Antes del paso de esos fenómenos naturales, en noviembre del año pasado, se estimaba que por los efectos de la pandemia el número de personas en emergencia alimentaria sería de 162 mil, pero a causa de las tormentas la cifra casi se triplicó.
Las estimaciones pertenecen a la Clasificación Integrada de las Fases de Inseguridad Alimentara (CIF), un esfuerzo científico mundial elaborado por diversas instituciones que determina la severidad de la falta de acceso a alimentos en el planeta.
Esta clasificación, consta de cinco fases. La 1, seguridad alimentaria o consumo adecuado de alimentos; 2, inseguridad leve o consumo mínimo adecuado; 3, moderada, carencia en el consumo; 4, severa o carencia extrema; y finalmente la 5 que es catástrofe alimentaria o hambruna.
Aparte de las 427 mil personas en la fase 4, las estimaciones para Guatemala dicen que 3.3 millones están la fase 3 y 6.4 millones en la fase 2.
En más riesgo
Alta Verapaz es el departamento con más personas en la fase 4, 106 mil 293. Aparte de la carencia extrema para alimentarse, estas familias también son incapaces para satisfacer sus necesidades no alimentarias y para comer se ven forzadas a adoptar estrategias de emergencia irreversibles, como la venta de sus bienes productivos.
Los otros departamentos con más personas en la fase 4 son: Guatemala, Jutiapa, San Marcos, Chiquimula e Izabal. Junto con Alta Verapaz, estos concentran el 80 por ciento de los guatemaltecos que tienen carencias extremas para alimentarse.
Lenta ejecución
Los números contrastan con la lentitud del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga) para ejecutar los recursos destinados a apoyar a estas familias, algunas de las cuales perdieron sus cosechas por completo por los fenómenos naturales del año pasado.
Un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 21 de mayo pasado, detallaba que el subprograma de apoyo para el consumo adecuado de alimentos apenas llevada una ejecución del 12.79%, mientras que el de asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares llegaba a 17.76%.
Al evaluar la ejecución presupuestaria por regiones en ambos programas, el Sicoin revela que, en Alta Verapaz —el departamento que tiene más personas en emergencia alimentaria—, el gasto ejecutado alcanzaba el 26% y 4.71% respectivamente.
- Departamentos con más población en emergencia alimentaria
| Departamento | Personas en riesgo | Porcentaje del total |
|---|---|---|
| Alta Verapaz | 106,293 | 25% |
| Guatemala | 46202 | 11% |
| Huehuetenango | 41,150 | 10% |
| Quiché | 31,887 | 7% |
| Jutiapa | 27,300 | 6% |
| Guatemala (Metropolitana) | 24,113 | 6% |
| San Marcos | 23,444 | 5% |
| Chiquimula | 22,079 | 5% |
| Izabal | 22,025 | 5% |
| Santa Rosa | 17,641 | 4% |
| Chimaltenango | 14,667 | 3% |
| Sololá | 14,018 | 3% |
| Quetzaltenango | 8,964 | 2% |
| Zacapa | 8,032 | 2% |
| Sacatepéquez | 7,798 | 2% |
| Petén | 6,135 | 1% |
| Jalapa | 3,942 | 0.1% |
| El Progreso | 1,931 | 0.01% |
| Total | 427,621 |
Fuente: Reporte IPC
El Maga recortó en el primer cuatrimestre del año Q11.7 millones al programa de apoyo a la agricultura familiar, a donde pertenecen los subprogramas antes mencionados, y los trasladó a la partida presupuestaria de actividades centrales.
Ayuda limitada
En Alta Verapaz, las familias que lo perdieron todo ya atraviesan hambre. Si no han caído en una catástrofe alimentaria es porque distintas organizaciones se han agrupado para llevarles alimentos.
Algunas de estas familias esperaban la segunda o tercera cosecha en noviembre cuando llegaron las tormentas y luego no pudieron sembrar por la saturación de los suelos, de humedad o de arena de río.
Ricardo Rapallo, representante de FAO en Guatemala.
A eso se sumó que luego de las tormentas proliferaron los gusanos cogolleros que no permiten al maíz desarrollarse. Hoy, estas familias sufren porque no tienen reservas de granos básicos ni dinero para comprarlos puesto que la pandemia hizo que muchos perdieran su empleo o no tuvieran oportunidad de salir a trabajar.
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“En Alta Verapaz se empieza a observar un claro aumento de la desnutrición aguda. Antes de Eta e Iota el 50% de la niñez menor de 5 años tenía algún grado de desnutrición, ahora es el 70%”, asegura Melvin Picón, integrante del Consejo de Pueblos Tezulutlán, una organización que agrupa a redes comunitarias en las Verapaces.
