Las organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y academia se han pronunciado en contra de la iniciativa porque no fue lo suficientemente divulgada y ahora se intenta aprobar con suspicaz celeridad.
Ambientalistas explicaron recientemente cuáles con los grandes riesgos que ven en esta norma de convertirse en ley.
1. ¿Qué va a pasar con las áreas que administran oenegés y las comunidades?
Cuando surgió el Conap, en 1990, se acordó que las áreas calificadas como protegidas podrían ser coadministradas por organizaciones no gubernamentales o comunidades organizadas.
Por ejemplo, la oenegé Defensores de la Naturaleza ha desarrollado esta función con la reserva boscosa de la Sierra de las Minas, cuya función ecológica se ha mantenido casi intacta desde entonces, en esta área existen unas 220 comunidades cada una con mil 500 a dos mil familias, muchas de las cuales mantienen acuerdos de coadministración con el Conap para el aprovechamiento de los recursos de una manera sustentable.
Como en esta reserva, también hay una infinidad de convenios que se han celebrado en decenas de comunidades en áreas de la Biósfera Maya y Sierra del Lacandón, entre otras. La iniciativa de ley 6054 disolvería el Conap, sin que a la fecha alguien haya explicado en qué tiempo y de qué manera el Marn absorbería sus funciones, pero lo que más preocupa a ambientalistas es saber qué pasaría con todos estos contratos que hoy permiten a ciertas oenegés coadministrar las áreas y a miles de pobladores habitarlas aprovechar los recursos a cambio de protegerlas.
La actual legislación establece hoy en día de las organizaciones son representantes de la sociedad civil ante el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), pero si se aprueba la 6054 se teme que se les aparte de la administración de las áreas protegidas con lo cual se podría perder más de 30 años de lucha por la protección de los recursos naturales que en ellas cohabitan.
En muchos de estas áreas protegidas que son coadministradas por comunitarios hay pequeños nodos de gobernanza rural y prosperidad por el manejo de los recursos naturales que garantizar la alimentación y el agua. Esto se podría ver afectado, consideran las organizaciones. De tocarse ese modelo de manejo de estas áreas se podría generar más migración, advierten.
En la Sierra de las Minas unas 500 mil personas dependen de estas concesiones que dan derecho del uso múltiple de los recursos naturales a grupos comunitarios, mientras que en la Sierra del Lacandón hay otras 150 comunidades.
Según el Censo 2018, el 47% de la población vive en el área rural, siete de cada 10 lo hacen en un área protegida. En total, se estima que de 3.5 a 4 millones de personas dependen de estos recursos.
2. ¿Quiénes aprovecharán los recursos?
Las organizaciones ambientalistas manifiestan dudas acerca de, si no son a las comunidades, a quiénes se le otorgarán los derechos de aprovechar los recursos naturales y con qué enfoque, puesto que aseguran que en las áreas protegidas hay una enorme riqueza que puede dejar réditos “verdaderamente formidables”.
El interés, en primer lugar, serían los nada despreciables Q600 millones que representan las unidades que serían absorbidas por el Marn y sus cerca de mil 200 plazas de trabajo, pero el premio más grande, aseguran, son los recursos que hay en las áreas protegidas.
Aparte hay programas y proyectos como el Fondo Verde del Clima que representa US$100 millones en los próximos años y el enorme valor que representa el carbono que los bosques retienen.
Solo en la Sierra de las Minas se estima que tiene 50 millones de toneladas de carbono, cada una valorada en US$10, asegura Defensores de la Naturaleza, coadministradora de la reserva.
Otro recurso muy preciado es el agua. La misma oenegé estimó con ayuda de modelos matemáticos, que el recurso hídrico existente en la Sierra de las Minas podría significar hasta US$1 mil 600 millones si se pone a trabajar en turbinas.
Uno de los elementos más importantes del Conap, coinciden, es su consejo. Un órgano colegiado integrado por representantes de tres instituciones del Gobierno, de la Anam, de la Universidad de San Carlos, del Instituto de Antropología e Historia y de las oenegés relacionadas al con los recursos naturales.
Este consejo hace peso y contrapeso ante la posibilidad de explotar recursos en un área protegida y deliberan qué actividades se aprueban dentro de estos sitios.
