La deficiencia en el plan educacional de la empresa es lo que, según el IGSS, pudo haber incrementado los casos de infección y esta fue la causa por la que fue cancelado el contrato.
Por el negocio anómalo entre el IGSS y Pisa, 23 personas fueron capturadas y ligadas a proceso, entre ellas los miembros de la junta directiva y trabajadores de la institución, así como personeros de la farmacéutica.
En riesgo
Zulma Calderón, supervisora de Hospitales de la PDH, aseguró que llegaron a contar 135 pacientes renales afectados de peritonitis, de los cuales 90 no pudieron ser estabilizados, por lo que fue necesario trasladarlos a hemodiálisis.
Calderón explicó que este es un tratamiento más agresivo e invasivo, lo que incrementa el riesgo para el paciente. Actualmente se cuentan 34 pacientes en estado delicado.
El peligro aumenta, según la profesional, cuando los afectados viven en la provincia y necesitan viajar a la capital para recibir el tratamiento, que además implica que estén conectados a una máquina durante tres a cinco horas, tres veces a la semana.
Entre estas historias trágicas son representativas las de Ricardo Tepaz, originario de Suchitepéquez, cuya familia tenía que gastar hasta Q900 por cada traslado a la capital, ya que era necesario contratar una ambulancia o algún tipo de transporte que facilitara el recorrido.
Después de varios meses de tratamiento, Tepaz fue enviado a una unidad de Mazatenango, en el mencionado departamento, pero a las tres sesiones falleció, por lo que su lugar fue cedido a otro enfermo renal, también afectado por el contrato con Pisa.
Responsables
Calderón considera que el IGSS debería hacerse responsable del transporte, alimentación y viáticos de estos pacientes, pues su situación se debe a una medida tomada por esa institución.
“Pero a los pacientes no se les autoriza el transporte ni viáticos, y tampoco autorizan el traslado a unidades en los departamentos, donde el tratamiento sería más cercano”, aseguró.
La experta reiteró que el problema no terminó con el traslado de algunos enfermos a la empresa que prestaba el tratamiento anterior a Pisa, pues la calidad de vida de quienes ahora deben someterse a hemodiálisis es menos favorable y se encuentran en peligro.
Familiares de fallecidos por causas que se atribuyen al tratamiento de Pisa son querellantes adhesivos en el juicio contra quienes firmaron el contrato.
Además, exigen resarcimiento y una disculpa pública por esa decisión.
