres salen de las aldeas a buscar dónde sembrar, y como no existe un límite definido entre Guatemala y Belice, es fácil estar en territorio ajeno sin percatarse. Debido a esa incertidumbre, 10 guatemaltecos han muerto.
Prensa Libre viajó a Petén para conocer las condiciones en que viven las comunidades fronterizas. Lo que se encontró fueron territorios olvidados por el Estado.
Un caso de abandono se refleja en San Marcos, a unas dos horas y media de Poptún, por caminos vecinales que cruzan fincas ganaderas. Desde Guatemala son 11 horas de viaje.
En ese lugar residen 107 familias, unas 553 personas, que piden al Gobierno que los reconozca como guatemaltecos, porque se encuentran en el olvido.
Una petición generalizada es la necesidad de legalización de sus comunidades, obtener garantías y vivir tranquilos.
Los hombres se dedican a la agricultura. Siembran maíz, frijol y pepitoria. Con ello alimentan a su familia.
“Mucha gente ha muerto en las cercanías con Belice, porque no hay otra opción ante la ausencia de empleo. Hemos estado abandonados desde hace mucho tiempo”, explicó Rubén Hernández, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de San Marcos.
Hernández fue uno de los primeros en llegar al lugar, aunque no es oriundo de Petén; pero buscaba dónde vivir y trabajar la tierra. “He ido a la municipalidad a solicitar apoyo con proyectos para vivir de manera más digna, pero no atienden”, dijo.
En la aldea no hay asistencia médica y no tienen medicinas, pero los comunitarios construyeron una clínica, por si algún día se habilita un centro de Salud. La escuela fue improvisada con madera y láminas, y dos maestros llegan a atender a los niños de todos los grados.
Recorrer San Marcos es como estar en un pueblo fantasma, con pequeños caminos repletos de piedras. A un lado se ubican las Montañas Mayas Chiquibul, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, que abarcan 10 municipios a lo largo del límite con Belice, de norte a sur.
“Queremos que nuestro Gobierno vea a las comunidades; hay mucha necesidad en educación, agua y saneamiento. Que nos reconozcan, porque somos hijos de la patria”, demandó Hernández.
Crisis ignorada
Los pueblos de la zona de adyacencia demandan atención del Estado, pues no hay respaldo estatal a las necesidades de los pobladores, indicó Donald Pérez, gerente de la Mancomunidad del Sur, que incluye los municipios de San Luis, Poptún, Dolores, Melchor y El Chal.
“El Estado tiene presencia débil y las personas no tienen alternativa, más que viajar a Belice a buscar dónde cultivar y qué comerciar”, afirmó Pérez.
El área de adyacencia tiene unas 70 comunidades cercanas al territorio en disputa, y todas demandan atención estatal. “No han correspondido a las necesidades de los que habitan allí”, detalló.
El problema no solo es la no presencia del Estado, también existe crisis agraria y conflicto ambiental. Más del 50 por ciento de la población es indígena y subsiste del trabajo agrícola.
“Otro aspecto que detiene el desarrollo es la deuda que le tienen a las municipalidades por el fondo del petróleo. Además, están desfinanciadas”, comentó.
La cultura es ley
Los problemas en las comunidades de la zona de adyacencia parten de la carencia de tierra para cultivos, que deriva en pobreza y hambre, y como consecuencia, hay cárcel por entrar en Belice en su intento de obtener recursos.
Salvador Cutzal es coordinador de pueblos indígenas de la zona de adyacencia, y señala que siempre se habla de no entrar en Belice y no buscar problemas, pero el hambre ya es un problema para los comunitarios. “La costumbre se vuelve ley”, manifestó.
Cutzal ha visitado la prisión de Belice. Según narró, las condiciones en las que mantienen a los guatemaltecos son denigrantes y son vulnerables a abusos. “Casi ningún abogado beliceño quiere acompañar a los guatemaltecos”, afirmó.
El coordinador de los pueblos indígenas considera que las 10 personas que han muerto por ataques de beliceños no son casualidad o defensa. Se atreve a pensar que puede ser prueba para medir la reacción de los nuevos presidentes.
“Seguro hay alguien detrás de las muertes. Queremos saber quiénes son los soldados”, exigió Cutzal.
Crimen organizado
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) atiende dos reservas naturales ubicadas en la zona de adyacencia, donde combaten problemas como extracción de especies y madera. Óscar Zúñiga es el director subregional de esa dependencia, y explicó que cada vez afrontan más riesgo por las actividades clandestinas.
En los últimos cinco años han decomisado más de 800 metros cúbicos de madera, que se cotiza a Q7.5 millones; toda está decomisada y hay investigaciones del Ministerio Público.
“Es el área 3 de la Reserva de la Biosfera Maya, donde la gente no tiene otra alternativa que buscar ese tipo de actividades para subsistir”, afirmó Zúñiga.
El Conap ejecuta operativos periódicos para detener a los traficantes de madera, que cada vez usan nuevos métodos para no ser detectados. Otros casos han sido de beliceños que talan en Guatemala.
Dan cobertura
La inseguridad alimentaria es mayor que en otros departamentos, consideró Élmer Oliva, delegado departamental del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).
Oliva explicó que desarrollan programas de agricultura familiar en 13 comunidades de la zona de adyacencia que están en condiciones críticas, con la intención de alejar a las familias del riesgo de cruzar los límites de ambos países.
En todo Petén, el ministerio logró atender a 13 mil 546 familias en el 2015, con la implementación de huertos mixtos en pequeños espacios, como opción para alimentarse. Este año se llegará a nueve comunidades del área en disputa.
El plan consiste en enseñarles a los pobladores cómo sembrar cultivos alternativos que no requieren de grandes espacios para desarrollarse.
