Entre el 2014 y el 2017 Huehuetenango y San Marcos fueron los departamentos que compartían la mitad de muertes de niños, según los registros en la página del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).

Los municipios de Alta Verapaz que registran muertes de menores con desnutrición aguda son Panzós, con cuatro casos; Tucurú, con dos; y San Pedro Carchá, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal Verapaz y Santa Catalina La Tinta, con un caso cada uno.

Otros departamentos afectados con este tipo de muertes son San Marcos y Huehuetenango, con cinco casos cada uno; y Chiquimula, Sacatepéquez, Jalapa e Izabal, con un caso cada uno.

De los niños fallecidos, el 84 por ciento (21) tenían menos de 2 años de edad, y son parte del grupo que debe ser atendido por el programa Ventana de los Mil Días. De ellos, 15 murieron entre enero y febrero últimos.

Un choque séptico, es decir, una infección generalizada, fue la causa de muerte de 14 de los menores con desnutrición aguda, y cuatro de las 25 víctimas fallecieron en su casa.

Prensa Libre consultó a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) sobre las razones del incremento en las muertes y el factor que hace que Alta Verapaz tenga más decesos por desnutrición aguda, pero el Departamento de Comunicación Social informó que la consulta debía hacerse al Ministerio de Salud, que recolecta los datos.

El jefe de la Sesán, Juan Carlos Carías, no respondió a las llamadas efectuadas a su teléfono celular.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Soto, respondió que se hacen los análisis y que será el próximo lunes cuando tengan un panorama sobre lo que ocurre.

Los datos del Siinsan también indican que hasta el 16 de junio se habían detectado cinco mil 966 menores de 5 años con desnutrición aguda.

Problemas de registro

Andrea Aldana, defensora del Derecho a la Alimentación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirma que los datos reportados por Salud solo reflejan a los niños que llegan a los servicios, como centros y puestos de salud y hospitales, pero no a quienes no reciben asistencia, por lo que es necesario hacer barridos nutricionales.

“Salud debe fortalecer su estrategia de primer nivel de atención. Toda esa población no se registra”, indicó la defensora.

La profesional advirtió de que esta falta de información afecta los registros de la cartera, los cuales deberían ser lo más exactos posible, para que otras entidades, coordinadas por la Sesán, puedan trabajar para que disminuyan los casos.

Noemí Racancoj, quien representó a las entidades sociales en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional y es activista en asuntos de seguridad alimentaria, afirmó que el problema tiene que ver también con el cambio, en algunos departamentos, de los delegados de la Secretaría.

La activista señaló las diferencias entre Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango, de donde tiene información de primera mano y cuyo tratamiento de la desnutrición aguda es distinto.

En Totonicapán, refirió, no hubo cambio de delegado y el trabajo con la comunidad es muy activo, se hacen visitas al domicilio para peso y talla y se da consejería en el idioma materno, contrario a lo que ocurre en los departamentos del occidente, donde no hay acciones que den resultados.

Baja dudosa

Los datos del Siinsan demuestran, al comparar las cifras con la misma fecha de años anteriores, que entre el 2015 y 2016 hubo un repunte en los registros de niños con desnutrición aguda, sobrepasando los seis mil casos.

En el 2016, año en que comenzó la administración de Jimmy Morales, el dato fue de seis mil 275  menores de 5 años con desnutrición aguda, pero para el 2017 la cantidad se redujo a cinco mil 675, y este año van cinco mil 283; sin embargo, según Aldana y Racancoj, no hay acciones gubernamentales que hagan suponer que la baja obedece a una estrategia.

Muestra de esto, dijo Aldana, es la debilidad en el registro de Salud, las dificultades para que el Ministerio de Agricultura entregue raciones de alimentos a familias con riesgo de inseguridad alimentaria y que el Ministerio de Desarrollo Social tuvo la más baja ejecución el año pasado y  ha mostrado problemas en la entrega de los programas sociales.

Racancoj señaló que, además, en los servicios de salud no hay abastecimiento de alimento terapéutico listo para el consumo (ATLC), con el cual se recupera a los niños con desnutrición aguda, y dijo que tampoco se da acompañamiento a las familias de los menores en  riesgo.

Datos de Hambre Cero fueron cuestionados

Durante el gobierno del Partido Patriota se impulsó el Pacto Hambre Cero, con el cual se pretendía reducir la desnutrición crónica en 10 por ciento durante toda la administración.

En el 2013, el Gobierno anunció una reducción del 1.7 por ciento en la desnutrición crónica y lo atribuyó al trabajo del Pacto Hambre Cero; sin embargo, al analizar las encuestas que servían de base para ese logro se encontró que la reducción ocurrió en niños mayores de 2 años y que no habían sido atendidos por el programa.

Por el contrario, se incrementó el porcentaje de niños con desnutrición crónica cubiertos por la Ventana de los Mil Días, bajo el Pacto Hambre Cero. En su informe de tercer año de gobierno, el entonces presidente Otto Pérez Molina destacó esa reducción en la desnutrición crónica, así como la baja de 26 por ciento en la mortalidad infantil y que la desnutrición aguda se redujo en 15%; no obstante, sectores indican que no hubo acciones que justificaran esas bajas.