El experto visitó Guatemala para evaluar un proyecto de reducción de homicidios que la organización Diálogos pretende implementar en Palín, Escuintla.
Además, también habló de la tendencia de los gobiernos de castigar con mayor dureza e indiscriminadamente a pandilleros en lo que llama “populismo penal”, puesto que estas medidas terminan fortaleciendo a los grupos criminales.
¿Cuál es su experiencia en proyectos para reducir la violencia en otros países?
Empecé a trabajar estos temas en Naciones Unidas en El Salvador en 1991, trabajé en la Comisión de la Verdad, luego en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica y he trabajado en muchos países de Centro y Sudamérica en cuestiones de reducción de la violencia y defensa de los derechos humanos y seguridad pública. Ahora soy investigador de la Unam —Universidad Nacional Autónoma— de México y trabajo investigación sobre pandillas.
¿Qué tanto se priorizan proyectos para la reducción de la violencia en la región?
A pesar de que América Latina es la región del mundo con mayores tasas de homicidios ha habido pocas experiencias de proyectos pensados en reducir los homicidios. Hemos documentado 104 proyectos en toda la región durante muchos años y a pesar de ser pocos tenían gran variabilidad entre sí. Había campañas para valorizar la vida, de reinserción de personas que habían cometido crímenes o negociación con grupos criminales. Nosotros lo que propugnamos es la necesidad de que los países de la región tomen conciencia de la gravedad de la situación y que tracen planes de reducción de homicidios con metas, planes municipales y nacionales de distinta naturaleza. Lo planes locales tienen que estar basados en la realidad de cada municipio, es muy importante que haya un diagnóstico local profundo.
¿Qué tipo de proyectos pueden ser los más exitosos?
Hay un cierto dilema en eso. Las políticas de prevención son muy importantes, pero tienen impacto a largo plazo. En Brasil, por ejemplo, hemos visto que la renta per cápita de los pobres se relaciona con las tasas de homicidios en un lugar 20 años después. Luego hay otras políticas que pueden dar resultado en un plazo medio, por ejemplo, las focalizadas en las personas que ya han sufrido o cometido violencia. Ahora, de efecto inmediato pueden ser la prohibición del porte de armas en ciertos lugares o proyectos relacionados con grupos criminales como las treguas, que son polémicas, pero que reducen los homicidios hasta en un 70 por ciento en el plazo inmediato.
La gente pide resultados ¿Qué pasa cuando no los ve?
Hay que decirles que algunas cosas van a funcionar ahora y que otras van a tardar. Cuando no funcionan las políticas, en algunos países como Guatemala, la gente pierde la fe en el Estado como mecanismo regulador y se encapucha y lincha a presuntos delincuentes, y hay que convencer a la gente que el Estado de Derecho tiene que prevalecer, pero también tiene que ofrecer a la gente medidas que funcionen. Los tres plazos son importantes, pero ¿Qué gobernante va a querer invertir en políticas que le rindan frutos 20 años después?
¿Cuál es el motor de los homicidios en la región?
La etiología es muy diversa por eso es muy importante que haya un diagnóstico local para que veamos en un lugar, quién está matando a quién y por qué, así podremos ajustar la política a esa realidad. En Europa y Estados Unidos invierten muchos recursos en terapias cognitivo-conductuales para que los jóvenes controlen sus impulsos, pero esas son realidades muy distintas a la de otros países donde el crimen organizado usa la violencia no porque pierdan el control emocional, sino porque la violencia es parte de su negocio.
Lea también: #NoEsNormal | Vecinos se acostumbran a vivir con la violencia en zonas rojas
¿Cree que en Centroamérica ya hay un diagnóstico?
Hay uno macro, pero no uno micro. Hay un componente claro de que las maras juegan un papel importante en la violencia en el Triángulo Norte, también sabemos que la violencia se dispara contra hombres y que un buen porcentaje de las víctimas muere por armas de fuego. Pero falta mucho diagnóstico local, lo que nosotros proponemos es una autopsia psicosocial de los homicidios de un lugar una vez se produce un hecho.
