La cartera aseguró que la decisión se tomó tras hacer análisis epidemiológicos en una mesa técnica integrada por infectólogos, pediatras, neumólogos, sicopedagogos, sicólogos y pedagogos.
El cambio de las medidas se realizó tomando en cuenta diversos aspectos, entre estos el hecho que la vacunación en maestros supera ya el 90 por ciento a nivel nacional y hay “un avance significativo” de inmunización en la niñez, según el MSPAS.
Asimismo, el ente rector de salud manifestó que la incidencia de casos de covid-19 en menores de edad ha sido inferior al tres por ciento desde el inicio de la pandemia y los síntomas han sido muy leves.
La cartera de salud también dijo que de los 348 centros educativos que funcionaron en modalidad híbrida, como caso excepcional en alerta naranja durante el 2021, ninguno de estos reportó contagios dentro de su comunidad.
“Considerando todo lo anterior, y privilegiando la salud mental y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, se modifican las regulaciones establecidas para el funcionamiento de los centros educativos privados a nivel nacional en alerta roja”, expuso la cartera.
El ente rector de salud estableció, sin embargo, que los centros deben cumplir con los requisitos establecidos en las autorizaciones excepcionales otorgadas a estos, bajo estricta responsabilidad de los directores y padres de familia, respetando la voluntariedad de estos últimos, quienes decidan el retorno de sus hijos a clases híbridas en su componente presencial.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Educación informan sobre las regulaciones para el funcionamiento de los centros educativos privados pic.twitter.com/zL3zlgPuEp
— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) January 23, 2022
Solicitudes
Previo a este anuncio, ya algunos sectores como la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), padres de familia y colegios privados habían solicitado que se retomaran las clases presenciales.
En una carta dirigida al Ministerio de Salud, el presidente de la CIG, Luis Alfonso Bosch, expuso que la intermitencia entre la posibilidad de asistir o no a clases presenciales “genera un estado permanente de inestabilidad entre las comunidades educativas” y pedía hacer una readecuación del tablero de alertas sanitarias que incluyera tasa de vacunación en población educativa, ocupación hospitalaria, prontitud de la recuperación, cantidad y gravedad de los caso y reducción de tiempo de aislamiento.
Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, hizo ver que aún con alerta roja se continuó con otras actividades comerciales y recreativas, pero las aulas seguían cerradas. “Los centros educativos respetan al pie de la letra los protocolos para poder abrir. El efecto en el aprendizaje y estado socioemocional para los niños es fuerte”, dijo Brown.
Además, aclaró que los padres de familia que no quieran enviar a sus hijos a las aulas no serán obligados y tendrán el derecho de recibir clases a distancia.
De igual forma, padres de familia exigieron al gobierno que aprobara un protocolo para retorno a las aulas cuando los municipios estén en rojo. Actualmente, asisten de manera presencial dependiendo de lo que dicte el semáforo y como este se actualiza cada 15 días hay una intermitencia entre asistir o no a las aulas.
“Nosotros somos simplemente padres de familia preocupados por esta inestabilidad de los niños, que una semana pueden ir y otra no, y el daño se les está causando tanto a ellos como a los maestros”, dijo Isabel de Monroy, quien representa a un grupo de padres que se encontraban organizando una protesta para el martes 25 de enero previo a que se anunciaran estas disposiciones.
