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Según el informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad”, el caso de Choc es un reflejo de los riesgos a los que se enfrentan los líderes y lideresas de movimientos de defensa de los derechos humanos en Guatemala. Un riesgo que puede llegar hasta el asesinato de quienes velan por el bienestar común, pues cada dos semanas atentan contra la vida de una de estas personas.
Elaborado entre la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el documento señala que durante el 2017 se registraron en el país 493 ataques y agresiones, entre ellos 13 asesinatos. Mientras que al año siguiente los ataques fueron 391, y los asesinados se duplicaron, se contaron 26.
Ataques diversos
Por los temas que defienden estas personas son vulnerables a distintos tipos de agravios provenientes tanto de actores estatales como no estatales. El 97 por ciento de las personas entrevistadas para el informe – 196 en total- señaló haber sufrido de intimidaciones y amenazas.
Mientras que cuatro de cada diez fue objeto de denuncias falsas o del uso indebido de derecho penal, tres de cada diez refirió haber padecido de estigmatización y difamación, y la vida de uno de cada diez estuvo en peligro con ataques a su integridad física.
#AHORA Presentación del informe de @PDH_gt y @Oacnudh_Gt “La situación de las personas defensoras de derechos humanos: entre el compromiso y la adversidad” Sigue transmisión en: https://t.co/7fNaOq19kQ #InformePersonasDefensoras pic.twitter.com/WxkCTeeLFS
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También han sufrido de violencia sexual, el tres por ciento, pero no se descarta un subregistro en estas cifras ya que este tipo de agresiones no suelen denunciarse.
La mayor parte de los ataques son contra defensores del área rural, y están relacionados con la defensa de tierras, territorios y recursos naturales, situación que afecta principalmente a los pueblos indígenas.
Para debilitar el movimiento
Uno de los puntos que menciona el informe es la criminalización de los defensores de manera selectiva, con el uso indebido del derecho penal con la finalidad de “controlar, castigar o impedir” la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos. La PDH y OACNUDH analizaron 106 casos que encajan en este perfil.
Pero esto también es para debilitar los movimientos, y señalar el trabajo de los líderes y autoridades indígenas tal como ocurrió con Choc.
La falta de acceso a la justicia imparcial e independiente es parte de la problemática. Esto contribuye a que flaquee el proceso de denuncia, lo que dificulta tener un registro certero de estas.
El caso del líder q’eqchí Abelino Chub Caal, quien fue acusado de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, encaja en el “débil sustento de los casos” que muchas veces parten de denuncias sustentadas en hechos infundados o que no son delito, refiere el documento que incluye entrevista efectuadas a defensores entre el período del 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019.
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La evidencia de esto se da con casos que han sido declarados sin mérito, sobreseídos, clausurados, por lo que los defensores han sido absueltos, como lo sucedido con Chub, que fue declarado inocente y eximido de los cargos en su contra pues ninguna de las pruebas que se diligenciaron en el debate “pudo quebrantar la inocencia del señor acusado”, según la jueza Patricia Bustamante, del Tribunal de Mayor Riesgo A, y se ordenó su libertad inmediata.
Con el afán de criminalizar a quienes luchan por los derechos humanos, el señla que hay ciertos tipos penales utilizados para que la persecución contra estas personas sea rápida: usurpación agravada, coacción, amenazas, instigación a delinquir, detenciones ilegales, hurto, hurto de fluidos y asociación ilícita son parte de esta lista.
En esta persecución no solo se afecta a la persona, sino también a las familias y a la comunidad.
Grupos en riesgo
Esta violencia también alcanza a ciertos grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres defensoras, las personas defensoras LGBTIQ, los periodistas, los jueces y abogados independientes y personas defensoras que atienen los derechos de las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996).
Las agresiones también se dan en el campo político y electoral. En el período pasado se documentaron incidentes contra candidatos políticos, incluyendo 5 asesinatos (2 vinculados al partido Fuerza y 3 al partido Movimiento de Liberación de los Pueblos), además del presidente de una Junta Electoral Municipal esta misma semana.
Durante 2017 se registraron 13 asesinatos de personas defensoras, cifra que aumentó a 26 en 2018, uno cada dos semanas, indica #InformePersonasDefensoras citando registros de @UDEFEGUA. Además, 86% de las personas entrevistadas ha sufrido por lo menos un ataque o amenaza. pic.twitter.com/lmCH0K68Vn
— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) May 21, 2019
Guatemala ha tenido avances en la materia, sin embargo hay “diversos desafíos pendientes” para asegurar su consolidación e implementación, así como una respuesta del Estado que esté basada en un enfoque integral de protección que vaya más allá de la seguridad física e incluya acciones para sensibilizar sobre la labor de este colectivo, según se deja ver en las recomendaciones del informe.
El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, refirió durante la presentación el martes último del documento que los defensores están en “permanente riesgo” y más con los comicios convocados para el próximo 16 de junio y hay una retórica de agresión contra la prensa, que se repite contra su persona pues se siente perseguido por miembros de la Secretaría de Inteligencia Estratégica.
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