Hoy en día, es común que los ciudadanos hagan largas filas para obtener un sencillo documento o que vayan de institución en institución tratando de finalizar un trámite, proceso que puede tardar días, incluso semanas.
Esto podría ser parte del pasado si se implementa dicha Ley, afirma Cossich, quien; no obstante, reconoce que habrá una serie de retos en las instituciones gubernamentales, acostumbradas a no invertir en tecnología e innovación.
¿Qué diferencias verán los guatemaltecos al implementares esta Ley?
Buscamos dos cambios fundamentales. El primero, la simplificación de los trámites, se hará una revisión objetiva de cuáles son los requisitos sin sentido dentro de un proceso de trámite, que pueden ser vestigios de normativas no actualizadas, y se puedan eliminar. El segundo es la digitalización, que el ciudadano pueda acceder a estos trámites vía electrónica y no necesariamente hacer la gestión presencial, esto representará ahorro de tiempo y costos porque el usuario no hará peregrinaje de institución en institución completando trámites.
¿Qué trámites se podrían agilizar?
La normativa aplica obligatoriamente a instituciones del Organismo Ejecutivo y es opcional para el resto de las instituciones del Estado. No quisiera dar ejemplos específicos porque se hará un ejercicio con instituciones y ellas tienen que hacer el inventario de los trámites que hacen y la idea es que haya una priorización. Nuestra recomendación es comenzar con los más sensibles, los que afectan a más personas para que el beneficio se vea de forma inmediata.
¿Qué pasos hay que dar para implementar la Ley?
Hay diferentes plazos, 90 días después de publicada entra en vigor, el 1 de septiembre próximo. La Comisión y el Ministerio de Economía —Mineco— estamos preparando programas de capacitación hacia funcionarios porque esta normativa va a cambiar un montón de cosas y necesitamos que los funcionarios conozcan la ley. El segundo plazo, seis meses después, los formularios —que se necesitan para iniciar un trámite— tienen que estar en línea. Aparte, vamos a trabajar con el Mineco en un portal donde estarán todos los trámites y los links para hacerlos, para que el ciudadano no tenga que ir de uno en uno.
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Luego, para que los ciudadanos puedan enviar de modo electrónico los requisitos que les son solicitados en los tramites, pasará un año. En ese tiempo si un ciudadano hace un trámite que requiere cinco o seis documentos los adjuntará y los remitirá al funcionario o dependencia.
¿Cuál es el plazo para que todo esté funcionando?
Dos años, —pero— la Ley establece prórrogas para casos comprobados, porque hay trámites más sencillos que otros, en los complejos esperamos, eventualmente, solicitudes de ampliación.
¿Aproximadamente cuántos servicios prestan las instituciones de Gobierno?
Se han hecho ejercicios y se habla de que se hacen más de cinco mil en el Organismo Ejecutivo. Hay portales que ha trabajado el Mineco y han tratado de hacer el levantamiento, pero se han quedado desactualizados. Esta Ley obliga a que los portales se mantengan actualizados.
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¿Qué es lo que más le preocupa de implementar esta normativa?
Todo lo nuevo representa retos y esta Ley va a traer muchos porque es innovadora y tiene muchas cosas que se traducirán en beneficios sustantivos para los ciudadanos. Habrá que tomar en cuenta algunas situaciones, como los retos presupuestarios, que van a haber.
¿Acaso puede ser un reto que las instituciones acepten implementar esta Ley, cómo lo ve?
Yo esperaría que haya una recepción favorable, es una instrucción que viene desde el presidente de la República. También se había contemplado en el plan de innovación y desarrollo, así como en la política general de gobierno. La Ley viene a ser el andamiaje y respaldo legal para que los funcionarios hagan este trabajo. La voluntad está desde el más alto nivel.
¿En qué año se espera que ya estén implementados todos los procesos que la Ley dicta?