¿Qué tanto influyen las condiciones socioeconómicas en Centroamérica para la generación de homicidios?
Esto ha sido parte de un debate histórico en el área de la criminología y las ciencias sociales. Sabemos varias cosas, por ejemplo, que las víctimas en general son gente pobre, hombres de baja escolaridad y que viven en las periferias de las grandes ciudades. Los índices de homicidios en contra de gente pudiente son bajos, comparables a los que se dan en Europa. Entonces, la víctima siempre es muy vulnerable. Desde el punto de vista socioeconómico los países más desiguales tienen mayores tasas de homicidios.
¿Entonces sí existe una relación?
Es que, por otro lado, y esto es una paradoja, la situación socioeconómica no es el único determinante de los homicidios y países que han mejorado su situación socioeconómica no han experimentado necesariamente una mejora de la violencia en el corto plazo, Venezuela es un ejemplo de eso. Durante muchos años hubo proyectos sociales que redujeron la pobreza, pero la violencia aumentó, en el noreste de Brasil durante el gobierno de Lula Da Silva ocurrió lo mismo. Pero no me cabe la duda de que si viviéramos en sociedades más igualitarias tendríamos niveles de violencia muy inferiores, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico local.
Hablaba usted de proyectos de negociar con grupos criminales ¿Es válido dialogar con las pandillas?
Es una estrategia muy delicada porque de alguna manera el Estado está legitimando a estos grupos sociales, pero por otro lado puede reducir de manera muy significativa los niveles de violencia. La enseñanza que se puede extraer de El Salvador es que cualquier negociación debe tener límites legales claros, no se puede negociar cualquier cosa, además que tiene que ser transparente e involucrar a todos los sectores. En El Salvador todos los gobiernos han negociado con las maras esa es la verdad, pero nadie lo hace de forma transparente todos lo han negado. La negociación tiene que ser un tema nacional, que se sepa lo que les están ofreciendo, no hay que descartar esa posibilidad de negociar con grupos criminales porque se pueden salvar vidas y eso tiene que ser la prioridad.
En cuanto a planes de reinserción, en Guatemala mucha gente no estaría de acuerdo con darle una segunda oportunidad a alguien que cometió un homicidio, pero ¿qué tan funcionales son estos proyectos?
No hay muchos de estos programas porque realmente hay como una ola de populismo penal que ha venido por todo el mundo y que dice ‘aumentemos las penas y mandemos a la gente a la cárcel el mayor tiempo posible’ lo vimos en El Salvador que primero aplicó el programa mano dura y luego el de super mano dura, y ahora aplica otra tentativa de encarcelamiento indiscriminado, y las experiencias anteriores nos dicen que la consecuencia de esto fue el fortalecimiento de las pandillas.
Agarran a la gente solo porque tiene un tatuaje o porque estaban con alguna persona. El populismo penal lo que ha traído es el endurecimiento de penas y el aumento de las tasas de encarcelamiento, pero cuando se mete a un montón de gente a la cárcel se fortalecen las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque los miles que están siendo encarcelados en El Salvador, los que no pertenecen a las maras y tal vez tenían un papel marginal dentro de ellas, adentro de la cárcel se harán 100% mareros y cuando salgan van a trabajar con ellos o los obligarán a trabajar para ellos. Eso ya lo vivió El Salvador dos veces y probablemente lo vivirá otra vez.
Lo que usted dice es que muchos jóvenes probablemente estaban indecisos de si entrar o no a una pandilla ¿Sí?