Pero la ley eliminaría la función del consejo, aseguran las organizaciones, y estos avales podrían quedar a discreción de un ministro o una pequeña oficina dentro del Marn. Por esta razón consideran que puede haber intereses económicos poderosos que están empujando esta ley, porque el actual modelo permite la coadministración de las áreas protegidas a la sociedad civil y entidades comunitarias, pero no a entidades lucrativas.
3. Recursos quedarán en peligro
Otra de las preocupaciones es la vulnerabilidad en que quedarán los recursos naturales una vez se cierre el Conap. Los ambientalistas coinciden en que no se trata solo de desenchufar a la institución y conectarla al Marn, sino que antes debe pasar por un proceso de liquidación el cual puede tardar mucho tiempo.
Aseguran que el cierre del Fondo Nacional para la Paz se inició en 2015 y hasta este año todavía no ha concluido. Además, si el Conap se redujera a una oficina, crear una unidad ejecutora puede tardar hasta un año. También tendrían que tomar en cuenta que el personal quedará en el limbo y tendrá que pasar cierto tiempo para volver a ser contratados.
En ese tiempo, las áreas quedarán desprotegidas y a merced de ser atacadas.
Con ello, dicen, la capacidad que el Conap ha construido —aunque se ha degradado en los últimos años con la pérdida de guarda recursos que ya no se contratan— desaparecerá.
Asimismo, dicen desconfiar en que el Conap tal como funciona hoy en día se traslade al Marn. Hoy, por ejemplo, toma las decisiones basadas en el plan maestro que se hace para cada área protegida y que define las áreas núcleo, donde no se puede desarrollar ninguna actividad. La de amortiguamiento, donde se permiten algunas, y de usos múltiples donde hay un poco de más libertad.
Ya sin un consejo del Conap que delibere con base a estos planes maestros, las decisiones ya serán discrecionales de una persona, que presumiblemente puede ser el ministro, en última instancia.
Javier Márquez, Defensores de la Naturaleza
Las oenegés ambientalistas afirman que la propuesta de ley también deja fuera a las comunidades y advierte de que, si se despoja del manejo sostenible a estas peligrarán los recursos. Hay estudios que dicen que un 70% de la conservación de la Biósfera Maya ha sido posible por el manejo comunitario, aseveran.
4. Rapidez por aprobarla
Por último, las oenegés también manifiestan inquietud por la celeridad con que se pretende aprobar esta ley y por la poca divulgación que ha tenido entre los sectores ambientales, de los principales interesados.
La insistencia se da a pesar de los múltiples pronunciamientos que ha habido en contra de la iniciativa de organizaciones sociales, académicas y científicas. Por esa razón, afirman que parece que nada los detendrá porque los incentivos son demasiado grandes y a la ley al han defendido, desde el presidente Alejandro Giammattei, diputados hasta el propio titular del Marn, Mario Rojas.
Las organizaciones cuestionan dónde están los estudios que dicen qué va a haber una mejoría en la administración y conservación de los lugares y en el bienestar de las personas al aprobase la iniciativa 6054.
Defensores de la Naturaleza dice que la iniciativa la conocieron hasta marzo pasado, cuando ya estaba en el Congreso, aparentemente antes la entregaron a la secretaría ejecutiva del Conap, pero no a todo el consejo, lo que siembra más dudas, porque, aparte de la celeridad se ha manejado con mucho secretismo.
Opinión
“En 40 años se ha construido un sistema de gobernanza sobre las áreas protegidas, el gran temor es que esos años de trabajo y éxito se vayan por la borda”, advirtió Javier Márquez, director de Defensores de la Naturaleza.
Dijo que la importancia del consejo de Conap radica en que dentro de él hay dos sillas, una de las oenegés y otra de la universidad de San Carlos, que hacen contrapeso a las decisiones del Gobierno. Así se han frenado autorizaciones o se han puesto denuncias porque a pesar de la oposición se han concretado.
Otro temor es porque un sinfín de comunidades que habitan las áreas protegidas han firmado convenios con el Conap que podrían quedar en el aire. Estos convenios le dan la certeza legal del área que cada comunidad ocupa, indicó Márquez.
Pareciera que la mayoría de los diputados están alineados con el presidente Alejandro Giammattei, el secretario ejecutivo del Conap y el ministro de Ambiente, Mario Rojas, porque todos han defendido la iniciativa. Eso preocupa, puntualizó.