Dependerá de la complejidad del trámite, hay unos que en un año se va a poder requerir —de manera electrónica—, algunos van a empezar a salir antes que otros, los más complejos pueden tomarse el máximo que dice la ley y hasta puede que se pidan prórrogas, no es que todos vayan a ir en bloque.
¿Cuáles cree usted que serán los trámites más complejos?
La ventanilla de la construcción, por ejemplo. Son como ocho instituciones las que están involucradas con determinados requisitos.
¿Y cuáles tendrían que ser los más rápidos?
Tenemos, por ejemplo, la obtención de certificaciones, constancias… cosas que ya obran en los archivos de las instituciones deberían de ser un proceso más sencillo.
¿Viendo el futuro, cómo serán los servicios para los guatemaltecos al caminar la Ley sobre ruedas?
Se lo explico con un ejemplo. Una de las acciones que tomamos fue con los antecedentes policiacos. En enero del año pasado se veían las grandes colas para hacer el trámite. Nosotros tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Gobernación para que se hiciera de forma electrónica y el mismo año se concluyó. Este es un trámite sencillo pero que el número de beneficiarios es grande, entonces cuando ya se digitalizó se empezó a ver una curva ascendente del servicio en forma electrónica y descendente de los que lo hacen de forma presencial.
La última estadística dice que tres cuartos de estos trámites ya se hacen en línea, y la gente ya no tiene que ir a perder su tiempo, pagar parqueo o bus, y un montón de costos se han reducido significativamente y los que todavía lo hacen presencial ven que ahora ya no hay colas, ese es el futuro, una vida más simple, esa esa la idea. Esperaríamos un Gobierno más eficiente para prestar servicios a la población.
¿Qué efectos puede tener esta Ley en cuanto a la competitividad del país?
En la facilidad para hacer negocios. Dice la gente de afuera que en otros países los trámites para abrir empresas, hacer negocios, importar, exportar, lo hacen en horas y aquí en Guatemala todavía puede tomar días o semanas. Si vienen inversionistas a Centroamérica dirán ‘con quién es más fácil hacerlo’ y verán que hay países en los que se hace todo de forma electrónica, pero en Guatemala, tiene que haber un apoderado, y luego en lo que yo llego al país, me instalo, consigo un abogado… Entonces pueden decir, Guatemala no. Esto impacta en la competitividad del país.
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¿Cómo está Guatemala respecto a otras naciones en cuanto a los trámites?
Siempre hay una ventana de oportunidades para mejorar, pongámoslo en esos términos. A la larga, cuando todas estas facilidades se puedan hacer vamos a estar en posición de competir con otros países.
¿Qué impacto habrá en las finanzas de las instituciones?
En principio habrá que hacer una inversión, pero después se va a traducir en menos costos. Lamentablemente muchas instituciones no han priorizado sus inversiones en tecnología e innovación y esta es la oportunidad de hacerlo, la ventaja es que la tecnología ha ido decreciendo en costos y cada vez hay más opciones. Por ejemplo, en vez de comprar bienes para tener un data center que puede ser muy oneroso, ahora hay facilidad de contratar servicios en la nube con un almacenamiento más seguro.
¿Puede tener esta ley un efecto anticorrupción?
Totalmente. La ley establece herramientas electrónicas para que el ciudadano pueda dar seguimiento a su trámite y ya no tenga que ir a una institución y luego a otra sin que le resuelvan su trámite y pierda todo el día sin que le den información, como lo vemos todo el tiempo. Cuando funcionen los portales, solo me conecto y puedo ver cómo marcha mi trámite y ver cuántos días lleva en una oficina y preguntar ¿qué pasó? Será una herramienta de transparencia valiosísima.
En cuanto a la discrecionalidad, en algunos trámites el funcionario suele favorecer a allegados…
Con esta ley los requisitos serán validados electrónicamente, y ya no se dará aquello de que un funcionario reciba 20 expedientes y pueda ordenarlos a su discreción, el sistema los va a ordenar por él.