Nuestros estudios sobre grupos criminales y pandillas muestran que los jóvenes que tiene algún tipo de involucramiento con estos grupos no siguen una trayectoria lineal. No es que eran jóvenes que respetaban la ley y un día se metieron a la pandilla, hicieron su rito de iniciación y ya son pandilleros para toda la vida. No es así, hay muchas entradas y salidas y muchos involucramientos progresivos. Hay jóvenes que trabajan y parte del día venden droga para un grupo criminal y complementan su renta, ese joven no es alguien que pertenezca a uno de los dos mundos, sino a los dos y puede pasar más tiempo trabajando o vendiendo droga dependiendo de lo que le paguen y de las condiciones del mercado.
Lea también: Niñas-madres, sinónimo de violencia sexual
¿Cuál debe ser la alternativa, o qué les diría a aquellos que se oponen a la reinserción de quienes han cometido delitos?
Lo primero que les digo es que, encarcelarlos de por vida es muy caro y es improductivo. La alternativa tiene que ser ofrecerles otra posibilidad de vida, un trabajo, un círculo social, porque las pandillas además de dinero les ofrecen a los jóvenes una identidad, ser alguien, les ofrecen respeto. Tenemos que pensar qué les podemos ofrecer a esos jóvenes para que lleven una vida diferente. En la tregua de El Salvador con las pandillas el Gobierno solo ofreció mejoras penitenciarias a cambio de bajar los homicidios, eso redujo de manera impresionante los homicidios, pero no les ofreció ninguna alternativa de renta a cambio de eliminar la extorsión, de manera que las maras siguieron extorsionando y eso acabó con cualquier posibilidad de apoyos social a esta iniciativa porque no hubo una alternativa económica a la vida de las maras.
¿Cree que los gobiernos han dejado por lado la reinserción social y le apuestan a este populismo penal?
Absolutamente. En Estados Unidos se le apostó mucho tiempo a una estrategia que, si cometías tres crímenes, aunque fueran poco graves, te condenaban a una pena larguísima y hoy en día esa estrategia se ha abandonado por ser poco productiva, muy cara y con un costo social muy elevado y que, además, no reducía la criminalidad. Esa supuesta dureza resuelve nada.
¿Qué tanto influye el narcotráfico en los niveles de violencia en nuestros países?
Las drogas generan altos niveles de violencia por un lado y de corrupción por otro. Yo creo que es importante avanzar en la descriminalización de las drogas lo que no significa que todos puedan comprar droga, sino pensar en un mercado regulado, eso ayudaría a reducir la violencia y corrupción. En algunos estados de Estados Unidos donde se descriminalizó la mariguana no ha habido incremento grande de consumo y sí bajas en la corrupción, igual en Uruguay.
La descriminalización aun es un camino incipiente, pero pensamos que la guerra contra las drogas es un motor grande de la violencia y tiene que ser interrumpida. Las drogas tienen que ser como el alcohol, no debe dársele a niños y se debe alertar de los peligros de la sustancia, pero quienes tienen que lidiar con las drogas son los médicos y psicólogos, no la policía o el ejército.
Pero Guatemala es un país de paso ¿Una regularización de estas sustancias reduciría la violencia?
Sin duda. Porque parte de la violencia está asociada a las drogas en el mercado ilegal, y los que la comercian, cuando tienen problemas no pueden ir ante un juez a denunciar, sino que sus diferencias se arreglan con violencia. La regularización es algo polémico, que no tiene el apoyo de las sociedades, pero que definitivamente hay que discutir.
Las estadísticas son cruciales para pensar en políticas, pero las autoridades suelen ocultar datos
La Policía dice que no puede dar datos porque son sigilosos, y no tendrían que serlos. Lo único que debería protegerse es la identidad de las víctimas y del victimario, mientras no sea condenado. En Estados Unidos yo puedo consultar estadísticas de criminalidad antes de mudarme de vecindario, pero eso no se puede hacer en la mayor parte de América Latina.
Yo conozco colegas de Guatemala que me dicen ‘conseguí los datos, pero no oficiales’ y eso es inaceptable porque el dato no es del gobernante, sino de la sociedad que es la que lo paga.