Los casos de desnutrición aguda en Alta Verapaz suman este año mil 278, un 20% por más que el mismo periodo que el año pasado. También se registran cinco de las seis muertes de menores de 5 años que se han producido en el país por esa causa e investiga otros 38 casos sospechosos. El año pasado a esta fecha no había decesos.
El Consejo de Pueblos de Tezulutlán se organizó para pedir ayuda a cooperantes y llevar alimentos a dos mil familias que priorizaron en Alta Verapaz después de hacer monitoreos.
El apoyo del Gobierno ha sido a cuentagotas, asegura Picón, como ejemplo, cita a comunidades afectas por las tormentas en Chisec, donde la ayuda llegó tres meses más tarde y con raciones de aproximadamente 25 libras, que alcanzan si mucho para una semana, y sin pertenencia cultural; es decir, les dieron frijoles enlatados y harina de maíz, algo que las familias no están acostumbradas a preparar.
Las más afectadas son aquellas que tienen pequeñas extensiones de tierra, de una manzana, o que recurren a alquiler de terrenos para producir. En las tierras bajas del departamento las pérdidas ocurrieron por el desbordamiento incontrolado por el desvío de ríos, mientras que en las tierras altas por la inundación de Campur, un centro comercial por excelencia en la región, apuntó Picón.
“El problema de los programas de Gobierno es el retraso por la burocracia, pero también por la politización porque tanto alcaldes, gobernadores y diputados quieren tener injerencia en las entregas”, lamentó el activista.
“Las listas de familias no se definen por el grado de vulnerabilidad, sino porque son afiliados al partido o a comunidades donde el alcalde está seguro de que votaron por él”, agregó.
Familias al límite
Ricardo Rapallo, representante en Guatemala de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dijo que existe preocupación por ciertas zonas de Izabal, las verapaces y el norte de Chiquimula que se encuentran en una “vulnerabilidad alta” de inseguridad alimentaria porque “cuando ocurren fenómenos como el covid-19 más las tormentas, sus sistemas de supervivencia colapsan”.
“Ya hay gente que está llegando al límite, entonces garantizarle un mínimo de ingresos a esas familias o acceso a alimentos es lo que más nos preocupa”, dice Rapallo. Ya antes de la pandemia había desnutrición crónica y aguda y las previsiones apuntan a que 40 millones de personas en América Latina pasarán hambre, agregó.
Rapallo indicó que FAO sugiere implementar con “urgencia” programas de protección social, bien sea transferencias monetarias “focalizadas a familias con los mayores problemas”, o la entrega de alimentos, aunque esto implica mayor complejidad en términos operativos.
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En un mediano plazo, Rapallo expuso que FAO impulsa que el programa de refacción escolar del Ministerio de Educación se provea de los alimentos que producen las familias agricultoras.
Actualmente el 8 por ciento de los productos que compra ese programa proceden de estas familias, pero lo ideal es que alcanzara al menos el 50% para que más aprovecharan estos recursos, aproximadamente Q1 mil 900 millones, dijo el funcionario.
¿Alimentos vencidos?
Varios diputados han fiscalizado la compra de alimentos y la falta de distribución de estos a las familias más vulnerables.
Una de esas inspecciones llevada a cabo hace dos semanas reveló que la bodega de Indeca en Fraijanes, estaba llena de alimentos, había más de 40 mil bolsas de mezcla de harina de maíz y soya que estaban por vencer en junio y julio, además, los encargados dijeron que habían tenido que fumigar ocho mil quintales de granos básicos porque tenían plagas.
En el lugar se hallaron alimentos que tenían más de ocho meses de estar embodegados.
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“Es imperdonable la falta de acción del Gobierno y del Maga cuando se sabe que hay comunidades que necesitan ayuda urgente”, dijo el diputado Luis Pineda, quien le ha dado seguimiento a la adquisición de alimentos.
“No hay voluntad política para apoyar a la gente más necesitada”, añadió. Esto hace que se contraten a funcionarios incapaces que han llegado al Maga por la debilidad institucional, subrayó.
Sí hay apoyo
El Maga por su parte, reconoció que la pandemia y las tormentas tropicales afectaron la producción agropecuaria de los pequeños productores.
No obstante, a través de su oficina de Comunicación, aseguró que ha contribuido con la recuperación de los activos productivos como sistemas artesanales de riego, por ejemplo, en Jones y Guajaca, aldeas de Zacapa.
“Continuamos ejecutando los programas de apoyo alimentario a personas en vulnerabilidad. En lo que va del año hemos entregado 315 mil 796 raciones de alimentos a igual número de familias en todo el país”, resaltó.
La oficina aseguró que también trabajan en la implementación de prácticas de conservación y restauración de suelos, recuperación de vegas de ríos, y la construcción de pozos de infiltración, así como la instalación de terrazas, barreras muertas y vivas.
