Esto es parte de la investigación Mining Secrets en la que participaron 65 periodistas de 15 países, y distintos medios de comunicación como El País de España, Le Monde de Francia y The Guardian del Reino Unido.
El trabajo publicado asegura que se indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, subsidiarias de Solway Investment Group, una multinacional de capital ruso con sede en Suiza.
Los documentos fueron obtenidos por un grupo de hackers que se hace llamar “Guacamaya”, según explica la organización Forbidenn Stories, quien coordinó la investigación.
De acuerdo con el informe, uno de los casos de contaminación ambiental que estos medios atribuyen a la empresa, fue la aparición en 2017 de una extensa mancha roja en el lago de Izabal, que colinda con la planta de procesamiento de níquel, que la empresa y el gobierno atribuyeron a la reproducción de algas.
El caso provocó una protesta de pescadores que acusaron a la minera de haberlo provocado. Los documentos filtrados “desmienten las declaraciones oficiales y confirman las intuiciones de los pescadores”, destaca la publicación Forbidenn Stories, replicada por El País.
“Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal”, alertó una comunicación interna de Pronico, de acuerdo con la investigación.
Presiones e intimidación
“Los miles de correos y documentos almacenado en un disco duro de dos terabites revelan los planes para desplazar a las aldeas del área de influencia de la mina, la elaboración de tablas clasificando a los vecinos entre amigos o enemigos de la mina, la amenaza de extender el rumor de una epidemia sida”, es parte de lo que publica la investigación.
El consorcio de medios también evidenció posibles prácticas de espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, la posible relación con un juez y pagos a la Policía Nacional Civil (PNC) para poner fin a las protestas de los pobladores.
“Entre 2014 y 2017 CGN-Pronico entregó a la Policía Nacional en El Estor y Río Dulce 35 galones mensuales de gasolina, además de fondos extra para alimentación del personal policial, pago de renta de locales y otros gastos como reparación de vehículos y llantas. En total, la Policía recibió de la empresa rusa Q1.443.940.36 (unos US$193.000)”, dice la publicación.
Prensa Libre pidió a las autoridades de la Policía Nacional Civil que confirmaran o desmintieran haber recibido este pago, pero no han respondido hasta ahora. En la publicación de El País, se consigna que la mina respondió que estos señalamientos no eran verdaderos.
Mientras tanto, la Presidencia de Guatemala respondió que “respecto a la supuesta donación de recursos a PNC,no existe ninguna documentación ni por parte de PNC ni del Ministerio de Gobernación en donde se mencione alguna donación o entrega de dinero de la empresa CGN & Pronico a la estación de El Estor, Izabal”.
La publicación recuerda que la última protesta contra la minera ocurrió en octubre del año pasado, cuando pobladores tomaron por varios días el acceso al municipio de El Estor para impedir el paso de camiones de la mina, alegando que un fallo judicial había detenido la explotación minera.
La PNC los desalojó con gases y luego el presidente Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio con el despliegue de cientos de militares, en los que activistas denunciaron allanamientos para intimidarlos.
La empresa y el gobierno respondieron que el fallo solo le impedía temporalmente la explotación en la mina Fénix con licencia para CGN, pero Pronico podía seguir operando con material de otra cantera.
La licencia minera había sido suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio del 2019, la cual ordenó la realización de la consulta, la decisión fue confirmada en sentencia de marzo del 2021. También ordenó la delimitación de la licencia a una extensión de alrededor de 6 kilómetros y no de 17 kilómetros como fue otorgada inicialmente.
En diciembre de 2021, el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Pérez, informó que se culminó el proceso de consulta al Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para dicha licencia.
En diciembre, el director general de CGN, Humberto Matheus, explicó que durante la suspensión se dejó de extraer unas 150 toneladas de tierra la cual dentro de sus componentes posee el níquel que se vende en el mercado internacional. El directivo hizo énfasis que ese es el único componente que tiene valor en el mercado, negando que exista uranio u otros componentes como se ha señalado.
Explicó que el principal cliente de Fénix es Pronico, empresa del mismo grupo, la cual al ser suspendida la extracción se empezó a proveer de Maya Níquel, otra de las empresas del grupo por lo que, según el ejecutivo como grupo no tuvieron grandes pérdidas.
Prensa Libre solicitó una declaración de la empresa encargada de la minera Fenix, pero no respondieron.
En la publicación de El País también se menciona cómo Solway habría utilizado la estrategia de dividir a los comunitarios. Hizo una donación de US$34 mil para comprar equipos de pesca y distribuirlos a los pescadores para tenerlos como aliados. Pero también mostró un lado menos amigable al pretender difundir rumores como que los líderes comunitarios tenían VIH/Sida.
La investigación también hace referencia a supuestos vínculos entre el presidente Alejandro Giammattei y empresarios rusos. Menciona que en 2020 el mandatario habría recibido una carta del gerente general de CGN-Pronico, Sergey Nosachev, solicitando apoyo “para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor”. La respuesta habría sido declarar estado de sitio en Izabal y la movilización de cientos de militares a la zona.
La Presidencia de Guatemala se limitó a responder sobre esa afirmación que “de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, todos los habitantes tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a las autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley”.
También señala que Mayaniquel obtuvo una nueva licencia de explotación del níquel y otros metales en Izabal, precisamente después de que empresarios rusos y un kasajo asociados a la minera visitaron a Giammattei y entregaron una alfombra que “contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”.
